CONSEJO DE MINISTROS

Mas rescates empresariales

27 de junio de 2022

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a los últimos rescates empresariales con dinero público para paliar las consecuencias del Covid-19. A través de la SEPI, el Gobierno ha aprobado reflotar a la siderúrgica Celsa, pero también a otras cinco empresas: Isastur, Vivanta, Imasa, Meeting Point y Blue Sea. En total invertirá 721 millones.

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La petición de rescate de Celsa es el mayor que ha realizado la SEPI con este fondo de rescate empresarial. La compañía industrial catalana solicitó al Gobierno 550 millones, pero este desembolso estaba condicionado a que la empresa, controlada por los Rubiralta, redujese en 1.000 millones su deuda, que alcanza los 2.300 millones. También a que la familia catalana inyectase 50 millones en una ampliación de capital, de modo que la empresa utilizase ese dinero y 400 millones de dinero público para repagar deuda, así como otros 150 millones a financiar el crecimiento de la compañía.

La compañía lleva desde las últimas semanas negociando con sus acreedores, en su mayoría fondos de deuda. La familia tiene como línea roja no ceder ni una acción a sus acreedores, que su primer planteamiento pasaba convetir parte del pasivo en capital, y exigir una fuerte quita, acusando a los fondos de haber adquirido la deuda a los bancos a un elevado descuento. Los fondos renunciaron en un primer momento a entrar en el capital y reclamaron a la compañía la creación de un instrumento en Luxemburgo para que poder beneficiarse de los derechos económicos que generase la compañía cuando devuelva el dinero público. Pero en el último momento han elevado la apuesta y ahora piden el 75% del capital.

El rescate público se aprueba con una condición. La SEPI considera que cualquiera de las soluciones propuestas tanto por la empresa y los acreedores cumplen con sus condiciones. Y emplaza a las partes a alcanzar un acuerdo hasta la firma de la operación con la SEPI, prevista para las próximas semanas.

Además, la SEPI también ha aprobado el rescate a las ingenierías asturianas Isastur e Imasa, así como la cadena de clínicas dentales Vivanta, que había solicitado 40 millones, y las turísticas Meeting Point y Blue Sea.

La cadena Blue Sea Hotels, propiedad del fondo de capital riesgo Portobello Capital desde 2017, está integrada por 25 hoteles y ha solicitado 40 millones de euros. De los 25 inmuebles, 24 están en España (diez en Mallorca, cinco en Lanzarote, cinco en Tenerife, uno en Fuerteventura, Madrid, Costa del Sol y Costa Brava) y otro en Marrakech. Se trata de hoteles de tres y cuatro estrellas con una oferta todo incluido en el segmento low cost dirigido a familias. Portobello lleva tanteando su ventas desde que arrancó la pandemia, aunque todas las ofertas recibidas se encuentran muy por debajo de los 230 millones de la valoración realizada por Colliers en 2019.

 

Por su parte, Meeting Point Hotels Spain tiene sede en Maspalomas y opera más de 20 activos en España, todos ellos en Canarias. Pertenece al grupo alemán FTI, el tercer mayor grupo turístico de Alemania, que opera a través de las marcas Design Plus Hotels, Kairaba Hotels & Resorts, Lemon & Soul Hotels y Labranda Hotels & Resorts.

Al mismo tiempo que la SEPI daba el visto bueno a los dos rescates, la cadena hotelera BlueBay Hotels anunció que renunciaba a su petición de rescate por 53 millones de euros "ante un entorno económico más favorable entorno, donde la la reactivación de la demanda es ya una realidad". Esta mañana la compañía ha comunicado a la SEPI su voluntad de desistir de dicha solicitud a través del envío del correspondiente escrito formal de desistimiento.

Nueva reforma del Mercado  de Valores

 

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este lunes el proyecto de reforma de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión para su remisión a la Cortes Generales con el objetivo de impulsar la financiación a las empresas y aumentar la protección de los inversores, especialmente en el ámbito de los criptoactivos.

 

Según explican desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la norma tiene como objetivo la modernización de los mercados de valores con el fin de mejorar y potenciar su capacidad de financiación de la economía de forma transparente y eficiente, fortalecer el régimen de supervisión aplicable a las empresas de servicios de inversión y mantener un elevado nivel de protección de los clientes de servicios financieros y de los ahorradores.

Esta nueva norma constituye una ley marco que sustituye a la normativa vigente de 2015 y funde en un solo texto directivas europeas y reglamentos que han venido desarrollando esta materia para proporcionar seguridad jurídica a empresas e inversores.

