El déficit del Estado se sitúa en el 4,46% del PIB

30 de octubre de 2021

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado hoy una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria que recogen el impacto de la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas aprobadas para combatir la emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la misma. La evolución hasta septiembre muestra que el déficit del Estado continúa la senda descendente iniciada a partir del mes de abril respecto al mismo periodo del año anterior como consecuencia de la reactivación económica por el avance del proceso de vacunación. En concreto, el déficit del Estado en los nueve primeros meses del año de 2021 se ha red

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Asimismo, también ha publicado los datos de déficit consolidado de la
Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de agosto en términos de contabilidad nacional, que también se ha reducido un 30,9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Déficit hasta septiembre


Hasta agosto, el Estado ha registrado un déficit equivalente al 4,46% del
PIB, frente al 5,10% existente en septiembre de 2020. De esta forma, el
déficit se sitúa en 53.949 millones, lo que supone un descenso del 5,7%
respecto a los 57.196 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. Este resultado se debe a un robusto incremento de los ingresos no
financieros del 16,2%, frente al comportamiento de los gastos, que
crecen a un menor ritmo del 9,6%.
A la hora de comparar entre los dos años hay que señalar que los datos
se encuentran afectados en ambos, tanto en 2020 como en 2021, por la
reversión al Estado de algunos tramos de autopistas de peaje al finalizar
el periodo de concesión, cuyo mantenimiento posterior es asumido por el
Estado. La reversión de 2020 y una parte de la reversión de este año no
han tenido incidencia en el déficit, aunque sí han afectado al gasto y al
ingreso por el mismo importe, 1.745 millones en 2020 y 985 millones en
2021.
Adicionalmente, la situación de pandemia internacional y la consecuente
emergencia sanitaria que empezó en el primer trimestre de 2020 tienen
también un impacto en las cuentas públicas de las Administraciones Públicas durante 2021. Un efecto provocado, no solo por la crisis
sanitaria, sino por las medidas adoptadas para proteger las rentas y el
tejido productivo que se han prorrogado durante este ejercicio.
Recursos no financieros del Estado
Los recursos no financieros se sitúan en 153.197 millones, lo que
supone un 16,2% más respecto al mismo periodo de 2020. Los
impuestos alcanzan los 127.936 millones y crecen un 17,6% respecto a
septiembre de 2020.
Los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un
15,1%, de los cuales los ingresos por IVA se elevan un 16,4%. Los
impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio crecen un 21,9%
debido al IRPF, que se incrementa un 28,3%, y al aumento del Impuesto
sobre Sociedades, que se eleva un 12%. Por su parte, los impuestos
sobre el capital crecen un 113,9%, respecto al mismo periodo del año
anterior. Los ingresos de las cotizaciones sociales descienden
ligeramente un 1,2%.
Las rentas de la propiedad disminuyen un 4,3% respecto a 2020 como
consecuencia del descenso del 12,7% de los ingresos por intereses. No
obstante, se produce un incremento de los dividendos y otras rentas en
un 3,9% debido, principalmente, al mayor dividendo recibido de Loterías
y Apuestas del Estado, con 590 millones frente a 420 millones en 2020.
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios crecen un
42,6% hasta los 1.322 millones.
Los otros recursos no financieros aumentan un 14,7%. Esta evolución,
además de estar afectada por la reversión de las autopistas
mencionada, se debe, en parte, a 1.112 millones procedentes del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), sin efecto en el déficit
al tener su contrapartida en los gastos de carácter finalista por el mismo
importe, cumpliéndose así con el principio de neutralidad.

