La mejora de la renta de los trabajadores es un deber

05 de julio de 2021

La mejora de las rentas de un millón y medio de trabajadores es un deber prioritario para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y por eso está presionando en el seno del Gobierno –donde debate con sabidas voces contrarias a este enfoque- por subir el salario mínimo interprofesional para lo que queda de año. 

Compartir en:

La discusión interna en la coalición está siendo intensa, según admitía el pasado viernes el propio Pedro Sánchez, quien no descartaba un incremento de esta referencia salarial en la recta final del ejercicio, pero sí enfriaba esta posibilidad inmediata al poner el foco en la recuperación de empleo. Y esta es, precisamente, la baza de Díaz, que ahora suma los buenos datos de empleo y paro del mes de junio a su argumentario para impulsar esta medida de gran calado social. En el escenario más favorable, la mesa de negociación con los agentes sociales se reabriría este mes de julio y el incremento podría entrar en vigor ya en agosto.
Y es que para Díaz, la subida es prioritaria, especialmente en un contexto de escalada de los precios, con la factura de la luz desbocada, en el que los perceptores del salario mínimo se han quedado atrás, en comparación con otros colectivos como los pensionistas, los funcionarios o los trabajadores cubiertos por convenios colectivos. "No puedo entender que los dejemos fuera [a los trabajadores más vulnerables] con un IPC que está en el 2,7%, subiendo la electricidad, la gasolina, prácticamente todo. Mi convicción es clara".

Fuentes gubernamentales dibujan el escenario más favorable para la ministra de Trabajo: convence al presidente, reabre en las próximas semanas la mesa de diálogo social que encalló en enero por la negativa de la patronal a incrementar los costes laborales en plena pandemia y logra persuadir a los empresarios. La subida podría entrar en vigor ya en agosto, porque se aprobaría en un Consejo de Ministros a finales de julio. Como la consulta a los agentes sociales es preceptiva y no vinculante, en un segundo escenario favorable para las aspiraciones de Díaz, el incremento del SMI también podría ver la luz sin consenso social, con un acuerdo bipartito con los sindicatos. En esos dos supuestos, el salario mínimo subiría para los últimos cinco meses. Otra posibilidad es que se dé algo más de margen para la recuperación al mercado laboral y que se retome el asunto en septiembre, con el chute del verano, para aprobar una subida en el último trimestre.
En cualquiera de los escenarios planteados, la subida del SMI no tendría carácter retroactivo. Es decir, no obligaría a las empresas a compensar a los trabajadores que cobran el sueldo mínimo por los meses transcurridos del año. Es otra de las bazas que va a jugar Díaz en las negociaciones: en ningún caso, la decisión gubernamental podría suponer una avalancha de reclamaciones, tanto de los trabajadores en nómina como de aquellos que hubieran finalizado su relación contractual y estuvieran en esta referencia salarial en algún momento del año. Hay que recordar que, sin ir más lejos, en 2020, la subida del salario mínimo se aprobó en febrero, pero con efectos desde el 1 de enero, lo que dio lugar a reclamaciones salariales por las cuantías no percibidas por ese mes de retroactividad.

De este modo, el aumento de los costes salariales no tendría un impacto desmesurado en las empresas, ya que solo tendrían que actualizar las nóminas de los empleados que tengan en el nivel del SMI (actualmente, en 950 euros mensuales) a la nueva referencia para los últimos cinco meses del año. ¿Cuánto? Todavía es una incógnita. A finales del año pasado, cuando descarrilaron las negociaciones para la subida de 2021, la vicepresidenta Díaz planteaba un incremento de "apenas 9 euros al mes" (el equivalente al 0,9% que subieron las nóminas de pensionistas y funcionarios). Sin embargo, ahora se mueve en otra horquilla, pues el comité de expertos que ella misma designó a principios de año ha concluido que, para situarse entre 1.011 y 1.049 euros al final de la legislatura, en 2023, el SMI tendría que subir ya en 2021 entre 12 y 19 euros mensuales, hasta un máximo de 969 euros.

La ministra, comentan en su entorno, es partidaria de llevar las negociaciones bilaterales con el presidente con discreción, porque "lo que se persigue es conseguir los objetivos". Sánchez se comprometió con ella a retomar el asunto a mediados de año, una vez levantado el estado de alarma, y ha llegado el momento. Eso sí, le ha marcado una línea roja a Díaz: la medida debe ser consensuada con los agentes sociales. Esto supone un obstáculo importante porque la CEOE se ha posicionado radicalmente en contra de elevar los costes laborales.

Compartir en:

Crónica económica te recomienda