Hernández de Cos da la voz de alarna: la perdidas hay que repartirlas

01 de junio de 2022

El gobernador del BdE ha advertido con claridad al Gobierno y a los agentes sociales de que su información más reciente sugiere que los empresarios están ya actuando para intentar mantener sus márgenes al trasladar el incremento de costes al precio. Mientras que cada vez se observa una mayor prevalencia de las cláusulas de indexación salarial en los convenios colectivos sectoriales.

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Ante esta evidencia, De Cos ha reconocido por primera vez que se están dando "señales de agotamiento" en ese "pacto de rentas implícito" y ha manifestado su preocupación ante los grupos parlamentarios por la ausencia de un pacto de rentas real y efectivo. En ete contexto De Cos, insta al Gobierno a incorporar a pensionistas y funcionarios al pacto. A su juicio, ambos colectivos, cuyas nóminas dependen de los Presupuestos Generales del Estado, también deben asumir una cierta pérdida de poder adquisitivo para hacer frente a esta crisis.
No es la primera vez que el gobernador hace un llamamiento a incorporar a los pensionistas al pacto de rentas. De hecho, lleva semanas advirtiendo al Gobierno de que la subida de las pensiones con el IPC disparado va a tener un enorme impacto en las cuentas públicas y en la propia estabilidad financiera del sistema a largo plazo y de que debería suspender su indexación en 2023. Aunque no necesariamente de manera generalizada, puesto que también ha defendido que las pensiones más bajas (las mínimas y no contributivas) sí suban en línea con la inflación. Pero el Ejecutivo insiste en que el conjunto de las pensiones públicas subirán el próximo año en función del IPC medio registrado entre diciembre de 2021 y noviembre de este ejercicio y en que esa decisión se tomará a final de año y se plasmará en los Presupuestos de 2023.

Respecto al sector privado, el máximo responsable del banco central ha recomendado a empresarios y trabajadores que tomen como referencia la inflación subyacente (la que excluye los precios energéticos y de los alimentos frescos, que son los más volátiles) esperada para las subidas salariales. Y además ha pedido que el eventual pacto de rentas que se acuerde en el marco del diálogo social sea acompañado de una "enorme flexibilidad", porque la perturbación económica que ha ocasionado la guerra desatada por Rusia en suelo europeo no está afectado a todos los sectores ni a todas las empresas del mismo modo. En ese sentido, De Cos ha insistido en que el marco general de ese acuerdo debe ser compatible con la especificidad a nivel individual de cada empresa a la hora de medir la moderación tanto de los márgenes de beneficios como de las subidas salariales.

Habiendo advertido de que los trabajadores ya están asumiendo una pérdida de poder adquisitivo considerable en los últimos trimestres, pero que esta se estaría revirtiendo en parte recientemente por el aumento de las cláusulas de revisión, y que las empresas están empezando a maniobrar sobre sus márgenes trasladando el incremento de los costes energéticos sobre los precios finales, De Cos se ha dirigido al Gobierno para hacerle una recomendación sobre política fiscal. Según ha advertido, para contribuir a evitar la espiral inflacionista desde el poder Ejecutivo, los apoyos deben centrarse en las rentas bajas y en las empresas más vulnerables, al tiempo que el resto de estímulos deben irse retirando. Un aviso que llega el mismo día en que Sánchez ha anunciado su intención de prorrogar el decreto anticrisis que incluye un descuento generalizado en los precios de los carburantes y otras medidas más focalizadas hacia las rentas bajas como el alza temporal de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

"Hoy somos más pobres que antes del incremento de los costes energéticos. Hay una pérdida, y es ineludible. Lo único que podemos hacer es repartirla", ha esgrimido Hernández de Cos, quien ha señalado que si los agentes económicos tratan de eludir esta pérdida "va a provocar una espiral inflacionista que va a generar efectos aún más negativos". Esa ha sido la advertencia del gobernador y esos los deberes que pone al Gobierno en vísperas de que el Banco de España lleve a cabo una revisión a la baja de las previsiones que, según ha indicado, será compatible con el mantenimiento de una senda de recuperación gradual en la economía española —que podría alcanzar los niveles de PIB previos a la pandemia en el tramo final de 2023— y con unas tasas de inflación que se mantendrían elevadas en los próximos meses, para posteriormente moderarse progresivamente. Todo ello, en un contexto de incertidumbre en el que la evolución de los precios estará muy condicionada por los acontecimientos a nivel internacional y por la propia consecución de ese ansiado pacto de rentas para aliviar la situación.

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