El Gobierno trabaja en un plan conjunto contra el fraude financiero

21 de junio de 2021

La vicepresidenta Calviño, ha informado este lunes de que el Gobierno trabaja con los organismos supervisores en un plan contra el auge del fraude financiero ante su aumento, "especialmente", en lo relativo de criptoactivos.

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Y es que, tal y como ha señalado durante su intervención en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander  el Ejecutivo ha detectado "un aumento del fraude financiero", con "cada vez más peso" dentro de un escenario de bajos tipos de interés y liquidez "abundante", "especialmente, pero no solo, en criptoactivos". Calviño ha reivindicado la necesidad de actuar ante esta problemática, señalando que una de sus consecuencias es su "impacto negativo en la confianza" y, por tanto, la estabilidad económica.
Por otro lado, la vicepresidenta segunda ha sido preguntada por la aprobación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero y los tiempos previstos para su aprobación, ante el retraso que acumula esta iniciativa. "Nuestro objetivo es adoptar el proyecto de ley este mismo año", ha declarado Calviño, recordando que su creación "es uno de los hitos" comprometidos por el Gobierno a la Comisión Europea, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que por ello espera poder sacar a trámite de audiencia "lo antes posible".

Por otra parte, Calviño ha pedido a los clientes de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial que revisen si su entidad financiera se ha adherido al Código de Buenas Prácticas, ya que hasta 28 bancos todavía no se han sumado, si bien, las que sí lo han hecho aglutinan en torno al 98% de todos los préstamos concedidos, que según los últimos datos disponibles ascienden a más de 1 millón. El Gobierno ya avisó en su momento que la adhesión es voluntaria, pero el que no se comprometa con el mismo deberá comunicarlo, tanto al Ejecutivo, como a los clientes, ya que deberán informar de su compromiso con el mismo en la propia red comercial.  El objetivo del Código es el de evitar que se haga un mal uso del dinero público, que la banca aplique sus condiciones de manera unilateral y que no se eleve la morosidad. El documento establece las principales líneas sobre cómo ampliar las carencias o extender los periodos de los vencimientos, así como reconvertir los créditos en préstamos participativos, aplicando las quitas en la menor medida posible. Esta última acción obliga a la banca a asumir la parte de la reducción proporcional a la no cubierta por el aval público.

 

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