Las relaciones Madrid Bruselas no son precisamente fluidas

La energía empieza a ser un problema  incluso frente a Bruselas

30 de agosto de 2021

Bruselas ha dado un primer aviso a España al estimar que las autoridades nacionales no han hecho los deberes a la hora de aplicar la directiva europea aprobada para impulsar el uso de la energía renovable.

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La ausencia de una notificación por parte de la Administración que confirme que nuestro país ha adoptado las medidas pertinentes para trasponer dicha norma, ha llevado a la Comisión Europea a lanzar una advertencia al Gobierno español que, de no subsanar la falta en el plazo que exija el Ejecutivo comunitario, podría enfrentarse a un procedimiento de infracción. 

El requerimiento desde Europa mete presión al Gobierno y, en concreto, al Ministerio para la Transición Ecológica, responsable directo de la política energética en territorio nacional. La Comisión considera que el Ejecutivo no ha sido del todo claro a la hora de explicar a las autoridades comunitarias el conjunto de medidas adoptadas para desarrollar de forma efectiva la directiva 2018/2001 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, que fue publicada en el Diario Oficial de la UE en diciembre de 2018 y revisada por última vez un año más tarde. 
Esta norma fue aprobada para armonizar las distintas estrategias de todos los Estados miembros para promover el empleo de fuentes de energía limpias. Entre sus puntos más destacados se encuentra la determinación de un objetivo vinculante del 32% de generación renovable en el mix energético de cada país. También reguló por primera vez el negocio del autoconsumo. Además, el texto recoge una batería de normas comunes para toda la Unión destinadas a regularizar el uso de energía verde en todos los ámbitos, desde la electricidad y la calefacción, hasta la refrigeración o el transporte.

El recordatorio de Bruselas no cuestiona, sin embargo, que el Gobierno haya dado pasos para alcanzar estos objetivos. De hecho, el ministerio que dirige Ribera ha impulsado varias medidas que encajan en la estrategia europea, la más reciente, la convocatoria de una nueva subasta verde para el mes de octubre destinada a ampliar la capacidad renovable de nuestro país, donde las tecnologías de energía limpia ya supusieron el 43,6% de generación nacional en 2020, por encima del objetivo europeo para 2030. Con todo, la Comisión Europea ha activado la cuenta atrás para el Ejecutivo.
Bruselas exige conocer de qué forma ha encajado el Gobierno  Sanchez esa estrategia común para toda Europa en su hoja de ruta hacia la transición energética. El Ejecutivo comunitario ampara su advertencia en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este establece que, si un Estado miembro no comunica medidas que transponen plenamente las disposiciones de una directiva comunitaria, o si no rectifica una presunta infracción legal, la Comisión puede iniciar un procedimiento de infracción formal contra dicho Estado.
En estos casos la Comisión Europea establece un plazo, generalmente de dos meses, para que el Estado en cuestión informe de las acciones adoptadas para subsanar la falta. De no llegar a tiempo, el órgano de gobierno europeo  podría recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En tal caso, la CE  podrá, si lo considera conveniente, trasladar al Tribunal el importe de la sanción que entienda acorde con la infracción. Si la Justicia europea comprueba la existencia del incumplimiento, podría imponer al Estado en cuestión el pago de una suma de, como mucho, el máximo indicado por la Comisión.

Por regla general, este tipo de procesos se resuelven antes de llegar a los tribunales, pero el Gobierno de coalición sí se ha visto en esta tesitura antes.  De hecho, el pasado mes de febrero, este tribunal penalizó a España por no trasponer una directiva sobre protección de datos con 15 millones y una multa diaria (coercitiva) de 89.000 euros hasta que esta adaptase su legislación a la norma comunitaria. Dos meses después, el Ejecutivo español aún no había incorporado este ajuste legislativo. En abril, la factura 'extra' de la infracción superaba los 3,2 millones, como recogió La Información.

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