Ribera insiste en evitar que el gas tenga precio libre

14 de marzo de 2022

El Gobierno español, junto con otros socios europeos, se ha marcado como objetivo convencer a Bruselas de la necesidad de imponer un tope al precio de la generación eléctrica con gas en el mercado mayorista de la luz (pool) para evitar que este combustible marque el precio marginal al resto de tecnologías (la nuclear, la hidroeléctrica y algunas renovables), cuyos costes de producción están muy lejos de la cotización del gas, desorbitada desde hace meses y, muy especialmente, tras el inicio de la guerra de Ucrania.

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Mientras tanto, el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Ribera  está estudiando otras opciones para, sin modificar el funcionamiento del pool, a lo que se resisten férreamente Alemania y otros países nórdicos, lograr bajar el precio de las ofertas de las centrales de ciclos combinados en el mercado eléctrico, lo que haría descender el marginal o no marcarlo para el resto. Según fuentes del sector, esto se lograría subvencionando el precio que dichas plantas pagan por el combustible a las comercializadoras a las cotizaciones internacionales.
En otras palabras, no tocar el mercado eléctrico, sino el del gas. Compensar el coste del gas, por ejemplo, de 120 euros MWh a 40 euros MWh, teniendo en cuenta la demanda (38,4 TWh el año pasado), y el coste del CO2 (en descenso) bajaría la luz en el pool a 190 euros MWh. El sistema lograría un gran ahorro, pero la subvención tendría que correr por cuenta del Estado. El Gobierno prefiere, no obstante, la opción de imponer un tope al precio del pool, porque de esa manera son las eléctricas con tecnologías inframarginales las que pagarían dejando de recibir beneficios llovidos del cielo por el gas (windfall gas).

En este contexto, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana, a través de un real decreto ley, una batería de medidas para aliviar la factura de la electricidad, especialmente, a los consumidores vulnerables y a las empresas. Entre estas figura una reforma del bono social de la luz al que tienen derecho los consumidores vulnerables (1,2 millones), que quedaría desligado de la tarifa regulada (PVPC) y, por tanto, del precio del mercado mayorista. En paralelo, tiene que aprobar un nuevo modelo de financiación de dicho bono, en que incluiría también como financiadoras a las compañías reguladas que gestionan las redes: la de transporte, Red Eléctrica, y las distribuidoras.
El resto de medidas son conocidas: la prórroga del recorte de los tributos de la luz (la suspensión del impuesto del 7% a la generación y las bajadas del IVA al 10% y del impuesto eléctrico al 0,5%). Además, se compensarán en un 80% los peajes de la industria vía Presupuestos, a la vista de la nueva flexibilidad para dar ayudas de Estado, tal como hacen ya Alemania y Francia sin oposición de la CE.
El Gobierno también regulará la revisión extraordinaria anticipada de la retribución de las renovables del llamado Recore, que permitirá una rebaja de los cargos de la factura en casi 2.000 millones de euros. Y podría aprobar el desarrollo de las subastas de energía primaria.

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