Con ello, se adapta el marco legal financiero a las nuevas realidades tecnológicas y económicas y, en particular, la digitalización, las directivas comunitarias, los nuevos instrumentos y mercados de financiación de las PYMEs (como el mercado BME Growth) y las nuevas formas de salida a cotización (como las SPAC, empresas que salen a cotizar a bolsa sin actividad y con el único objetivo de captar dinero para comprar una compañía).

El proyecto de Ley incluye medidas para mejorar la regulación de los mercados de valores, con el objetivo de mejorar la capacidad de financiación no bancaria de las empresas, y aumentar la protección de los inversores. Con este objetivo, el proyecto de Ley simplifica algunos procedimientos y elimina cargas administrativas redundantes para facilitar la atracción de inversiones.

Para ello se simplifica el proceso de emisión de valores de renta fija, se reducen las tasas de la CNMV que tienen que abonar los emisores de renta fija, y se propone la eliminación de determinadas obligaciones de información redundantes en el proceso de compensación y liquidación de valores. De esta forma, se alinea la regulación nacional con la normativa comunitaria y la de los países de nuestro entorno.

También se establecen mejoras en el ámbito del mercado BME Growth, al aplicarse al segmento de pymes en expansión el régimen de ofertas públicas de adquisición de acciones (OPAS), que permitirá a los accionistas recibir proporcionalmente la prima de control en caso de oferta de adquisición de la pyme cotizada, lo que mejorará la financiación no bancaria de estas empresas.

Asimismo, se amplía la definición de pyme para incluir a empresas cuyas con emisores de deuda en un ejercicio inferior a 50 millones de euros, aumentando las posibilidades de cotizar en este mercado y por lo tanto de mejorar la financiación de las empresas.

Además, se incorporan a la normativa española los cambios aprobados en la Directiva MIFID II, con el objetivo de que los servicios de inversión favorezcan la recapitalización de las empresas europeas y faciliten las inversiones a la economía real.

Con este fin, la reforma ajusta los requisitos y obligaciones de información que, en el contexto actual, pueden resultar redundantes, para facilitar la canalización del ahorro hacia la financiación, salvaguardando también la protección e intereses de los inversores.

En primer lugar, la norma moderniza la regulación y avanza en la incorporación de normativa europea para hacer frente a los desafíos derivados del proceso de digitalización. En este ámbito, se establecen las previsiones necesarias para aplicar en España la normativa europea sobre criptoactivos de forma inmediata a su aprobación, al dotar a la CNMV de las competencias necesarias para garantizar la protección de los inversores y la estabilidad financiera en este ámbito.

Así, se incluye en el ámbito de la aplicación de la norma cualquier instrumento financiero que sea un criptoactivo, es decir, que esté representado mediante tecnología de registro distribuido. Además, se incorporan las infracciones y sanciones que permitirán a la CNMV actuar ante los incumplimientos cuando entre en vigor la normativa europea. De esta forma, la CNMV podrá sancionar los incumplimientos de las obligaciones y requisitos de los criptoactivos que no son instrumentos financieros y que se presenten como objeto de inversión.

Asimismo, se incorporan las previsiones para la aplicación del Reglamento del régimen piloto para la utilización de tecnología de registros distribuidos (blockchain) en las infraestructuras de mercados de valores, que permitirá utilizar esta tecnología para operaciones con acciones y bonos tokenizados durante cinco años y sin superar un determinado volumen de actividad. En el proyecto de Ley se incluyen las condiciones y obligaciones que deben cumplirse para constituir y registrar criptoactivos sujetos a la normativa del mercado de valores.

En segundo lugar, el proyecto de Ley incorpora una reforma de la Ley de Sociedades de Capital para garantizar la protección de los inversores en sociedades cotizadas con propósito para la adquisición (las mencionadas SPAC), garantizando las condiciones en las que se lleva a cabo el reembolso del capital invertido por los accionistas.

Estos vehículos tienen como objetivo favorecer la salida a bolsa de empresas, contribuyendo a la diversificación de las fuentes de financiación, especialmente para empresas que estén en crecimiento o en sus primeras fases de desarrollo, y reduciendo también su dependencia del crédito bancario.

En tercer lugar, la incorporación de la Directiva 2019/2034, sobre régimen prudencial de empresas de servicios de inversión (ESI), mejora el funcionamiento de estas empresas e incorpora obligaciones de solvencia específicas para estas entidades.

La norma establece un régimen prudencial propio de supervisión para estas empresas, adaptándolo a las particularidades de su modelo de negocio y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.

Adicionalmente, se otorgan a la CNMV potestades para establecer el régimen aplicable en función del tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de la ESI. Se contempla también un régimen más flexible para empresas muy pequeñas y que no entrañan riesgo sistémico, manteniendo la protección de los inversores.

También ajusta la limitación de las posiciones en determinados derivados y el correspondiente régimen de exención de cobertura con el fin de dar impulso a mercados en crecimiento.

 

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