Hacienda no sabe calcular el impacto del nuevo impuesto

15 de noviembre de 2021

Hacienda y Función Pública, considera imposible la realización de un estudio para medir el alcance económico y presupuestario de los cambios aprobados sobre el citado tributo, así como en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

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El departamento esgrime que este impacto "no puede ser calculado" pues ve "impredecible" el número de hechos imponibles, así como el período de generación de la plusvalía gravable, según consta en el documento de la memoria de impactos que acompaña al decreto ley aprobado este lunes en Consejo de Ministros. "El impacto económico y presupuestario del cambio normativo no puede ser calculado, pues es directamente dependiente del número de hechos imponibles", precisan.
En concreto, argumenta que "influyen tanto la dinámica inmobiliaria del mercado de compraventas y su previsible evolución, que es variable en función del territorio y circunstancias coyunturales, como otras variables aún menos cuantificables, como puede ser la voluntad de realización de donaciones o la esperanza de vida vinculada a las transmisiones por sucesión". A esto añade otros factores como el periodo de generación de la plusvalía gravable, igual de imprevisible que los anteriores y, por tanto, "condiciona definitivamente el coeficiente aplicable para la determinación de la base imponible" en los términos que prevé el decreto.

Asimismo, señala que también condiciona el impacto la introducción de la regla para evitar la tributación por una plusvalía cuyo importe resulte contrario al principio de capacidad económica, lo que, apostilla, "impide que las previsiones de impacto puedan basarse en la regla objetiva del decreto ley y hace inviable estimar estos incrementos que efectivamente se puedan producir". En último lugar, Hacienda menciona otra circunstancia que le imposibilita para ofrecer datos futuros sobre recaudación o el impacto económico del cambio, que es el de los los tipos impositivos y coeficientes que los ayuntamientos puedan establecer en el ejercicio de sus competencias.

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