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CGPJ: rechazado el borrador de la ley de vivienda

14 de enero de 2022

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se reunían este viernes en sesión extraordinaria para estudiar la propuesta del borrador que presentó esta semana el vocal Álvaro Cuesta, han rechazado por amplia mayoría el documento con el objetivo de analizar un nuevo texto el próximo 27 de enero.

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Según parece, se ha acordado por 15 votos a 6 rechazar el borrador y y designar a nuevos ponentes, que serán los vocales Ballestero y Lucas, para que redacten una nueva propuesta. Las mismas fuentes explican que parte de la polémica en el seno del CGPJ nace por las competencias en materia de vivienda y a posibles choques entre autonomías y Estado. Esta sería la principal razón por la que el CGPJ ha decidido echar por tierra un borrador que, con luces y sombras, daba a grandes rasgos su visto bueno al texto redactado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Según detalla el propio consejo, en sus alegaciones Lucas muestra sus dudas sobre la competencia del Estado para legislar en materia de derecho a la vivienda, que la Constitución atribuye a las comunidades autónomas. El borrador rechazado, según Lucas, "parte de una idea errónea, cual es que el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible porque algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las comunidades autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas".

El borrador aseguraba que la ley suponía “un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda”, si bien criticaba algunos aspectos como que no se especificaban los medios que se emplearán para hacer efectiva la tutela del derecho a la vivienda. Pese a su carácter básico, recogía el documento, "el anteproyecto requiere un mayor grado de claridad". También señalaba la ausencia de un mínimo grado de concreción en la definición de conceptos como infravivienda, vivienda digna y adecuada y las condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero al que deben hacer frente los hogares.

En paralelo, el borrador veía compatible la limitación de los precios del alquiler, una de las medidas más polémicas del anteproyecto, con el derecho a la propiedad recogido en el artículo 33 de la Constitución. El supuesto carácter inconstitucional de esta medida es uno de los argumentos que ha venido utilizando buena parte del sector inmobiliario y de la oposición para rechazar la normativa. El documento, sin embargo, era claro: “La regulación adoptada no hace irreconocible dicho derecho [a la propiedad] ni niega la utilidad económica de la propiedad, por lo que se mueve dentro de los parámetros de control establecidos por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

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