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Los viajes senatoriales cuestan millones

25 de septiembre de 2022

El gasto de los desplazamientos de los senadores con cargo al presupuesto de la Cámara Alta ha ascendido a 1.460.297,12 euros durante los seis primeros meses de 2022, lo que supone 306.600 euros más que el año pasado a estas alturas, cuando todavía había restricciones por la pandemia del coronavirus e incluso había limitación de aforo.

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Así consta en el portal de transparencia del Senado, en el apartado del régimen económico, donde se recogen estos gastos derivados del transporte de los parlamentarios desglosados por trimestres desde al año 2015. Los gastos del primer trimestre fueron de 618.859 euros, y, ahora, el Senado ha publicado los datos correspondientes al segundo trimestre. En concreto, desde marzo a junio de 2022, el total reflejado es de 807.144,09 euros, divididos entre los viajes parlamentarios, políticos y oficiales de los senadores, aunque la facturación total de este período, es decir, lo que realmente le cuesta al Senado, es de 841.437,58 euros, puesto que aquí también se incluyen los gastos de gestión, de cancelación y de cambio de billetes, así como los billetes emitidos pendientes de utilización.

La Cámara Alta corre con los gastos de los viajes de los senadores en los medios de transporte colectivo (avión, tren, autobús o barco) para el desempeño de su actividad parlamentaria, para realizar actividades de naturaleza política, sectorial o de representación institucional, así como también los viajes oficiales que se realicen en representación del Senado. Asimismo, el Senado entrega a los parlamentarios una 'Tarjeta-Taxi' con un crédito máximo anual de 3.000 euros, válida para cubrir sus desplazamientos en la Comunidad de Madrid, y, en caso del uso del propio automóvil, se abonan 0,25 euros por kilómetro, así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas.

Estos seis primeros meses de 2022, el Senado ha recuperado poco a poco la actividad previa a la pandemia del coronavirus, y, aunque se ha mantenido el aforo del 75% durante los primeros meses, ha gastado 306.000 euros más que en 2021 en estas fechas. En concreto, el Senado destinó 1.153.653,69 euros a los desplazamientos de los senadores durante los seis primeros meses de 2021. En total, el año pasado, los viajes de los parlamentarios costaron a la Cámara Alta 2,28 millones de euros.
Mientras, en los seis primeros meses de 2020, que coincidió con la declaración del estado de alarma por el Covid a mediados de marzo, el Senado gastó 727.285,5 euros en estos viajes, ascendiendo el total de todo el año con más restricciones por la pandemia a 1,65 millones de euros.

Por su parte, durante todo el año 2018, previo a la pandemia del coronavirus, el Senado destinó un total de 3,37 millones de euros a estos desplazamientos.

Los 'finiquitos' de exministros y altos cargos cuestan más de 10 millones cada año

Las indemnizaciones que cobran quienes ocupan los puestos de mayor responsabilidad en las administraciones son un gasto superfluo más de los Presupuestos. La más alta supera los 300.000 euros En este contexto, por ejemplo, la exsecretaria de Estado de Igualdad Noelia Vera, adscrita a Podemos, cobra al mes desde noviembre de 2021 hasta julio de 2023 una indemnización de 7.049 euros por cesantía de su cargo.

Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el expresidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Josep María Serena, que recibe 7.312 euros hasta mayo de 2024; o con el exsecretario general Manuel Rodríguez Martí, también de este organismo, que percibe 6.601 euros mensuales hasta mediados de 2024; o con el presidente emérito del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, que, desde octubre de 2021, obtiene 12.709 euros que seguirá ingresando hasta noviembre de 2023…
Son algunas de las indemnizaciones que mantiene el Gobierno y a las que tienen derecho los exministros, exsecretarios de Estado, las personas que ocupan la Fiscalía General del Estado, los máximos responsables de los organismos reguladores, y el Jefe y secretario general de la Casa del Rey tras el abandono de su cargo. A ellos se han ido sumando los responsables de los organismos institucionales (desde el Consejo de Estado al Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas) o incluso el Defensor del Pueblo. Se trata de una retribución 'diferida' de su sueldo tras su cese, incompatible con otro sueldo público o privado desde 2012, ya que pueden cobrar el 80% del salario anual durante los dos años siguientes como máximo o durante el mismo periodo en que estuvieron en el cargo en el supuesto de no cumplir los 24 meses. Se cobra mensualmente pero hay exmagistrados del Tribunal Constitucional que han percibido la indemnización en un único pago.

Mientras, los asalariados españoles tienen que acumular seis años de cotización para recibir la prestación de paro durante dos años (de hasta 1.100 euros al mes con cargas familiares) o durante cuatro meses si han cotizado un año. En nada se parece a la indemnización privilegiada que reciben estos altos cargos, que se creó en 1982 y que ningún partido se ha planteado su supresión o reducción a pesar de los tiempos convulsos de un déficit y una deuda pública desbocados.

Este 'chollo', otro gasto superfluo más de los Presupuestos, supone un gasto anual de más de 10 millones de euros (que han copiado también las comunidades autónomas), incluyendo las indemnizaciones a los ex parlamentarios, y que se incrementa en los años en que hay baile de cargos en el Gobierno, secretarias de Estado o en los organismos institucionales y reguladores. El coste se acelerará posiblemente en los próximos años cuando dejen el puesto muchos de los actuales ex dirigentes ante las posibles dificultades que puedan tener en encontrar una salida profesional ajena a la actividad pública o política.

No hay que olvidar que muchos de los altos cargos que han cesado en legislaturas anteriores procedían de la Administración, a la que han podido volver, o de actividades profesionales del sector privado, a las que han podido incorporarse por disponer de cierto prestigio curricular. Pero, ahora, hay muchos cargos políticos que han hecho carrera laboral en los partidos, desde, por ejemplo, las nuevas generaciones o el 'enchufismo', y hay además muchos currículos que dejan vacías las casillas relacionadas con la formación académica o la experiencia profesional. Es decir, ante la falta de oferta laboral, van a tener que amarrar esos dos años de cesantía que les brinda la actual legislación.

 

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