Tocan elecciones, a la carga con Franco y el Valle de los Caídos

El Gobierno impulsa la reforma de la Ley de la Ciencia 

30 de marzo de 2021

El Ejecutivo también refuerza la financiación del sistema de dependencia, impulsa la Administración electrónica, y concede subvenciones para identificar restos de víctimas inhumados en el Valle de los Caídos.

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El Consejo de Ministros ha analizado el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para crear una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la transferencia del conocimiento y mejorar la gobernanza del sistema español en la materia.
La ministra portavoz  ha recordado que una de las grandes prioridades del Ejecutivo, comunicada por el presidente en su discurso de investidura, es la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación como motor del progreso económico y fuente del bienestar social. Además, ha destacado que la pandemia ha puesto de manifiesto que "la ciencia tiene que ocupar un lugar centro dentro de cada política que desarrolla el Gobierno, que es una política transversal".
Montero ha resaltado que los Presupuestos Generales del Estado asignan una financiación sin precedentes para actividades de investigación y desarrollo impulsados por los fondos de recuperación. "Tenemos que demostrar que queremos ser un país de ciencia, que deje a la siguiente generación más conocimiento y más competitividad",.

El ministro, Duque, por su parte,  ha afirmado que la situación de los científicos en España es anómala con respecto al resto de países punteros en ciencia porque no cuentan con estabilidad laboral hasta después de cumplir los 40 años. Por ello, el primer objetivo de la reforma es conseguir que los investigadores tengan una carrera atractiva, predecible y estable, que permita atraer y retener el talento. El Gobierno propone la creación de un modelo de contratación tipo 'tenure track', utilizado en Estados Unidos, Canadá, y ocho países europeos, que consiste en una contratación fija sujeta a una evaluación externa objetiva y transparente. Con este modelo, ha indicado el ministro, la entrada al sistema garantizará la igualdad de oportunidades y que se premie el talento y la dedicación real.
Duque ha añadido que el Ejecutivo introducirá un sistema para atraer talento temprano mediante ayudas de consolidación científica destinadas a iniciar nuevos proyectos de investigación.

El ministro ha anunciado que se mejorarán los incentivos al personal científico para que sus investigaciones lleguen a la sociedad, se facilitará la gestión directa de sociedades 'start-up' derivadas de resultados de investigación y se orientará a las oficinas de transferencia de conocimiento existentes en los centros de investigación hacia el mercado, el tejido productivo y la producción de riqueza. Duque ha indicado que España se sitúa en el puesto 30 mundial en solicitud de patentes por habitante, aunque, en realidad, la producción científica está entre los puestos 20 y 12: "Tenemos ahí mucho recorrido que mejorar en transferencia de conocimiento".

La futura ley también tiene como finalidad mejorar la gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, con nuevos programas complementarios del Gobierno con las comunidades autónomas para financiar y realizar acciones de I+D+I conjuntas y estratégicas. Duque ha avanzado que se contemplan, asimismo, reformas normativas para fomentar la creación de centros e infraestructuras de investigación entre el Estado y las comunidades, y la agilización administrativa para nuevos proyectos de infraestructuras de investigación.

El Gobierno ha aprobado la integración del Instituto Geominero de España (IGME), del Instituto Español de Oceanografía (IEO), del Instituto Nacional de Investigación y del Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIF). El ministro ha argumentado que, con la absorción, estos centros multiplicarán sus capacidades organizativas y de gestión administrativa científica y técnica: "Se aumenta así la capacidad de asesoramiento experto en materias clave para el país". Duque ha defendido que, con las reformas impulsadas hoy en el área de las ciencias, España tiene la oportunidad de convertirse en un país puntero en ciencia e innovación, que deje a la siguiente generación un futuro mejor, más eficiencia en sus empresas y en el tejido productivo.


