La reforma laboral, tras las ultimas rebajas de Diaz, podría estar cerca

16 de diciembre de 2021

Con el fin de año cerca y la necesidad de presentar en Bruselas una reforma consensuada el Gobierno se ha esforzado especialmente por seducir a los empresarios con una propuesta sobre los artículos 15 y 16 del Estatuto de los Trabajadores que encaje a la patronal.

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Se trata de uno de los apartados más complejos de la reforma, que busca reducir la excesiva tasa de temporalidad en España redefiniendo las causas para firmar contratos eventuales y reordenando el menú de modalidades contractuales. Inicialmente, el Ministerio de Trabajo había impuesto limitaciones para las empresas, que han sido considerablemente rebajadas en las últimas versiones de los borradores.
Tras las últimas cesiones, la CEOE se ha abierto a pactar unos cambios en materia de contratación que no considera excesivamente restrictivos y los interlocutores dan prácticamente por cerrado este apartado de la reforma. "El esquema ya está pergeñado", aseguran fuentes al tanto de las negociaciones. El esbozo es el siguiente: el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido y se permitirán dos causas para firmar contratos temporales, por circunstancias de la producción y por sustitución de un trabajador. En la primera causa se incluye un nuevo tipo específico para actividades ocasionales (como unas rebajas o una campaña de verano) cuya duración no podrá superar los 90 días. Los sindicatos pedían 60 días y la CEOE 120, pero finalmente el Gobierno habría colocado el límite en medio.

Ese había sido hasta ahora uno de los principales escollos de las negociaciones, pero todo apunta a que, después de que el Gobierno haya renunciado a imponer porcentajes máximos de contratación temporal en las empresas de manera obligatoria -sí se contempla que puedan establecerse en la negociación colectiva-, la patronal estaría dispuesta a colocar su firma en este apartado del texto. Y ello a pesar de que algunos sectores han demandado dentro de la organización empresarial que se eleve el límite de 90 días hasta esos 120 anteriormente citados, pero en principio los tres meses serían suficientes para la mayoría de los socios, de acuerdo con fuentes conocedoras del contenido del Comité Ejecutivo extraordinario celebrado este miércoles para tratar el asunto de la reforma laboral.

La organización que preside Antonio Garamendi también ha conseguido un esquema para el contrato fijo-discontinuo que considera adecuado, tras haber logrado flexibilizar el planteamiento del Gobierno en la referencia a actividades estacionales, que pasarán a considerarse intermitentes. "Es una descripción mucho más flexible que permite seguir utilizando este tipo de contrato en unas condiciones similares a las actuales", indican fuentes empresariales. Además, la patronal ha incorporado al esquema a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), que también podrán utilizar este tipo de contratos en el nuevo marco legislativo. "En general, este apartado está cerrado con el respaldo de todas las partes", afirman las fuentes consultadas.

Pero la reforma laboral no se limita exclusivamente a replantear el sistema de contratación. Otro de los paquetes más complejos y espinosos es el de la negociación colectiva. El Ministerio de Trabajo abrió la mesa el pasado mes de marzo con un texto exclusivo sobre este apartado para incluir los cambios previstos en el acuerdo de coalición firmado entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la reforma de 2012 para reequilibrar la negociación colectiva, dando más poder a los sindicatos. Sobre el papel, principalmente cuatro asuntos: la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, el restablecimiento de la ultraactividad de los convenios, la reordenación del modelo de subcontratación y la eliminación de la posibilidad de modificación sustancial de las condiciones de trabajo por parte del empresario.

Pues bien, aquí el acuerdo también parece estos días más próximo que en los últimos meses. "La patronal ya asume que se va a recuperar la ultraactividad de los convenios, aunque no le guste, y no le da tanta importancia", revelan desde el otro lado del diálogo social. Donde también se han acercado posturas es respecto a la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial, eso sí, solo sobre algunos aspectos concretos. El sindicato quiere incluir en estos aspectos los salarios, pero la patronal se opone, aunque se abre a incorporar otros menores como la jornada, y parece que el Gobierno estaría dispuesto a buscar una fórmula intermedia para satisfacer ambas aspiraciones y la está ultimando, según las citadas fuentes.

En cuanto a la reforma de la subcontratación para la aplicación del convenio del sector de la actividad principal, tampoco es un asunto que genere una gran controversia en la CEOE, que estaría dispuesta a aceptarlo, así como un incremento de las responsabilidades subsidiarias previstas para las empresas contratistas y subcontratistas. Donde sí que ha fijado una línea roja la patronal es en la reforma del artículo 41 del ET sobre las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. "Todo apunta a que este aparatado finalmente se va a quedar fuera de la reforma porque es inaceptable para la CEOE", avanzan en entornos del diálogo social tripartito.

Otro de los asuntos más relevantes, pero sobre el que no se están dando demasiadas vueltas estos días, es el nuevo mecanismo de flexibilidad interna que acompañará a los ERTE tradicionales en el marco legislativo. Tras la controversia que suscitó inicialmente la propuesta gubernamental, tanto la patronal como los sindicatos han mostrado escaso interés por abordarlo. Según fuentes cercanas a las conversaciones, ambos se han manifestado a favor de "dejar hacer" al Gobierno en este tema, siempre que no suponga una traba para la flexibilidad empresarial, fomente la formación de los trabajadores de empresas en situaciones de crisis o procesos de reestructuración y cuente con financiación pública.

Este es el minuto y resultado de una reforma que, de salir adelante en estas condiciones, sería "de mínimos", según consideran fuentes de ámbito jurídico que añaden que "si el acuerdo se firma en estos términos, sería bastante equilibrado y permitiría a todas las partes venderlo a los suyos como beneficioso para sus intereses". A la patronal, porque habría conseguido cesiones para mitigar el impacto de los planteamientos iniciales; a los sindicatos, porque en algunas materias habrían logrado reequilibrar a su favor la balanza de la negociación colectiva; y al Gobierno, porque podría por fin cerrar una reforma que le permitiría captar otros 12.000 millones de euros de fondos europeos y cumpliría con la esencia del acuerdo de coalición en lo que se refiere a la modificación de la ley de 2012.

 

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