Bruselas capón a Transportes por no cumplir la normativa

14 de octubre de 2021

La Comisión Europea ha enviado una carta de emplazamiento al Ministerio de Transportes por no haber aplicado a tiempo la normativa europea en materia de promoción de vehículos que utilizan energías limpias.

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La legislación comunitaria fija el porcentaje de vehículos de energía limpia que la Administración debe adquirir desde este año hasta el próximo 2030, ya sean autobuses interurbanos, coches de autoridades, vehículos de recogida de basuras o de servicios postales y entrega de paquetes.
La norma está marcada desde 2019 por parte del Ejecutivo comunitario. El 20 de junio de dicho año, Bruselas decide modificar la normativa existente hasta el momento (Directiva 2009/33/CE) por su poca efectividad e impulsar la implantación de las nuevas tecnologías en los vehículos de transporte por carretera, tanto ligeros como pesados. El objetivo: reducir las emisiones derivadas del uso de combustibles fósiles y, por contra, favorecer la movilidad de bajas emisiones. Esta iniciativa perseguía en suma mejorar la calidad del aire en las ciudades y en otras zonas contaminadas.
La propia Comisión Europea lo celebró en un comunicado. "Las nuevas normas aumentarán la seguridad del mercado, estimularán la innovación y promoverán la competitividad mundial de la industria europea. Los vehículos limpios desempeñarán un papel clave en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo que ayudarán a la UE a cumplir los compromisos asumidos en el Acuerdo de París", aseguró. Hasta el momento, Bruselas ya se había comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al menos, en un 40 % para 2030 con respecto a los niveles de 1990. También había garantizado que iba a incrementar la proporción del consumo de energía renovable en un 27% como mínimo.

Para España, los deberes estaban bien delimitados en materia de contratación pública. El primer objetivo comprendía un marco temporal que iba desde el 2 de agosto de 2021 al próximo 31 de diciembre de 2025. Por ejemplo, en él se establecía que la cuota de autobuses adquiridos por la administración debían representar, al menos, el 45% de las adjudicaciones. En el segundo tramo, comprendido desde el 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030, este porcentaje debía crecer hasta el 65%. Las metas eran distintas para camiones (10 % en 2025) y turismos (36,3%)
Con la carta de emplazamiento (artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), Bruselas usa la primera de las vías de diálogo amistosas para recordar a España que no está haciendo los deberes. No en materia de objetivos, sino en la instauración de la legislación en España, como reconoce el expediente. Tras haber ofrecido al Estado la posibilidad de presentar sus observaciones, el siguiente paso podría ser un dictamen motivado. En el peor de los casos, el Ejecutivo comunitario podría empezar a dictar sanciones contra el país por un incumplimiento reiterado una vez agotadas ambas vías. Ya ha ocurrido en otras ocasiones, como con la reforma de la Ley de Protección de Datos, cuya parálisis le costó a las arcas españolas 89.000 euros por cada día de retraso. En materia de transportes, la falta de independencia de los operadores ferroviarios y aeroportuarios, Adif y Aena, respectivamente, también han irritado en Europa.

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