IMPUESTOS: los líos de la coalición siguen

25 de septiembre de 2022

El ala socialista del Gobierno ha confirmado este jueves su disposición a aprobar un impuesto a las grandes fortunas a pesar de que hace pocos meses se opuso a una iniciativa similar de su socio de coalición Unidas Podemos. A lo largo de la legislatura esta situación se ha repetido con varias propuestas de los morados que los socialistas rechazaron en primera instancia pero terminaron llevando a cabo.

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Medidas como la creación de un impuesto a eléctricas y entidades financieras, el Ingreso Mínimo Vital y el límite al precio de los alquileres, por las que los líderes de Unidas Podemos advierten de que primero sus medidas son criticadas y tachadas de imposibles pero terminan siendo adoptadas.
De este modo, el PSOE ha dado un giro en su posición sobre este asunto, ya que el pasado mes de junio votó en contra de una proposición de ley de Unidas Podemos para impulsar un nuevo impuesto a las grandes fortunas por encima de 10 millones de euros.
En el debate en el Congreso de los Diputados celebrado el 7 de junio la diputada del PSOE, Blanquer, criticó que el impuesto supone una recentralización de esta política tributaria y afirmó que no estaba consensuada con las comunidades. Además, puso en duda su eficacia recaudatoria y advirtió de que podía solaparse con el impuesto sobre el patrimonio.

Al ser cuestionado sobre este viraje, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este jueves que "el contexto ha cambiado" y que en este momento de crisis es necesario "un reparto mucho más justo" de las consecuencias económicas y sociales de la guerra. En la misma línea la portavoz del Gobierno, Rodríguez, señaló que "en un año han cambiado muchas circunstancias" y que los que más tienen deben ayudar a sufragar las medidas que está aplicando el Ejecutivo, cuya factura asciende a más de 30.000 millones de euros hasta final de año.
Tras conocer la nueva posición del PSOE, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Echenique ironizó con que muchas de sus propuestas primero son "bolivarianas", luego "imposibles", después "ilegales", porque la Unión Europea no lo permite, "luego empiezan a sonar bien", luego son aceptadas pero de forma temporal, hasta que después son permanentes.

El portavoz morado explicó el cambio de postura del PSOE en que, al ser una propuesta "de sentido común", "se acaba abriendo paso" y provoca que las posiciones de los partidos se muevan, recordando cómo su propuesta de acabar con los beneficios caídos del cielo no solo ha sido aceptada en España, sino en el marco de la Unión Europea.
En este sentido los morados han venido insistiendo en aplicar un recargo temporal a las grandes eléctricas y un impuesto a las entidades financieras, medidas incluidas a su programa fiscal y que incluso llevaron al Congreso. De hecho, en febrero defendieron una iniciativa en esta materia que fue rechazada por el PSOE, aunque después ambas formaciones acordaron una proposición de ley para desplegar un gravamen extraordinario a los beneficios de ambos sectores.
Este gravamen a energéticas y bancos fue la medida estrella que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el Debate sobre el estado de la Nación del pasado mes de julio y marcó el inicio de un cambio de discurso en el PSOE para presentarse como los defensores de los intereses de las clases medias y trabajadoras frente a los poderes económicos y mediáticos que, según sostienen, están vinculados al PP.


Otro pulso que mantuvieron los socialistas y los morados se circunscribió al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Durante su etapa como vicepresidente segundo y con motivo de la pandemia Iglesias pidió y logró acelerar la puesta en marcha de esta prestación --uno de los compromisos del acuerdo de gobernabilidad-- a pesar de que varios ministros del PSOE entendían que era una medida de calado que requería meses de preparación. La cuestión del IMV volvió a aflorar en los Presupuestos Generales del Estado del año 2021, cuando Unidas Podemos exigió mejoras para dotar de más rapidez a la concesión de esta ayuda ante los problemas burocráticos que presentaba, una medida a la que los socialistas accedieron finalmente.

Los socios del Gobierno de coalición también discreparon por la fijación de un límite legal al precio de los alquileres. Desde el principio de la negociación de la Ley de Vivienda, Unidas Podemos abogó por establecer un control de precios mientras que el PSOE prefería la fórmula de los incentivos fiscales. A este respecto el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirmaba en febrero de 2021 --con las conversaciones en fase inicial--que era partidario de incentivar con estímulos fiscales la salida al mercado de más viviendas para alquilar y no penalizar a los arrendadores.
Unidas Podemos por el contrario siempre fue partidario de controlar por ley el precio de los alquileres y en última instancia, aunque rebajó sus exigencias por el camino, logró que el texto aprobado en el Consejo de ministros permitiese limitar el precio en zonas tensionadas y a empresas e instituciones propietaria de más de diez viviendas.