Empleos no financieros del Estado

Hasta septiembre, los empleos no financieros del Estado se han situado
en 207.146 millones, cifra superior en un 9,6% a la registrada en los
nueve primeros meses de 2020.
La partida de mayor volumen, que son las transferencias entre
administraciones públicas, ascienden a finales de septiembre a 133.206
millones, un 10,3% más que en el mismo periodo de 2020, destacando
las transferencias corrientes a las Comunidades Autónomas, que se han
incrementado un 11%, hasta alcanzar los 82.142 millones. Un aumento
debido, en gran parte, al mayor volumen de recursos transferidos para
hacer frente a la pandemia.
Por su parte, los Fondos de la Seguridad Social han recibido un 6,8%
más de recursos que en 2020, siendo necesario mencionar el aumento
en un 52,6% de las dotaciones para la Dependencia, hasta alcanzar los
1.598 millones, los mayores fondos empleados en la financiación del
Ingreso Mínimo Vital, con 2.263 millones frente a 432 millones en 2020,
así como los 2.228 millones destinados a la financiación de la prestación
contributiva de nacimiento y cuidado del menor.
El importe de los gastos del Estado relacionados con la pandemia ha
sido de 18.072 millones, de los cuales 16.759 millones son
transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones
Locales.
La remuneración de asalariados crece un 4,4%. Esta rúbrica, que
asciende a 14.382 millones, incorpora la subida salarial para este
ejercicio del 0,9% frente a un incremento salarial del 2% en 2020.
Los consumos intermedios han ascendido a 4.231 millones, un 25,9%
más de gasto que en el mismo periodo de 2020 debido al gasto en
vacunas por importe de 1.073 millones, sin correspondencia en 2020.
Por su parte, los intereses devengados crecen un 0,9% hasta situarse en
17.013 millones, mientras que las prestaciones sociales distintas de las
transferencias sociales aumentan un 3,9%, con un porcentaje de
revalorización de las pensiones de Clases Pasivas para el ejercicio 2021
del 0,9% con carácter general, el mismo que en el año anterior.

Por último, destaca la formación bruta de capital fijo, que aumenta un
1,9% en 2021 hasta los 5.244 millones, de manera que esta cifra incluye
los importes correspondientes a la reversión al Estado de algunos
tramos de autopistas de peaje al finalizar el periodo de concesión, cuyo
mantenimiento posterior es asumido por el Estado.

Déficit conjunto

Hasta agosto de 2021, el déficit conjunto de la Administración Central, los
Fondos de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas, excluida
la ayuda financiera, se sitúa en 54.950 millones, equivalente al 4,54% del
PIB. Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras el
déficit se sitúa en el 4,55% del PIB.
Administración Central
El déficit de la Administración Central se sitúa en 51.425 millones a
finales de agosto de 2021, el 4,25% del PIB.
- El déficit del Estado en agosto en términos de PIB, equivale al 4,19%,
alcanzando la cifra de 50.620 millones, un 16,6% inferior al registrado en
agosto de 2020.
-Los Organismos de la Administración Central registran hasta agosto
de 2021 un déficit del 0,07% del PIB.
Comunidades Autónomas
La Administración regional registra un superávit hasta agosto de 2021
de 2.833 millones, lo que equivale al 0,23% del PIB. Este resultado
obedece a un incremento de los gastos del 5,7%, frente a los ingresos
que crecen a un 6,8%.
Entre los ingresos caben mencionarse los impuestos sobre la producción
y las importaciones, que aumentan un 41,8% alcanzando la cifra de
10.526 millones, destacando el crecimiento de ITP y AJD en un 53,4%.
También aumentan los ingresos por impuestos sobre el capital en un
90,2% hasta alcanzar los 2.216 millones. Por su parte, los ingresos por
impuestos sobre la renta y patrimonio caen un 4,1% hasta los 36.724
millones.
Las transferencias entre AAPP crecen un 5,1% hasta los 77.485 millones.
Las transferencias recibidas del Estado representan el 48,3% de los
recursos del subsector.
Los ingresos obtenidos del resto de recursos se sitúan en 11.982
millones de euros, creciendo un 25,8%, debido, principalmente, al
crecimiento de los fondos FEDER, FEADER y FSE.
Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 7,2% debido,
entre otras razones, al mayor número de efectivos, en educación y
sanidad. Los consumos intermedios crecen un 1,9% hasta los 21.715
millones, de los cuales 13.780 millones corresponden al ámbito sanitario.
Las subvenciones aumentan un 45% hasta los 2.860 millones, por el
incremento de las ayudas al transporte, lo que se compensa con el
descenso de los intereses, que disminuyen un 14,9% hasta 2.019
millones.
Las transferencias sociales en especie se elevan en un 5% hasta los
20.474 millones, debido al mayor gasto en conciertos sanitarios y
educativos y al incremento del gasto en farmacia. Por su parte, las
prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie
aumentan un 5,4%. Por último, la inversión crece un 8% respecto a 2020,
alcanzando los 8.964 millones. De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, 4.727 millones corresponden hasta agosto a gasto socio sanitario derivado de la COVID-19.


