La licitación pública crece un 49% hasta febrero

04 de abril de 2022

Según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), las comunidades autónomas lideraron el crecimiento, con 1.687 millones de euros, un 116% más, seguidas de los ayuntamientos, que licitaron un 26% más.

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La licitación pública ejecutada por todos los organismos públicos de España alcanzó un importe de 4.110 millones de euros hasta febrero, lo que representa un crecimiento del 48,8% respecto al mismo mes periodo del año anterior. Por su parte, la administración general limitó el alza al 17,5%, puesto que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico las disminuyó casi al completo, un 88% menos, una caída compensada en parte por el incremento del 50% por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En concreto, el que dirige Ribera lanzó 25 millones de euros, apenas una décima parte que en enero y febrero del año pasado, mientras que el de Raquel Sánchez licitó cerca de 1.000 millones de euros. En este último Ministerio, todas las empresas públicas revertieron la situación de enero, cuando casi todas disminuyeron el volumen licitado, y en febrero han comenzado ya a licitar más que el año pasado.
Es el caso de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), que duplicó sus licitaciones; de Adif, que las multiplicó por cinco, hasta más de 4.000 millones; de Aena, que las impulsó un 55%; o de los puertos, que las incrementaron un 47%. En cuanto a las comunidades, Madrid fue el principal licitador, con cerca de 800 millones de euros, casi 32 veces más, seguido de Andalucía, con 240 millones, que no obstante las redujo un 8%; y Asturias, con otros 87 millones, cerca de 30 veces más.

En términos porcentuales, tras Asturias (2.722%), Madrid lideró las alzas (2.058%), seguida de Aragón (1.797%), La Rioja (539%), Castilla-La Mancha (449%), Galicia (380%), Castilla y León (211%), Cantabria (100%), Comunidad Valenciana (77%), Navarra (75%) y Canarias (12%). En el lado negativo se situaron, tras Extremadura, que las redujo un 93%, Cataluña (-53%), Murcia (-22%), Baleares (-31%), País Vasco (-15%) y Andalucía (-8%).

 

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