Calvo no duerme por el fantasma de El Pardo

16 de junio de 2021

Calvo ha dejado bien claro que el Gobierno "no comparte y no va a compartir" las opiniones del CGPJ, tras ser interpelada por  Pozueta, diputada de la formación independentista vasca.

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Calvo ha explicado que aunque "es un informe en el fondo y en muchas cuestiones bastante razonable", el Ejecutivo no está de acuerdo con que se diga "que el enaltecimiento del totalitarismo que nos corresponde a los españoles, que es el fascismo de la dictadura franquista, forma parte de la libertad de expresión cuando cada día eso significa el vilipendio absoluto de todas las víctimas que nos quedan por reparar". Por ello, la diputada de Bildu ha celebrado la respuesta de Calvo y ha asegurado que "nos alegra que no comparta las opiniones del CGPJ, porque claramente dicho informe es pura apología del franquismo", ha dicho en su turno de réplica.

"Nos alegra que no comparta las opiniones del CGPJ, porque claramente dicho informe es pura apología del franquismo" Asimismo, la parlamentaria vasca ha cargado contra los vocales del Poder Judicial y ha asegurado que le "cuesta creer que en un estado democrático quien debe velar por la efectividad judicial, el máximo poder de la judicatura española, haga la defensa de una dictadura y de sus crímenes". A su juicio, el informe del CGPJ "es el mejor ejemplo de los pilares de aquel régimen del 78, como la justicia sigue sin democratizarse, marcando el devenir judicial y político de todo el Estado". Pozueta ha pedido al Gobierno que ante la respuesta del órgano de gobierno de los jueces "esta ley sea más ambiciosa", que "atienda a los de asociaciones memorialistas" y "acabe con la impunidad".

Una respuesta que ha servido para observar la buena sintonía existente entre el Gobierno y Bildu ya que, Calvo ha avisado que "muy pronto" el proyecto de ley del Gobierno llegará al Congreso "para abrir el debate parlamentario correspondiente".
Además, ha lanzado un dardo a los jueces al recordar que "las leyes las elaboran las Cortes Generales" y que son los legisladores quienes tienen "la primera y la última palabra de lo que puede ser obligatorio en nuestro país".

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