Reformas, de momento, imposible

07 de diciembre de 2021

El presidente del Gobierno acumula casi 40 propuestas puntuales de reforma de la Carta Magna, que siempre chocan con el muro infranqueable del PP, cuyo respaldo sigue siendo imprescindible para acometerlas.

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En el Gobierno asumen que la aritmética parlamentaria, sin el necesario concurso del principal partido de la oposición, bloquea todas las reformas plasmadas en los programas del PSOE, y por eso optan por poner el foco en la “reivindicación” de la vigencia del texto constitucional, más que en el amplio catálogo de actualizaciones que tienen en cartera. Así lo hizo ayer Sánchez, en la clausura del congreso regional del PSOE de Murcia: “La Constitución española es la educación pública de nuestros hijos, es la pensión digna de nuestros mayores, es la salud de todos”, resaltó. “La Constitución es democracia, es el Estado del bienestar, y por eso es la hoja de ruta del Gobierno progresista de España”.

Pese a que Zapatero y Mariano Rajoy pactaron de la noche a la mañana, en agosto del 2011, una reforma exprés del artículo 135 de la Constitución para blindar la estabilidad presupuestaria y limitar el gasto público en un intento de contener la gravísima crisis financiera que amenaza con la quiebra del país, ninguna otra propuesta pudo volver a reunir al PSOE y el PP desde entonces. El último ejemplo de la imposibilidad de acometer cualquier modificación de la Carta Magna, siquiera puntual, está aún encima de la mesa.
El Consejo de Ministros aprobó así el pasado 11 de mayo el proyecto de reforma del artículo 49 de la norma fundamental, con la pretensión de proteger los derechos de las personas con discapacidad. Pero ya cuando la vicepresidenta Calvo anunció este proyecto se encontró con el rechazo de un PP que sospecha de intenciones ulteriores del Gobierno, sobre todo de Unidas Podemos y de algunos de sus aliados parlamentarios, como ERC o EH Bildu.
El pasado viernes, la portavoz del Gobierno, Rodríguez, aún advertía que “no comprendemos la posición del PP en un asunto donde hay una coincidencia absoluta”, para modificar el término disminuido por el de discapacitado . “El Gobierno considera que sería necesario abordar con rigor una reforma constitucional puntual y en algo tan sensible”, defendió. “No tiene explicación lo que hace el PP al bloquear esta reforma”, admiten en la Moncloa. La ponencia política que aprobó el congreso federal del PSOE el pasado mes de octubre volvió a reivindicar el “espíritu de concordia y reconciliación” de la Constitución de 1978. “Y porque la defendemos, es nuestra convicción que es necesario emprender, con espíritu constructivo, determinadas reformas que la actualicen al siglo XXI”, advierte el documento, que se reafirma en la detallada propuesta socialista de reforma constitucional aprobada ya en octubre del año 2015, con los objetivos de reforzar el Estado del bienestar, desarrollar el Estado de las autonomías “en un sentido federal”, ampliar derechos y libertades e incorporar a Europa al texto constitucional.

Aunque el PSOE reconoce que la “urgente actualización” que a su juicio demanda la norma fundamental con estas reformas, “solo será posible desde el consenso”. Y todos en la Moncloa y el Gobierno advierten de que sigue sin ser posible dicho consenso con un PP que ni siquiera permite, al menos hasta ahora, la renovación de un Consejo General del Poder Judicial que acumula ya tres años con el mandato caducado.

El catálogo de reformas constitucionales que tiene aprobado el PSOE enumera hasta 39 propuestas. Entre las que afectan al modelo territorial, con un federalismo que “defiende la unidad del Estado, respetando la diversidad”, figuran la incorporación a la Constitución de las comunidades autónomas “por su nombre”, mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España “con el objetivo de establecer su reconocimiento como lenguas del Estado y la garantía de la libertad de uso, sin discriminación, de cualquiera de las lenguas oficiales en los territorios de las respectivas comunidades”, o la reforma del Senado para convertirlo en una auténtica cámara territorial. También la inclusión del principio de “lealtad federal” entre el Estado y las comunidades, el impulso de los instrumentos de colaboración y cooperación entre administraciones y la clarificación de sus competencias.

Igualmente, el reconocimiento de “las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas”, o la atribución al Estado de “la garantía de la igualdad de todos los españoles” en servicios básicos esenciales, en derechos y en libertades, pero también en deberes.

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