Un Gobierno muy mal pagador

01 de julio de 2021

La Administración central acumula a 1 de junio 712 millones de euros en facturas sin pagar a sus proveedores, principalmente pequeñas y medianas empresas y autónomos, mientras las ayudas directas siguen sin llegar a los empresarios por la complejidad de la norma aprobada por el Gobierno 

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Según el informe de mayo de Hacienda,  las deudas de los organismos dependientes de la Administración central con sus proveedores asciende a 712 millones de euros, inferior a los 873 millones de abril pero superior a los 670 de marzo y a los 557 millones que registraba en enero. Esta situación incide en los problemas financieros y de liquidez que tienen numerosas empresas y autónomos, que les deja al borde del abismo. Muchas compañías ya han tenido que cerrar sus puertas por los efectos de la pandemia -hay 50.000 empresas menos afiliadas a la Seguridad Social- y otras muchas deben afrontar en los próximos meses el pago de los créditos que han tenido que pedir para garantizar su negocio o recuperar a sus trabajadores del ERTE o despedirlos, con el consiguiente coste.
Mientras, las ayudas directas prometidas por el Gobierno no llegan. El decreto ley está aprobado, pero las dificultades de acceso a las ayudas dificultan que las comunidades autónomas hayan empezado a pagar ya. Fuentes empresariales aseguran que sólo la Comunidad de Madrid ha empezado a abonar estas ayudas, mientras esperan que el resto lo haga a partir de agosto.

Las patronales empresariales alertan de que muchas compañías están al borde de la quiebra si no llegan esas ayudas directas cuanto antes. Y la situación es peor por el hecho de que los organismos públicos tengan una deuda de 712 millones a 1 de junio con las empresas. Los dos efectos juntos amenazan con más cierres y despidos.
Entre los organismos que acumulan más deuda con sus proveedores destaca el Instituto Social de la Armada, que debe más de 40 millones de euros, la Corporación RTVE, que acumula más de 83 millones, el ADIF, con un debe total a 1 de junio de más de 141 millones de euros, y la propia Administración general del Estado, que debe 245 millones.

Las empresas tardan además en cobrar las facturas una media de 28 días a nivel general, dentro de la ley que marca 30 días como máximo. Sin embargo, hay organismos dentro de la Administración central que incumplen esa norma y pagan con un retraso de hasta 300 días, como la Confederación Hidrográfica del Tajo. El Instituto de las Mujeres acumula un retraso en el pago de 72 días.

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