CONSEJO: Resumen rueda de prensa

28 de septiembre de 2021

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Díaz, ha explicado que el objetivo es que, al final de la legislatura, en 2023, el SMI alcance el 60% del salario medio en España, cumpliendo así con la Carta Social Europea.

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Esta senda comenzó en 2019 con la primera subida, de un 22,3%, hasta los 900 euros. En 2020 y 2021, se fijó en 950 euros y ahora se incrementa otros 15 euros. En total, el SMI ha subido 229 euros desde 2019, un 31%.
Hasta la fecha, ha continuado Díaz, la subida ha supuesto la reducción de la brecha de género en dos puntos y que mujeres y jóvenes, los más afectados por perfiles salariales bajos, hayan visto mejoradas sus rentas: "Subir el SMI no es hablar de economía financiera ni paraísos fiscales, es hablar de pequeñas rentas que se van a aplicar en nuestros barrios y que van a llegar a la gente normal y a la economía real, y por eso es tan importante".

La vicepresidenta ha sostenido que no se puede hablar de recuperación justa sin este compromiso social con los trabajadores, "que dieron lo mejor de sí mismos durante la pandemia", y ha mostrado su satisfacción por que este Gobierno salga de la crisis subiendo los salarios, y no bajándolos como se hizo en la crisis financiera y económica anterior. España, ha asegurado Díaz, está a la vanguardia en la Unión Europea. En este sentido, la vicepresidenta ha anunciado que trabajará para lograr que la Directiva Europea que se está negociando al respecto pueda salir adelante y ha considerado que el nuevo gobierno alemán puede ser clave en esta nueva política social europea.

Tras el acuerdo alcanzado ayer con las organizaciones sindicales y patronales, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto Ley para la defensa del empleo y la reactivación económica y para la protección de los trabajadores autónomos, que incluye la prórroga de los beneficios de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero de 2022. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha resaltado que es el sexto Real Decreto acordado desde el inicio de la pandemia por COVID-19 para proteger el empleo y el tejido productivo. El primer objetivo del Gobierno, ha recordado el ministro, fue la protección de todos los trabajadores afectados y, a medida que ha mejorado la situación sanitaria, la activación del empleo. En este sentido, Escrivá ha afirmado que se han recuperado los niveles de empleo previos a la crisis.

La norma establece, por un lado, la prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por otro, contempla nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre, en este caso ligadas a la formación como mecanismo para mejorar la empleabilidad de los trabajadores y minimizar el desempleo. El ministro ha explicado que las empresas tendrán unas exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social que alcanzarán el 80% si realizan acciones formativas.
Por su parte, Díaz ha señalado que esta vinculación de los ERTES a la formación permitirá mejorar la cualificación de los trabajadores y responder a las necesidades derivadas del cambio de modelo productivo, la transformación digital, tecnológica y de transición justa. Además, este nuevo mecanismo, ha dicho, anticipa el resultado final de la reforma estructural del mercado de trabajo que está definiendo la Mesa de Diálogo Social, y que está previsto que se culmine antes del 31 de diciembre.

"Las empresas que hoy se sujeten a este Real Decreto, en cuanto se publique la reforma laboral, tendrán que modificar los términos y acogerse al nuevo artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que ya quedará con carácter estructural", ha explicado la ministra.

Respecto a los ERTE de impedimento, vinculados a las limitaciones de actividad se mantienen y podrán solicitarse por restricciones administrativas asociadas al COVID-19, según ha indicado Escrivá, quien considera que no serán habituales. Además, se prorroga hasta diciembre del próximo año el 'Contador 0', es decir, lo cobrado durante el ERTE no restará a lo acumulado en la prestación por desempleo. El ministro ha confirmado que habrá un ERTE específico para el conjunto de las empresas Canarias afectadas por la erupción volcán en La Palma, cuyos porcentajes de exoneración serán del 100% en caso de impedimento y del 90% en caso de limitación de actividad.