Los Fondos de la Seguridad Social hasta agosto de 2021 registran un
déficit de 6.358 millones, lo que supone un descenso del 67,3% respecto
a los 19.431 millones del mismo periodo de 2020. En términos de PIB el
déficit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,53%, frente al 1,73% del
mismo periodo del año anterior. Este mejor comportamiento es
consecuencia de un crecimiento de los ingresos del 3,8% (destaca el
buen comportamiento de las cotizaciones con un crecimiento similar
también del 3,8%) frente al descenso registrado en los gastos de un
5,6%.
Seguridad Social
Las operaciones del subsector Fondos de la Seguridad Social siguen
afectadas por la crisis sanitaria, social y económica derivada de la
pandemia de la COVID-19 y las numerosas medidas adoptadas para
paliar sus efectos. No obstante, la favorable evolución alcanzada con la
recuperación de la actividad y sobre todo desde que se inició el proceso
de vacunación, ha motivado una reducción del impacto económico de la
pandemia en las operaciones de este subsector.
Las medidas más significativas se aprobaron en marzo de 2020 y se
encuentran actualmente vigentes, afectando a los trabajadores por
cuenta propia o autónomos, con el establecimiento de una prestación por
el cese de su actividad o la reducción de su facturación. También a los
trabajadores por cuenta ajena, a los que en caso de suspensión de
contratos y reducción de jornada por fuerza mayor temporal (ERTE) se
les reconoce la prestación contributiva por desempleo; en ambos casos
se establece la exoneración de las cotizaciones sociales (cuotas
mensuales de autónomos, aportación empresarial en el caso de
empresas y cuotas por conceptos de recaudación conjunta en el caso de
los trabajadores por cuenta ajena).
Estas medidas se han ido complementando con nuevas ayudas como las
que posibilitan el cobro de la prestación por cese de actividad junto con el
desempeño del trabajo por cuenta propia, la prestación especial para los
trabajadores de temporada, o la prestación extraordinaria por paralización
o suspensión temporal obligatoria de la actividad. Asimismo, han ido
apareciendo distintas modalidades de ERTE, de modo que el RD
30/2020, de 1 de octubre, incorpora el ERTE de impedimento, el de
limitación o los que afectan a sectores ultraprotegidos y su cadena de
valor.
El Sistema de Seguridad Social registra hasta agosto de 2021 un déficit
de 5.008 millones, inferior en un 20,4% al registrado en el mismo periodo
del año anterior. Los recursos han ascendido a 110.444 millones,
registrándose un crecimiento del 3,4% de las cotizaciones sociales, lo
que supone un incremento acumulado en su comparación con agosto de
2020 del 3,6%. Por su parte, en lo que respecta al gasto, que se totaliza
en 115.452 millones, se corresponde en gran medida con el gasto en
pensiones, que crece en un 3,1%.

Al igual que en meses anteriores, destacan los datos registrados por el
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que ha obtenido un déficit de
1.391 millones, inferior en un 89,5% al del año anterior. Este
comportamiento se debe, en gran medida, al descenso del conjunto de
prestaciones por desempleo vinculadas a los ERTE y otras medidas
COVID que alcanzan los 4.503 millones, mientras que en 2020 el gasto
se elevó en este periodo a los 11.256 millones. El resto de las
prestaciones de desempleo se reduce en un 8,1% respecto al año
anterior. El número de beneficiarios de las prestaciones de desempleo a
finales de agosto se ha reducido un 32,8% respecto a 2020.
Por su parte, el FOGASA presenta un superávit de 41 millones en los
ocho primeros meses de 2021.

 

 

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