MINISTROS HIPERACTIVOS

26 de septiembre de 2022

Con Sanchez convaleciente los ministros se han lanzado a una actividad inusual tratando de llenar todo los espacio informativos con propuestas de todo tipo de afirmaciones, declaraciones y sugerencias. Así Montero se ha centrado en anunciar mas reformas fiscales y Escrivá en sus pensiones, pero con destope.

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El Gobierno insiste y amenaza con su ofensiva fiscal

El Gobierno prepara un nuevo paquete de medidas fiscales que entrará en vigor en 2023 y que irán más allá del impuesto a los ricos anunciado por el propio Ejecutivo. Esta nueva ofensiva fiscal será detallada por Hacienda "en los próximos días”. Aunque Montero no ha dado detalles de su contenido, sí ha deslizado que irán en la senda de las últimas medidas anunciadas en este sentido, como el mencionado impuesto a las grandes fortunas y el gravamen a la banca y a las energéticas.

"No pueden pedir más financiación autonómica mientras vacían sus competencias fiscales. No puede ser una cosa y la contraria, hay que ser coherente y no utilizar fiscalidad para hacer populismo", ha advertido Montero. La ministra de Hacienda ha anticipado este paquete fiscal desde la sede del PSOE, donde ha comparecido tras la reunión de la Ejecutiva de los socialistas, y bajo su cargo de vicesecretaria general. Se da la circunstancia de que el anuncio, además, coinciden con la recta final de la negociación de los Presupuestos entre los propios socios de coalición, y cuando Unidas Podemos denuncia que el diálogo está atascado y bloqueado.

Daiz contra la situación de los repartidores

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Díaz, ha anunciado este lunes que su cartera va a instar a la Fiscalía General del Estado a que investigue "si existe invasión de la esfera penal" y vulneración de los derechos de los trabajadores por parte de las plataformas de reparto. "Digo solemnemente que la 'Ley Rider' se va a cumplir. Estamos en un Estado social y democrático de Derecho y las empresas rebeldes se van a someter al Estado social y democrático de Derecho", ha dicho Díaz durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el Congreso de los Diputados.

La vicepresidenta segunda ha recordado que la Inspección de Trabajo ya ha actuado "contra dos empresas" que han "abusado con falsos autónomos" y "practican obstrucción" a la Inspección de Trabajo. "Esto es muy grave. No lo vamos a consentir (...). Soy clara: no vamos a parar y sí, el peso de la ley va a caer sobre esas empresas, que son una pequeña parte que incumplen estas normas", ha recalcado la ministra de Trabajo. Díaz ha recordado que desde la aprobación de la 'Ley Rider' se ha pasado de 3.443 asalariados en enero de 2021 a 12.144 hasta abril de 2022, todos ellos contratos indefinidos, que demuestran que "la ley está funcionando" y que la mayoría de las empresas "están cumpliendo con sus obligaciones".

La ministra de Trabajo también se ha referido en su intervención a la actuación de la Inspección de Trabajo sobre dos de estas plataformas de reparto. Desde su cartera han precisado que en el caso de Glovo las sanciones ascienden a casi 150 millones de euros, de los que 87,2 millones corresponden al importe en actas de infracciones y 61 millones de euros proceden de las actas de liquidación. Además, estima en 29.513 los trabajadores afectados.

Escrivá quiere destopar la pensiones

El ministro de Inclusión ha asegurado este lunes que el destope de la base y la pensión máxima "equivalentemente" y en un plazo "gradual y suave" de unos 30 años contribuirá, junto con la sobrecotización introducida por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), a "rellenar" de ingresos el sistema de pensiones en las décadas de 2030 y 2040, las más tensionadas por el gasto que supondrán las jubilaciones de los 'baby boomers'.

Durante su intervención en un acto organizado por la Fundación Seres, Escrivá ha recordado que el destope de la base máxima y de la pensión máxima es una de las medidas que se quiere pactar con los agentes sociales como parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo y de los compromisos asumidos por Bruselas en el marco del Plan de Recuperación español. El ministro ha insistido en que la pensión máxima en España es "relativamente baja" en el sistema contributivo, pues está en torno a los 40.000 euros anuales.
"Destopar la base máxima y la pensión máxima a la vez, equivalentemente, y haciéndolo de forma gradual y muy suave para que no tenga un efecto significativo sobre el coste laboral de las empresas, se puede hacer en 30 años, tiene la virtualidad de que rellena los ingresos las décadas de los 30 y los 40 (...), aunque desde el punto de vista del sistema, a muy largo plazo, es neutral porque recaudas antes y después pagas pensiones más grandes", ha explicado.