La ministra de Trabajo ha precisado que inicialmente se ha iniciado su vigencia hasta el 28 de febrero, con posibilidad de prórroga. Además, ha avanzado la aprobación de un plan de empleo y formación específico para La Palma y Canarias.
Los trabajadores fijos-discontinuos del sector turístico, especialmente en Baleares, podrán acceder a una prestación extraordinaria. Yolanda Díaz ha señalado que la temporada turística de este año, todavía afectada por la pandemia, no ha permitido a muchos de ellos obtener el tiempo de cotización suficiente para poder devengar prestaciones sociales o acceder a mecanismos de protección social.

José Luis Escrivá ha incidido en que, en el caso de los autónomos, el Ejecutivo está protegiendo no solamente las situaciones de impedimento y limitación sino también de caída fuerte de ingresos. "Vamos a posibilitar una transición suave a su activación final manteniendo las exoneraciones a las cuotas a la Seguridad social con un perfil decreciente en el tiempo hasta el mes de enero", ha dicho.
Por lo tanto, se mantienen las cuatro modalidades de protección existentes para los autónomos con rentas más bajas o caídas de ingresos muy fuertes para quienes todavía no puedan desarrollar su actividad con normalidad.
La norma aprobada hoy establece una prestación específica para los autónomos que se vean obligados a suspender o cesar en la actividad como consecuencia directa de la erupción volcánica en La Palma. El ministro ha subrayado que en este caso no necesitarán cumplir el requisito de periodo mínimo de cotización de 12 meses para acogerse a la medida.

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto que regula los programas comunes de empleo que constituyen el marco sobre el que se desarrollan las Políticas Activas de Empleo (PAE) en todo el territorio del Estado. a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de las comunidades autónomas, según su ámbito de competencias.
Díaz ha afirmado que compilar todas las normas existentes para después reducirlas, concentrarlas y rediseñarlas ha sido una tarea de enorme complejidad pero que, una vez realizada, permitirá que se adapten a las necesidades cambiantes del mercado laboral y se adecúen a las particularidades de cada territorio.
Díaz ha destacado, como novedades, los programas dirigidos las personas mayores de 45 años y los jóvenes, a quienes el mercado de trabajo expulsa por razón de edad. Se implantarán medidas para corregir este sesgo y se fomentará el retorno de los jóvenes españoles en el extranjero y la movilidad geográfica interna para que puedan aceptar ofertas de empleo en cualquier punto del país. También habrá programas específicos para colectivos vulnerables como las personas con discapacidad y las víctimas de violencia de género.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha reiterado que el Ejecutivo está comprometido con ayudar a la isla de La Palma y "no dejar a nadie atrás", tal y como ha expresado su presidente, Pedro Sánchez, con su presencia en la isla desde que se produjo la erupción. El Gobierno, ha asegurado, está trabajando en un Plan especial de reconstrucción de La Palma que recoge hoy, como primer acuerdo, la declaración de la isla como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (la antigua zona catastrófica), lo que permitirá a todos los ministerios activar distintas ayudas para atender la emergencia.
Un segundo acuerdo es la concesión de una ayuda directa del Estado al Gobierno de Canarias por valor de 10,5 millones de euros para atender las necesidades de compra o alquiler de vivienda de las personas que han perdido su hogar y para la adquisición de enseres de primera necesidad. La portavoz ha precisado que se ha acordado con la comunidad autónoma un procedimiento de "tarjeta monedero".

Asimismo, el Gobierno ha acordado crear comisiones para que se garantice el seguimiento y la agilidad en la gestión de las ayudas. "Nos preocupa ser rigurosos en la gestión de las ayudas y en intentar hacerlas ágiles porque la necesidad que tiene la población de la isla de La Palma requiere de esta agilidad", ha remarcado Isabel Rodríguez.
La Comisión Mixta, que agrupa a todas las administraciones se reunirá por primera vez esta tarde presidida por el presidente del Gobierno. La Comisión Interministerial, de la que forman parte 12 departamentos, irá sumando iniciativas con el fin de articular la reconstrucción de la isla y se reunirá el próximo lunes.
"El Gobierno quiere trasladar a las personas afectadas que su compromiso es permanente y que perdurará en el tiempo y, por tanto, tendremos una segunda fase para atender la recuperación, una vez que el volcán haya cesado en su erupción y puedan asumirse todos los daños y la reconstrucción que merecen", ha concluido la portavoz.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el período 2022-2026, un instrumento esencial para garantizar la accesibilidad e idoneidad de la red de aeropuertos. Este marco regulatorio aportará estabilidad tanto a las compañías aéreas como a los usuarios y garantizará unas tarifas aeroportuarias competitivas, un aspecto clave para facilitar la recuperación del sector. La portavoz ha señalado que los objetivos del DORA se centran en la recuperación del tráfico, la gestión eficiente de la red, la sostenibilidad ambiental y la innovación. Además, establece un marco equilibrado de inversión: 2.250 millones de euros para el conjunto del período (una medida de 450 al año), que ayudará a superar las graves consecuencias de la pandemia en el transporte aéreo.

