Hora de negoiar

24 de agosto de 2021

La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo tardó cinco años en construir un consenso digno de tal nombre sobre las medidas a adoptar para garantizar la sostenibilidad a futuro del sistema público de pensiones. 

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Los mismos grupos políticos que se enredaron durante un lustro en dimes y diretes a cuenta del futuro de las pensiones tendrán ahora menos de cuatro meses para ratificar, enmendar o directamente rechazar el acuerdo alcanzado por el Gobierno con los agentes sociales sobre la primera parte de la reforma de las pensiones. 
La tarea no será fácil y por ello el Gobierno ha decidido aprovechar el primero Consejo de Ministros del curso para aprobar a toda mecha el proyecto de ley de reforma de las pensiones y garantizar su aterrizaje en el Congreso nada más se inicie el periodo de sesiones. Preguntada por las objeciones planteadas desde la aprobación del texto acordado entre Gobierno y agentes sociales por algunos de los socios del 'bloque de investidura', cuyo apoyo será fundamental para sacar adelante el texto, la nueva portavoz del Gobierno, Rodríguez, ha mostrado la disposición abierta del Ejecutivo a mejorar el texto en el trámite parlamentario, aunque tendrá que ser dentro del horizonte temporal que el Ejecutivo ha comprometido con Bruselas y que le obliga a aprobar este proyecto de ley antes de que finalice el año, de modo que buena parte de sus disposiciones estén operativas ya en 2022.

Desde el Gobierno se entiende que no tiene que haber mayor problema en gestionar este trámite dado que, desde su punto de vista, se asienta sobre las bases marcadas por el Pacto de Toledo. No todos piensan igual. ERC, ya han avanzado que no respaldarán el proyecto de ley si se mantiene bajo las mismas coordenadas que se han pactado con los agentes sociales, ya que entienden que suponen una pérdida de derechos para los trabajadores. Otros socios del denominado 'bloque de investidura' como el PNV o Bildu también han manifestado sus reticencias hacia determinados aspectos del proyecto. Ocurre algo similar con el socio principal del PSOE, Unidas Podemos, que ha hecho causa de la lucha por una reparación económica de los alrededor de medio millón de prejubilados expulsados del mercado laboral antes de tiempo contra su voluntad y que han sufrido recortes de hasta el 40% en su pensión por la operativa de la jubilación anticipada. Una reparación que no se ha incluido en el acuerdo con sindicatos y organizaciones empresariales y sobre la que Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha mostrado recientemente su rechazo en un informe remitido a finales de julio a los diputados del Pacto de Toledo.

El Gobierno deberá sortear estas objeciones de sus socios parlamentarios durante los próximos meses y en paralelo a la negociación de los Presupuestos, el diálogo para la definición del futuro Factor de Equidad Intergeneracional - calado hasta los huesos de polémica desde que el ministro Escrivá sugiriera que tal vez podría derivar en un recorte de las pensiones de la generación del 'baby-boom' - y las negociaciones paralelas por la subida del SMI, la reforma laboral y la segunda parte de la reforma de las pensiones, lo que embarulla todo mucho más. La nota enviada este martes para glosar la aprobación del 'Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones' subraya que la iniciativa fija un nuevo marco estable de revalorización de las pensiones vinculado al IPC del año anterior que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas e incorpora diversas medidas "dirigidas a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación" por la doble vía de fomentar el mantenimiento de los trabajadores en el empleo más allá del momento en que alcanzan la edad de jubilarse y el retoque de la jubilación anticipada para que los españoles opten por retirarse unos meses más tarde de cómo lo hacen en la actualidad.

Desde CCOO se le ha recordado este martes al Gobierno que todavía queda pendiente la mejora de las pensiones mínimas, la subida de las bases máximas de cotización para garantizar recursos que hagan sostenible al sistema y la configuración del nuevo sistema de equidad intergeneracional, que asoma como la gran reforma pendiente del sistema de pensiones.
 

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