La propuesta de Escrivá, inviable

16 de noviembre de 2021

La idea de aumentar el periodo de cómputo de las pensiones también irritó a sindicatos y patronal. A pesar de que el ministro de Seguridad Social se apresuró a desmentir que en el borrador remitido a Bruselas se contemplase la posibilidad de incrementar de 25 a 35 los años que determinarán la cuantía final de las jubilaciones, lo cierto es que esta posibilidad, aunque no sobre la mesa, siempre ha planeado dentro del Ejecutivo como medida de control del sistema.

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“La capacidad del Gobierno para complicar la negociación parece no tener límite”, criticaron conjuntamente UGT y CC OO en un comunicado este último movimiento. Representantes de los dos sindicatos se apresuraron a señalar que esta ampliación nunca estuvo sobre la mesa en las negociaciones que se han venido realizando en los últimos meses, y que en el futuro calendario negociador ni siquiera aparece. “No solo repercutirá en la recuperación y en la creación de empleo, aportando más incertidumbre, sino que supondrá mayores costes para las empresas, lastrando su capacidad de competir en un mercado globalizado como el actual”, subrayó Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, en un comunicado.

La composición final del Mecanismo de Equidad Intergeneracional no se circunscribirá solamente a estos dos aspectos (aumento de cotizaciones y vida laboral), sino que, según detallan fuentes de Seguridad Social, serán varias las líneas de actuación que lo conformen. Su desarrollo será presentado este lunes, ya que fuentes sindicales aseguran no haber recibido previamente ninguna información que evaluar y sobre la que presentar modificaciones.


La última propuesta del Ministerio de la Seguridad Social sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional plantea un incremento gradual de las cotizaciones durante los próximos 13 años, frente a los 10 años que se contemplaron inicialmente, y eleva considerablemente la carga sobre las empresas. Este planteamiento, ha sido rotundamente rechazado por la patronal, que a esta hora se desmarca del acuerdo y deja vía libre a los sindicatos para negociar en solitario con el Gobierno la fórmula para garantizar las pensiones del baby boom.

El Ministerio ha propuesto, en su planteamiento final, elevar las cotizaciones de manera gradual: 0,2 puntos porcentuales en 2023; 0,3 puntos en 2024; 0,5 puntos en 2025 y 0,6 puntos en cada ejercicio desde 2026 hasta 2032. A partir de ese momento, la senda se volvería decreciente, con aumentos del 0,5 en 2033; de 0,3 en 2034 y de 0,2 en 2035. De este modo, modifica su propuesta inicial que planteaba un incremento lineal (primero de 0,5 puntos y después de 0,6) durante los próximos 10 años, a aplicar desde 2023 para engordar el Fondo de Reserva (la 'hucha de las pensiones').
El segundo componente del mecanismo establece que el Gobierno revisará con periodicidad trienal el nivel de gasto en 2050 a partir del Ageing Report de la Comisión Europea, para que no supere los 0,8 puntos de PIB (unos 10.000 millones de euros). En caso de desviación, se adoptarán medidas adicionales en el seno del diálogo social y con acuerdo en el Pacto de Toledo, que pasan por la disposición de activos del fondo de reserva, con un límite anual del 0,2 % del PIB.

Si se supera ese límite o se agota la hucha, se negociarán medidas para reducir el gasto e incrementar los ingresos por la vía de las cotizaciones. Ahora bien, la propuesta también recoge que, en el caso de que el nivel de gasto no supere ese umbral, no se aplicará ninguna medida. En ese escenario, podrá valorarse la utilización de los recursos del Fondo de Reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones, siempre en el marco del diálogo social para su elevación como propuesta al Pacto de Toledo.

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