Las tarifas aeroportuarias de Aena van quedar congeladas entre 2022 y 2026, según ha sido  plasmado por el Gobierno en el segundo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA 2), aprobado esta mañana por el Consejo de Ministros.  Esta senda de precios, que afecta a las aerolíneas y sus viajeros por el uso de la red de aeropuertos, sigue marcada por la Ley 18/2014, que fija la congelación interanual hasta 2025 como máximo al que puede aspirar Aena.
Las tarifas que comenzarán a aplicarse el 1 de enero se basan en unas inversiones de 2.250 millones en el periodo, 450 millones de media por ejercicio. La ejecución del plan fotovoltaico, por el que Aena generará en 2026 el 100% de la energía que consume, y el arranque de la ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas están entre los proyectos estrella. Otro elemento esencial para el cálculo tarifario es la estimación de tráfico, marcada aún por el efecto de la pandemia. El Gobierno habría sido más optimista que la propia Aena sore el momento en que se producorá la recuperación de los niveles de actividad previos a la crisis sanitaria.

La propuesta tarifaria que Aena realizó ante la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) era de una subida del 0,52% anual entre 2022 y 2025, y del 3,29% en 2026. Con ello, se totalizaba un alza en el quinquenio del 5,37%. El último año del DORA 2 escapa ya del corsé normativo que fue aprobado en tiempos de Ana Pastor como ministra de Fomento, ante lo que Aena se disponía a recuperar costes.

La pública basó su petición de subida en cambios normativos que han encarecido los servicios de seguridad en unos 210 millones. Estos se refieren a la inspección de equipaje de mano y en bodega y al control sistemático de las fronteras de la UE. Aena entiende que se trata de costes sobrevenidos, mientras que la CNMC opinaba que han podido ser anticipados y deben engrosar la factura de costes de explotación del perador aeroportuario.
La CNMC ya enmendó la propuesta de subida de Aena, proponiendo una rebaja anual del 0,44% hasta 2026, lo que totalizaba un descuento del 2,2% entre 2022 y 2026.

El coste medio ponderado de capital antes de impuestos (WACC) que ha tratado de sacar adelante Aena era del 7,68%, frente al 6,98% del actual quinquenio 2017-2021. Las aerolíneas exigían un WACC entre el 5,8% y el 6,5%.
Las tarifas aeroportuarias tienen un peso aproximado del 2% en el coste de un paquete turístico, suele sostener Aena, afirmando que no se trata de un elemento que pueda desincentivar un destino. Aerolíneas y hoteleras no opinan lo mismo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha señalado en rueda de prensa que las tarifas reguladas de Aena buscarán, con el mantenimiento de los niveles de 2021, la recuperación del tráfico tras la pandemia. Un 80% de los turistas internacionales que llegan a España lo hacen por vía aérea, ante lo que la reanimación de estas infraestructuras con la atracción de aerolíneas es esencial para la economía española.

El DORA 2 viene acompañado de los parámetros para medir la calidad del servicio de Aena, y con ello establecer bonificaciones o penalizaciones. Entre las novedades, han sido incluidos seis indicadores ambientales, como son los de la emisión de CO2 o el consumo de energía y agua. El documento suma un total de 22 parámetros de calidad de servicio y eficiencia, de los que la mitad influyen en los ingresos regulados de Aena. Su influencia en los ingresos por tarifas va del 2% de incremento al 2% de reducción.

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