El ministro ha señalado que el gasto en pensiones ronda el 12% del PIB, algo por debajo de la media europea, y ha asegurado que mantenerse en esos niveles es "asumible". "Con todo este conjunto de medidas queremos estabilizar más o menos ese gasto. Habrá que ir reajustándolo en el tiempo, en los próximos años y décadas. Nuestro punto de partida es manejable, pero hay que hacer las medidas ahora, con visión a medio plazo, y hacerlo de manera gradual para ajustarlas progresivamente", ha defendido.
Escrivá ha explicado que las tensiones en el gasto previstas para las décadas de 2030 y 2040 se debe a la jubilación de una generación "muy ancha", la de los 'baby boomers', a la que sigue una generación "más estrecha". Sin embargo, esta tensión en el gasto del sistema de pensiones desaparece a partir de 2048 porque la generación de los hijos de los 'baby boomers' ya es de un "tamaño similar".

Así, para afrontar estas tensiones en los gastos, se ha adoptado el MEI, que establece una sobrecotización del 0,6% hasta 2032 y que no supone "un cambio significativo en los costes laborales de las empresas, pero sí genera un ahorro significativo" para la Seguridad Social. Y junto a ello, ahora se busca pactar con los agentes sociales el destope progresivo de la base y la pensión máxima.

Mejora en jubilación flexible y parcial
El ministro ha repasado algunas de las medidas que se aprobaron en el primer bloque de la reforma de las pensiones para garantizar la sostenibilidad del sistema, como la mejora del sistema de desicentivos a la jubilación anticipada y el diseño de mejores incentivos para que las personas demoren su jubilación. "Todavía tenemos que trabajar un poco más en mecanismos de jubilación flexible y de jubilación a tiempo parcial, que todavía hay margen de mejora en el sistema, pero decidimos empezar por la jubilación demorada, que es la más general, y luego ir trabajando en otras categorías", ha precisado.
El ministro, que ha instado a las empresas a aprovechar el talento de sus trabajadores 'senior', ha recordado que los principales riesgos de sostenibilidad del sistema tienen un componente estructural (el aumento de la esperanza de vida) y otro temporal (el mayor gasto derivado de las jubilaciones de los 'baby boomers').

En el primer caso, el problema se aborda aproximando la edad efectiva de jubilación a la edad legal, que será de 67 años en 2027, razón por la cual muchas de las medidas contenidas en la reforma de pensiones van dirigidas a ese objetivo. Las últimas dos medidas adoptadas como parte de esta reforma son la introducción de un nuevo sistema de cotización para los autónomos y la ley de planes de pensiones de empleo, cuyo reglamento de desarrollo, actualmente en el Consejo de Estado, se aprobará en el Consejo de Ministros "en las próximas semanas", según ha avanzado Escrivá.

En otro orden de cosas, el ministro ha querido lanzar un mensaje a las empresas, sobre todo a las que se están beneficiando de la situación económica actual, en alusión a las compañías energéticas y a las entidades financieras, a las que el Gobierno va a aplicar un impuesto extraordinario. "El mundo empresarial tiene que entender que desde el ámbito público debemos transmitir certidumbres a la mayor parte de la sociedad (...) Tenemos que entender, entre todos, que lo que tenemos que hacer es proteger a quienes más se han visto afectados por el coste de la energía y la inflación y eso requiere políticas redistributivas. Tienen que entender que tenemos que reajustar los recursos para que los que tienen menos renta tengan un plus de protección", ha insistido.
En este sentido, ha subrayado que los pensionistas, que ya tienen garantizado su poder adquisitivo gracias a la reforma de pensiones, también tienen que afrontar un sobrecoste por la inflación y la energía y requieren de una "protección especial".

"Me cuesta entender por eso el debate de si los pensionistas deben tener garantizado su poder adquisitivo", ha declarado Escrivá, que ha añadido que esto no se debate en otros países europeos, donde también es la norma la protección del poder adquisitivo de los pensionistas.

 

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