EL GOBIERNO Y SUS AYUDAS

El Congreso aprueba el plan Calviño

25 de marzo de 2021

El Gobierno ha logrado el aval del Congreso de los Diputados a su plan que incluye 7.000 M€ de ayudas directas a las empresas, pero ha tenido que aguantar un chaparrón de críticas, en las que se han unido derecha e izquierda, oposición y aliados del Ejecutivo. 

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El blanco ha sido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ha defendido el decreto ante la Cámara y que no se ha librado siquiera de los reproches del socio minoritario del Gabinete. Sin citarla expresamente, pero en una alusión inequívoca, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha justificado el retraso en la aprobación del plan a las resistencias de una parte del Gobierno que “quiere volver cuanto antes a la mal llamada austeridad”.
Las mismas dos palabras se han ido repitiendo de portavoz en portavoz: “Llegan tarde”. “Tarde, no; tardísimo”, han enfatizado algunos. Grupos como el PP, Ciudadanos o el PNV han coincidido también en la justificación de su voto: “Nos abstenemos por responsabilidad”. Otro de los aliados habituales del Ejecutivo, ERC, ha respaldado el decreto, pero en medio de grandes reproches y con la misma reserva: “Por responsabilidad”. Y uno de los apoyos exteriores del Gabinete, Más País, ha anunciado su voto en contra. Vox también ha expresado su rechazo.

El plan saldrá adelante, aunque con un elevado número de abstenciones. Y eso que sobre el fondo del asunto la unanimidad de los grupos políticos es total: todos están de acuerdo en la necesidad de dar ayudas directas a los sectores más golpeados por las restricciones que impone la pandemia. Pero además de la tardanza que todos han reprochado al Gobierno, la renuencia de varios grupos a dar su apoyo se ha justificado con argumentos similares: la exclusión de algunos sectores y la cuantía de las ayudas; el procedimiento para su adjudicación, que la diputada popular Elvira Rodríguez ha calificado de “muy confuso”, y la falta de margen para ajustar las medidas a la realidad de las comunidades autónomas, a las que se reserva un papel de “gestoría”, en expresión del portavoz del PDeCAT, Ferran Bel.

El disgusto entre varios grupos que sostienen al Gobierno se ha evidenciado en la muy crítica intervención del casi siempre templado PNV. “Esperábamos esto como agua de mayo y lo que nos encontramos es un jarro de agua fría”, ha dicho la diputada vasca Idoia Sagastizabal, quien ha recriminado a la vicepresidenta económica que no haya buscado el consenso de las fuerzas políticas. “Vaya papeleta que nos dejan [a las autonomías]”, ha concluido Sagastizabal.
El plan ya está vigente al ser aprobado por el Gobierno mediante la fórmula del decreto ley, que ahora el Congreso refrenda. La Cámara lo ha tramitado como un proyecto de ley, lo que en teoría permite a las fuerzas políticas enmendarlo e introducir modificaciones. Pero varios grupos han señalado que los hipotéticos cambios serían ineficaces en la práctica, dados los plazos para ejecutar las ayudas y la cuantía del fondo ya previamente establecida.

Calviño ha evitado replicar a las críticas, tras su intervención inicial en defensa del plan. La vicepresidenta ha subrayado que son casi un centenar los sectores económicos que se pueden acoger a las ayudas y que, como “la realidad es dinámica”, el Ejecutivo está dispuesto a ampliarlos si fuese preciso. La máxima responsable de la política económica ha subrayado que el Gabinete, entre ayudas, créditos oficiales y el apoyo a los ERTE, ya ha destinado 29.000 millones de fondos públicos, el 2% del PIB, a socorrer al sector privado. Calviño ha comentado que en los dos últimos meses se han apreciado “tendencias positivas” en la economía y 204.000 trabajadores se han dado de baja de los ERTE. “Aun así, sigue habiendo muchas incertidumbres y no podemos bajar la guardia”, ha concluido.

El decreto se ha aprobado fundamentalmente con los apoyos de PSOE, Unidas Pdemos y ERC, la abstención de grupos como PP, Cs y PNV, y la única oposición de Vox para ser tramitado en el Parlamento. Esta vía permitirá abordar diversos cambios como una ampliación de los 95 subsectores de actividad a los que se dirigen ahora mismo las ayudas. Una modificación que, ante la presión empresarial, la propia vicepresidenta ha asumido como necesaria.


 

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