Con las elecciones volvemos al Valle de los Caídos

12 de abril de 2021

El Gobierno ha solicitado este lunes al Ayuntamiento madrileño de San Lorenzo de El Escorial la licencia de obras para iniciar los trabajos de exhumación e identificación de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, que fueron inhumadas en las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. 

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La solicitud presentada por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que gestiona la vicepresidenta Carmen Calvo es un requisito necesario para poder entrar en la basílica y proceder a la identificación de unas 60 personas que han sido reclamadas por sus familiares. La iniciativa llega después de que el Consejo de Ministros aprobase el pasado 30 de marzo una partida de más de 650.000 euros destinada tanto a las tareas de acceso como a los correspondientes análisis genéticos de los restos.

El Ejecutivo ha recibido más de 60 solicitudes de familias que quieren recuperar restos allí enterrados, de republicanos pero también de hombres vinculados al bando nacional. Al igual que ocurre en la exhumación de fosas comunes del franquismo en cementerios ―las criptas del valle tienen la categoría de cementerio civil―, la operación se llevará a cabo sin alterar otros restos, y únicamente se extraerán muestras para identificar los huesos de los familiares reclamados. El inicio de las exhumaciones dependerá de la fecha en la que el consistorio comunique a Patrimonio Nacional su autorización, pero el Ejecutivo asegura que su intención es realizarlo cuanto antes.

Patrimonio Nacional, la institución de la que depende el Valle de los Caídos, ha pedido al consistorio en el que está ubicado el correspondiente permiso para llevar a cabo los trabajos, como ya hizo en el caso de la exhumación del dictador Francisco Franco, aunque en aquella ocasión el Ejecutivo se encontró con dificultades para finalizar el trabajo, ya que el juez José Yusty bloqueó la autorización urbanística.

El proyecto está hecho desde el año pasado e incluye, según señala el Ministerio, las obras necesarias para el acceso y afianzamiento del paso al interior de los distintos niveles de las criptas. La actuación también contempla la adopción de medidas de seguridad y salud, así como la retirada o desmontaje de cerramientos, instalaciones y enseres para los accesos a las criptas y la realización de dichos accesos. El Ministerio asegura que recoge la adecuación de instalaciones de iluminación y seguridad y la adopción de medidas que garanticen la seguridad estructural para la inspección interior de cada una de las criptas.

En el mausoleo trabajaran equipos de entre 10 y 15 personas entre forenses, arqueólogos y personal de funeraria con formación en tanatología. La intervención se llevará a cabo por partes, comenzando por la cripta del Santo Sepulcro, y puede prolongarse durante meses, sin que en principio sea necesario cerrar el acceso al monumento. Dos de las víctimas que serán exhumadas son los hermanos aragoneses Manuel y Antonio Lapeña Altabás, procedentes de Villarroya de la Sierra (Zaragoza) y fusilados por las tropas franquistas en 1936 y enterrados en Calatayud, pero que en 1959 fueron reinhumados en el Valle de los Caídos. Los hermanos Lapeña llevan esperando una digna sepultura desde hace cinco años, cuando un juzgado autorizó su exhumación.

La solicitud presentada este lunes permitirá avanzar en Memoria Histórica, un reto pendiente del Gobierno. El traslado de los restos de Franco al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, en octubre de 2019, fue el primer paso para la resignificación del Valle de los Caídos, concebido por el dictador para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil. El día de la exhumación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de “infamia” que debía ser “reparada más pronto que tarde” el hecho de que el mausoleo albergara a muchas víctimas que habían sido enterradas allí sin el consentimiento de sus seres queridos.

Los presupuestos generales de 2021 prevén una partida de tres millones de euros para la búsqueda, identificación y dignificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Esta suma forma parte del plan cuatrienal de apertura de fosas que prevé la exhumación en 557 enterramientos clandestinos repartidos por el territorio nacional. El año pasado, el Gobierno activó lo que llama el “plan de choque” para paliar la falta de recursos económicos —desde 2013 no había subvenciones estatales para estas tareas— , y que ha permitido poner en marcha 114 proyectos de apertura de fosas con un número estimado de 3.000 víctimas.

 

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