Díaz ´cuela´ el alza de multas a empresas en una enmienda

04 de abril de 2021

El Ministerio de Trabajo ha elevado por sorpresa el importe de las sanciones respecto a lo planteado inicialmente en un proyecto de real decreto. Se incrementarán un 20% y la multa máxima superará los 225.000 euros.

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 En efecto, socialistas y podemitas han presentado una enmienda conjunta al Proyecto de Ley de trabajo a distancia, que se encuentra en tramitación parlamentaria, para modificar la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y elevar la cuantía de las multas a las que se enfrentan las empresas y los trabajadores que cometan fraude. 

El Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta  Díaz, tenía la intención de aprobar esta medida por real decreto y que entrase en vigor desde el 1 de abril, pero tras percatarse de que, por jerarquía normativa, no pueden modificarse los importes de las sanciones por esa vía, decidió introducir esa enmienda a su propia ley del teletrabajo, para acelerar su tramitación.
La enmienda en cuestión se presentó al Proyecto de Ley de trabajo a distancia, que se encuentra en tramitación parlamentaria desde que el 15 de octubre de 2020 el Congreso de los Diputados convalidase el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros y optase por esta vía de tramitación. Las mismas fuentes estiman que, al ritmo actual, la normativa podría estar lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado el próximo mes de mayo, aunque los plazos están abiertos y la disposición final que se va a introducir a la ley del teletrabajo contará con un periodo de vacatio legis.
En líneas generales, las sanciones se incrementarán hasta un 20%, alcanzando la multa máxima los 225.018 euros y la más alta de todas, en materia de prevención de riesgos laborales, hasta 983.736 euros. El porcentaje de incremento no es casual. Hay que tener en cuenta que la cuantía de estas sanciones no se revisaba desde el año 2007, de manera que, a juicio del Gobierno actual, se ha generado una disminución de su capacidad recaudatoria, ya que la comisión de infracciones acaba siendo más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. Por eso, el Ejecutivo va a adecuar las multas a la evolución de la inflación, tal y como le autoriza la ley. El caso es que en el proyecto de real decreto se había tenido en cuenta un incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) del 19,9% entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2019, pero en la enmienda que se va a aprobar ahora el aumento se redondea al 20%.

Con ese matiz, de manera general, en su grado máximo las infracciones leves pasarán de suponer una multa de 625 euros a 750 euros; las graves, como no formalizar el contrato de teletrabajo que es obligatorio con la nueva ley, se elevarán hasta los 7.500 euros, desde los 6.250 actuales; y las muy graves, entre las que se enmarcan los fraudes en los ERTE o los incumplimientos en materia de igualdad salarial en la empresa, se incrementarán hasta los 225.018 euros, frente a 187.515 euros a día de hoy. 

La disposición adicional que se introducirá en la ley del teletrabajo también modifica las sanciones en materia de prevención de riesgos laborales, que en su grado máximo pasarán a 2.450 euros cuando se consideren leves, a 49.180 cuando sean graves y hasta 983.736 euros cuando sean calificadas como muy graves. En todos los casos, se incrementan un 20%, en línea con el crecimiento de la inflación desde 2007, así como las multas en materia de cooperativas, que pasarán en su grado máximo a 905 euros las leves, a 4.545 las graves y 45.504 las muy graves, según consta en el texto.

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