La ley de repartidores lista para entrar en vigor en tres meses

11 de mayo de 2021

El Gobierno ha aprobado este martes la esperada ley de riders, una norma que fija la condición de asalariados de los repartidores a domicilio que ha tardado en llegar al Consejo de Ministros varios meses desde que el pasado 10 de marzo el Ministerio de Trabajo, los sindicatos CC OO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme alcanzasen un acuerdo.

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 La norma, a grandes rasgos, obligará a las empresas que se nutren del trabajo de los repartidores a contratarlos en el plazo máximo de tres meses. Con la aprobación de la ley, ha afirmado tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo,  Díaz, "España se convierte en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia. No hay ningún país que se haya atrevido a hacerlo. El mundo, créanme, está mirando a España".
El texto del acuerdo, que afecta a entre 15.000 y 17.000 repartidores a domicilio según los respectivos cálculos de las plataformas y el Ministerio de Trabajo, señala que el Real Decreto-Ley que recoge la norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En términos de recaudación social, la regularización de los riders tendrá un impacto de 29 millones de euros, según los cálculos dados a conocer por Díaz y recabados por la Inspección de Trabajo.

En el texto acordado se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, como pueden ser Deliveroo, Glovo, Stuart o Uber Eats. La norma se alinea de esta forma con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no falsos autónomos con contrato mercantil. Estas compañías tendrán que dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social o recurrir a subcontratas que hayan hecho lo propio, liberando a los repartidores de tener que abonar la cuota de autónomos.

El acuerdo contempla también que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de "las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles". El objetivo, ha asegurado Díaz, es evitar sesgos o penalizaciones, ya que “todo el mundo tiene derecho a saber las razones de las decisiones que le afectan", por lo que no se "pueden automatizar" a través de un algoritmo "sin dar explicaciones al trabajador o la trabajadora". "Han de saber lo que esconde el algoritmo, porque detrás de un algoritmo hay una decisión”, insistió
En la práctica esto significa que el acceso sindical a los algoritmos que determinan condiciones laborales se aplicará a todo tipo de plataformas digitales –como las de asesorías legales, fiscales u otros profesionales freelance de todas clases– y no solo a las de reparto a domicilio.
Así, en paralelo a la aprobación de la norma y en línea con la regulación de las nuevas tecnologías a nivel general, Díaz ha anunciado la conformación de un grupo de expertos que estudie el buen uso de la inteligencia artificial en las relaciones laborales. "Necesitamos del saber colectivo para poder tener solvencia y claridad respecto de cómo abordamos el uso de la inteligencia artificial en las relaciones laborales para que el uso de las fórmulas matemáticas sea neutro y no penalice a los trabajadores".

El objetivo a medio y largo plazo es que el Ministerio de Trabajo, las patronales y los sindicatos conformen una comisión tripartita que estudie el desempeño de las plataformas digitales y sus algoritmos en el ámbito laboral, en particular en lo relativo a la definición de la dependencia o autonomía dentro de estas nuevas formas de prestación de servicios. "Ahora los algoritmos van a ponerse al servicio de la mayoría social".

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