Dusculpas, justificaciones y poco mas

03 de mayo de 2021

La vicepresidenta cuarta del Gobierno, Ribera, ha tratado de explicar que lo que tan solo ha propuesto el Gobierno ha sido perfilar objetivos en el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea. "Lo que se ha hecho ha sido marcar las grandes líneas, con sus hitos, y en el paquete de consolidación fiscal se están todavía definiendo y explorando cómo construir las líneas de consolidación de ingresos", ha señalado al ser preguntada sobre esta polémica.

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El Gobierno se vio obligado este sábado a dar marcha atrás atropelladamente después de que saltase una noticia que, además de alarma e incertidumbre, torpedeaba de lleno la candidatura del socialista Ángel Gabilondo a la presidencia de la Comunidad de Madrid. No obstante, según ha afirmado la ministra Ribera, se trata de "cuestiones más de detalle técnico que una rectificación en toda regla".
Ribera ha realizado estas manifestaciones tras conocerse este sábado que el Gobierno se replantea su posición de eliminar de manera "paulatina" la reducción por tributación conjunta en el IRPF al considerar que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta, que suelen ser mujeres. Esta medida, recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se adoptaría mediante el establecimiento de un régimen transitorio. La iniciativa del Gobierno va en línea con la recomendación formulada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe de revisión del gasto público en beneficios fiscales, publicado en julio de 2020.

El Gobierno trataba asi de taponar las vías de agua al afirmar que no se está planteando la supresión de la reducción fiscal por tributación conjunta. Según fuentes de Hacienda, lo que aparece en el Anexo IV del Plan de Recuperación, es que, de acuerdo con el estudio realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en julio de 2020, se llegó a la conclusión de que esta reducción, en su actual configuración, generaba un "desincentivo a la participación laboral de los segundos perceptores de renta (principalmente mujeres de rentas bajas), lo que acentúa los problemas de brecha de género de la economía española".
 

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