Abierta  la veda para reclamar la propiedad de 35.000 inmuebles 

16 de febrero de 2021

Un informe elaborado por la vicepresidencia primera del Gobierno, que presentará hoy su titular, Carmen Calvo, tras una tanda de reuniones con la Conferencia Episcopal, concluye que la Iglesia se ha inmatriculado 34.961 inmuebles entre 1998 y 2015. El listado incluye edificios tan emblemáticos como la Mezquita de Córdoba, o la Giralda de Sevilla.

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"Se trata de 34.961 inmatriculaciones, de las cuáles, 20.014 se refieren a templos de la iglesia católica, o dependencias complementarias, afectas a obligaciones armoniosos con la presentica de una confesión religiosa”, ha detallado Calvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, ha detallado, recoge “14.947 inmatriculaciones que no se relacionan con estos usos, terrenos, solares, viviendas, locales, otro tipo de tipología de las más de 20.000 titularidades inscritas que tienen que ver con el culto”.
“El conjunto tiene una intensidad diferente por comunidades autónomas y territorios pero arrojan un dato importante, 30.335 lo han sido en virtud de certificación eclesiástica, lo que la modificación del año 1998 permitía en la ley hipotecaria es lo que ha hecho posible que con la fe de la autoridad eclesiástica correspondiente pudiera hacerse”, ha agregado, detallando que “otras 4.626 constan como inmatriculación a título distinto, bastante y suficiente, para la demostración de la propiedad en el registro”.

Aunque el Ejecutivo no ha encontrado irregularidades en el proceso, abre ahora la posibilidad a terceros a reclamar la titularidad de estos inmuebles, y abre un análisis que podría llevar a exigir el pago de impuestos a la Iglesia El asunto estaba pendiente de abordar después de que el Gobierno pusiera en marcha varias comisiones técnicas, de la mano de la Conferencia Episcopal Española, el año pasado, con la intención de alcanzar conclusiones en otoño, y abrió la puerta a comenzar a cobrar impuestos a la congregación en verano de 2018.

De hecho, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya solicitó al Colegio de Registradores de la Propiedad un listado de todos los inmuebles inmatriculados por la Iglesia, si bien la medida no tuvo consecuencias. El listado final de inmuebles se queda algo por debajo de los 40.000 inicialmente estimados por los socialistas, y en línea con los datos de la Conferencia Episcopal, que ya advirtió sin embargo que no contaba con un registro único al corresponder la titularidad a cada Diócesis concreta.

El listado presentado ante el Consejo de Ministros permitirá analizar qué edificios se ha arrogado la Iglesia indebidamente y estudiar cuáles de ellos deben estar sometidos a gravamen, pues el Acuerdo con la Santa Sede de 1979 solo deja exentos aquellos destinados al culto. Aquel pacto ha permitido a la Iglesia Católica evitar el pago de tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), los de donaciones y limosnas, el de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto de Sociedades, el de actividades económicas, contribuciones especiales o el de obras.
Eso sí, tal y como aclaró el Tribunal de Justicia de la UE, la exención solo rige sobre inmuebles dedicados al culto, pues ofrecerla a todo el conjunto puede considerarse ayudas ilegales de Estado. La decisión de la justicia europea permitió a Getafe comenzar a cobrar impuestos de obras por la reforma de un colegio religioso.

“La Iglesia solo ha inmatriculado aquellos edificios que en su momento construyó el pueblo cristiano con un fin muy determinado: rezar, celebrar la eucaristía juntos, reunirse, etc. Ha inmatriculado, por tanto, también las casas anexas a las parroquias”, sostiene en su web la Iglesia. La ventaja fiscal, sin embargo, permite a la congregación ahorrarse unos 2.000 millones de euros ene l pago de impuestos, y un beneficio de 300 más por los inmuebles inmatriculados a su nombre. El acuerdo con el Vaticano ya fue revisado por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, que obligó a la Iglesia a pagar el IVA por sus actividades no religiosas y educativas, como pedía la Unión Europea, si bien compensó la medida elevando del 0,52% al 0,7% la asignación a la Iglesia en el IRPF.
La inmatriculación de inmuebles por parte de la Iglesia habría crecido con fuerza desde la reforma hipotecaria impulsada por el Gobierno Aznar en 1998, que permitió a la institución católica apuntar los inmuebles a su nombre sin necesidad de demostrar la propiedad, como ocurre por ejemplo con los entes públicos. Una prerrogativa a la que dio marcha atrás, en 2014, el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Por su parte, la Conferencia Episcopal defiende que Iglesia ha inmatriculado "los bienes que durante siglos el pueblo 'católico' ha construido y confiado a la Iglesia para que ésta pudiera realizar su labor", que pasan por el apostolado, el culto y la caridad. La Conferencia sostiene que el sistema de inmatriculaciones al que puso fin Rajoy tenía por objetivo compensar los efectos de la desamortización de Mendizabal, que prvió a la Iglesia de la propiedad de muchos de sus inmuebles, y le inhabilitó para registrarlos hasta 1998. Según sus cálculos, 3.000 de los bienes inscritos son de interés cultural y muy pocos son rentables.
"Sin embargo, tal y como demostró hace poco un informe de la auditora PWC, la puesta a disposición de la sociedad de dichos bienes reporta a la economía nacional más de 22.000 millones de euros al año (2% del PIB)", apostillan los obispos.

 

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