La ministro portavoz no se siente cómoda al hablar del tema

CONSEJO DE MINISTROS: LA BRONCA SIGUE

Las ruedas de prensa trasmiten una tension creciente

02 de marzo de 2021

El Consejo de Ministros ha acordado este martes que la futura Ley Estatal de Vivienda, cuyo borrador está siendo duramente discutido desde hace varias semanas por los dos socios de Gobierno, incluya la puesta en marcha de mecanismos para controlar el precio del alquiler en los mercados tensionados, entre otras medidas. 

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En su reunión semanal, el Ejecutivo ha aprobado la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 elaborada por la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias, en la que se recoge, entre otras directrices, el compromiso de regular el mercado del arrendamiento en la próxima ley, así como la "necesidad" de poner en marcha "acciones políticas" que garanticen el derecho a la vivienda. Una de ellas, según el texto, es la de facultar a las administraciones públicas a que acoten el precio de los alquileres en las zonas tensionadas, uno de los temas más polémicos de las negociaciones que están teniendo lugar entre PSOE y Unidas Podemos.
Todas las políticas adoptadas, explica el documento, deben "poner freno a las subidas abusivas del alquiler, impulsando las normativas necesarias para ello, entre las que debe incluirse la facultad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos de establecer su índice de precios, la habilitación de los ayuntamientos para declarar zonas urbanas de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler, y la articulación de mecanismos de contención o eventual bajada de los precios".
 
BRONCA EN STAND BY
En este sentido, el Gobierno ha tramitado la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que depende de la Vicepresidencia de Iglesias, un plan en el que se incluye el compromiso del Ejecutivo de regular los precios del alquiler en la futura ley de Vivienda que se está negociando entre los dos partidos de la coalición en este momento.

Este hecho parecía indicar que el Gobierno asumía la intervención de los precios del alquiler, pero nada más lejos de la realidad, puesto que la portavoz ha insistido en que las circunstancias del mercado han cambiado y ha vuelto a poner sobre la mesa “otros instrumentos”. Montero ha dado cuenta de la propuesta del ministerio de Iglesias sin hacer mención inicialmente a la vivienda, pero lo cierto es que en el texto sobre las directrices generales para la Estrategia de Desarrollo Sostenible, presentado en la reunión del Consejo de Ministros de este martes, se insiste en que la futura ley de Vivienda debe habilitar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a declarar zonas de “mercado tensionado”, donde se hayan producido “subidas abusivas” y “a regular los precios del alquiler”.

Pero esta aseveración no evita que las posturas sobre la nueva ley de vivienda entre el Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia Segunda del Gobierno se mantienen alejadas y está generando tensiones entre el PSOE y Unidas Podemos. Montero ha asegurado que no se ha producido “ninguna polémica” en el seno del Consejo de Ministros por este asunto, y de hecho ha asumido como propio el plan de Iglesias, pero luego le ha puesto peros.

“Cualquier documento” que se presenta en Consejo de Ministros “es compartido por los miembros de este órgano”, de manera que cuando se aprueban pasan a ser “documentos del Gobierno con independencia de la paternidad de quien lo ha puesto encima de la mesa”. Pero rápidamente ha ido al fondo del asunto del alquiler para defender que el acuerdo rubricado con motivo de la investidura se refiere a un mercado que ha mutado.
El acuerdo incorporó que se produjeran regulaciones de precios en las zonas altamente tensionadas, ha recordado, zonas que .respondían a la proliferación de gran número de pisos turísticos que desplazaron del mercado del alquiler a las familias, y por eso “se intentaba corregir” esta circunstancias. Pero la ministra ha señalado que hay que ser “conscientes de que el escenario ahora es radicalmente distinto”.

Ahora las zonas antes tensionadas no están caracterizadas por los pisos turísticos y, “lo que era una emergencia antes de la pandemia”, durante estos meses “se ha visto mejorado”. Por tanto, aunque se comparta “la necesidad de atender a circunstancias concretas, vinculadas a distritos concretos, que vamos a trabajar y seguiremos trabajando”, la ministra ha apostado por otras recetas, como “incentivos fiscales o cualquier otro instrumento”, medidas dirigidas “a que no haya tendencia inflacionista en los precios”.


 
El texto, en definitiva, ratifica las medidas acordadas entre PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo programático de Gobierno firmado a finales de 2019, y aunque el abanico temporal al que se refiere el conjunto del documento abarca toda una década, hasta el año 2030, la regulación del precio de los alquileres no se hará esperar tanto. Así, "dicha cuestión será, tal y como establece el compromiso del Gobierno de España, una de las cuestiones fundamentales de la nueva Ley de Vivienda", recalca el texto.

Tras la reunión, la ministra de Hacienda y portavoz, Montero, ha recordado, en línea con lo que ya señaló la semana pasada, que no ha habido "ninguna polémica" en el seno del Ejecutivo porque la necesidad de frenar las subidas abusivas son compartidas por el conjunto del Gobierno. "El debate que se ha planteado respecto a la Ley de Vivienda y la regulación del alquiler no está en torno al cumplimiento del mandato del acuerdo de Gobierno, sino de cuáles son los instrumentos más eficaces para viabilizar la rebaja de los precios del alquiler en las zonas tensionadas". No hay debate sobre a dónde se quiere llegar, sino en cómo hacerlo, ha resumido Montero.

Dentro de la ley, prosigue el texto acordado por el Consejo de Ministros, también será "un aspecto esencial" la garantía de alternativa habitacional en caso de procedimiento de desahucio, mediante medidas para asegurar el realojo inmediato, alternativas de alquiler social y el establecimiento de un informe obligatorio de los servicios de bienestar social en caso de dicho procedimiento. Todo ello, recalca el documento, "debe realizarse con el objetivo de cumplir el compromiso del Gobierno".

La realidad es que las negociaciones sobre la futura normativa entre el secretario general de vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), David Lucas, y la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, están ahora mismo en posturas muy alejadas, generando fuertes tensiones entre el PSOE y Unidas Podemos. El partido de Iglesias demanda que las administraciones regionales y locales puedan limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas mediante un índice de precios oficial, tal y como recoge el acuerdo programático de Gobierno. También quiere obligar a los grandes tenedores a que dediquen un 30% de su parque residencial al alquiler asequible, así como movilizar vivienda vacía y frenar los desahucios a hogares vulnerables. El PSOE, por su parte, prefiere optar por otro tipo de fórmulas para engordar el parque asequible, tales como los incentivos fiscales para los propietarios que arrenden a un precio por debajo del mercado.

 

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