El Ejecutivo ha aprobado la distribución entre las comunidades autónomas de 283 millones de euros para financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Los fondos se corresponden con el llamado 'Nivel Acordado', una partida suprimida en 2012, que hace referencia al número de personas que se incorporan al sistema de dependencia. Junto a la recuperación de esta medida, el Gobierno también ha elevado una media del 17% las cuantías del Nivel Mínimo, que atañe a las transferencias que el Estado hace a las comunidades por cada persona dependiente atendida. "Es un doble mecanismo para impulsar que, cuantas más personas se incorporen al sistema, mejor financiación haya, para el pago de los servicios que se prestan en residencias de mayores, atención domiciliaria y unidades de día", ha explicado Montero.
Otros fines que se persiguen son la reducción de listas de espera y la mejora tanto de las prestaciones como de las condiciones de los trabajadores del sector. En conjunto, este año aumentará la financiación en 600 millones de euros, lo que supone un aumento del 43% en la aportación que hace el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que entrará en vigor el próximo 2 de abril Montero ha afirmado que esta nueva norma servirá para mejorar la eficiencia y transparencia de las administraciones, haciéndolas más accesibles y con ello, permitiendo a la ciudadanía hacer sus trámites vía electrónica de forma segura, ágil y sin desplazamientos innecesarios. Para ello, ha dicho Montero, será necesario disponer de servicios digitales amigables y accesibles, para que la navegación por las páginas webs y sedes electrónicas sea intuitiva. Asimismo, se pretende mejorar la relación electrónica a nivel interno en la Administración General del Estado, y la interadministrativa entre esta y el resto de administraciones autonómicas y locales.

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto para el fomento de uso de energías limpias y reducción de la huella de carbono, mediante el que se regulan los objetivos de venta o consumo de biocarburantes para los años 2021 y 2022. La norma obliga a que las ventas de biocarburantes sean, este año, de un 9,5% sobre el total de combustibles consumidos en España, y un 10% el año que viene. El objetivo final, en consonancia con lo establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, es llegar a una cuota mínima de energía renovable en el transporte del 28% en 2030, para favorecer la reducción de gases efecto invernadero asociadas a este sector. Los biocarburantes, ha explicado Montero, son una solución puente hasta que la movilidad eléctrica sea realmente una alternativa sostenible a los vehículos de combustión.

El Gobierno subvencionará con 665.000 euros los trabajos de exhumación e identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista enterrados en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y que hayan sido reclamados por sus familiares. Los restos de más de 33.000 víctimas, provenientes de casi todas las provincias de España, fueron trasladados desde 1959 para ser inhumados en las criptas del Valle de los Caídos. Las obras para acceder a estas criptas, que fueron tapiadas y permanecen cerradas desde el momento de la finalización de las inhumaciones, no supondrán ninguna modificación urbanística y se centrarán en asegurar las condiciones de dignidad y respeto propios de un cementerio, la reparación y dignificación de los osarios, y la seguridad y salud de las personas y operarios que accederán a las mismas.

Montero ha recordado, asimismo, que ayer se constituyó la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática en la que se aprobó el reparto a las comunidades autónomas de 3 millones de euros para la búsqueda, identificación y dignificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Las Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana han sido declaradas, por acuerdo del Consejo de Ministros, como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Este movimiento registra 550 Sociedades Musicales federadas, con más de 1.100 bandas de música, 200.000 socios y socias y 60.000 alumnos. María Jesús Montero ha destacado su carácter único en el mundo como "fenómeno de asociación en el territorio y herramienta fundamental para la convivencia intergeneracional y entre diferentes estratos de la sociedad".


La portavoz del Gobierno ha manifestado su preocupación por la evolución de la pandemia, con una incidencia acumulada semanal de contagios en aumento, y ha insistido en la necesidad de intensificar las medidas de prevención y afrontar con responsabilidad individual la movilidad y las interacciones sociales, especialmente en esta Semana Santa: "Todos tenemos ganas de dejar atrás las restricciones, pero no hemos llegado a esta fase de relajación y no podemos permitirnos ningún tipo de descuido".
Montero ha informado de que ayer se distribuyó entre las comunidades autónomas más de un millón de dosis de vacunas y ha confiado en que, en abril, se pueda generar un punto de inflexión al triplicarse el número de las que están por llegar.

La ministra ha adelantado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará a conocer hoy la remodelación del Ejecutivo, causada por la salida del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, para concurrir a las elecciones autonómicas en Madrid. Montero ha señalado que en la reunión del Consejo de Ministros, la última a la que ha asistido Iglesias, el presidente le ha mostrado "el reconocimiento, el afecto y el agradecimiento por la labor realizada".
Asociados a estos cambios, Montero ha avanzado los nombramientos, aprobados en Consejo de Ministros, de nuevos altos cargos, como varios secretarios de Estado ylos delegados del Gobierno en Andalucía, Galicia y Madrid.

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