La materia fiscal ha sido uno de los principales puntos de fricción entre los socios y ante la insistencia de los morados de desplegar en esta legislatura una reforma fiscal ambiciosa, que en su versión completa han rechazado los socialistas en el Congreso, aunque finalmente han logrado acuerdos en varias figuras tributarias.Por ejemplo, ocurrió con la subida del 15% en el impuesto de Sociedades, que los morados venía reclamando con insistencia desde comienzos del año pasado, aunque el PSOE y la titular de Hacienda enfriaba las prisas de Podemos aludiendo al informe del comité de expertos sobre el modelo tributario y su posterior estudio.
La cuestión llegó a los Presupuestos Generales del Estado y fue una de las exigencias de Unidas Podemos que finalmente se incluyeron en las cuentas públicas, pero circunscrito a la base imponible y no a los resultados contables, como demandaba el espacio confederal.

Con el decreto anticrisis el espacio confederal también vio colmada varias de sus principales demandas, como la limitación del tope de los precios del alquiler al 2%, la reducción del coste de los abonos de transporte en medios estatales o un cheque ayuda a las familias vulnerables de 200 euros, aunque los morados plantearon inicialmente una ayuda de mayor impacto centrada en una cuantía de 300 euros para hogares con rentas de hasta 70.000 euros. Los morados llevan meses reivindicando que son el motor de las principales medidas del Ejecutivo y que durante la legislatura se repite la dinámica de que, primero, sus propuestas con criticadas o se tildan de imposibles, pero con el paso del tiempo son finalmente asumidas por su socio.

La propia Belarra ha exigido en diversas ocasiones al PSOE que "pise el acelerador" en el tramo final de legislatura y que los socialistas "aciertan" cuando se acercan a sus postulados, pero que no pueden tardar meses en que las medidas a que su socio acepte medidas urgentes ante la escalada de los precios y la crisis. Por ejemplo, recientemente los morados han demandado un tope temporal a la subida de las hipotecas variables que, por ahora, el PSOE ha rechazado.


Y nuevas subidas en el IRPF

El impuesto sobre la renta que se paga por las rentas del capital podría ser más elevado en 2023. Entre la batería de propuestas tributarias que el Gobierno tiene sobre la renta con el objetivo de lograr una mayor tributación de las rentas y los patrimonios más elevados con la que financiar las medidas contra la crisis energética, está sobre la mesa una posible subida del IRPF para los rendimientos procedentes de cuentas corrientes, fondos de inversión, dividendos de acciones, seguros o de los incrementos de patrimonio en general.

Ya en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos para la formación del Gobierno se incluyó el compromiso de subir del 23% al 27% el tipo al que tributan en el IRPF las rentas de capital superiores a 140.000 euros. En los Presupuestos de 2021 se dio un primer paso, subiendo del 23% al 26% la tributación de las rentas de capital a partir de 200.000 euros. Ahora está sobre la mesa avanzar en esa dirección, con un tipo impositivo mayor, aplicable a partir de un menor nivel de renta. Cumplir el acuerdo de coalición implicaría elevar del 23% al 27% la tributación de las rentas de capital a partir de 140.000, lo cual llevaría a una mayor tributación de entre 5.600 y 8.000 euros para los contribuyentes con un tramo de rentas del ahorro entre esa cantidad y los 200.000 euros. A partir de esta última cantidad el salto sería menor, pues ya se aplica un tipo del 26% desde el ejercicio 2021. En concreto, pasar del 26% al 27% a partir de 200.000 euros supondría una mayor tributación de 2.000 euros en el menor de los casos.

Estos cálculos sirven de referencia si se aplica el acuerdo de coalición en sus estrictos términos, pero el resultado final puede llevar a otras combinaciones diferentes. En todo caso esta iniciativa puede formar parte de la batería de medidas tributarias que prepara el Gobiermo, después del anuncio de la ministra Montero, sobre un "nuevo gravamen sobre las grandes fortunas", de carácter temporal y liquidable en 2023.
El impuesto sobre la renta incluye una doble tarifa. Por una parte, los salarios, las pensiones y los ingresos profesionales o empresariales de los autónomos tributan bajo una tarifa que, con carácter general, va desde el 19% (para las rentas más bajas) hasta el 49% (para rentas a partir de 300.000 euros al año), pudiendo llegar a un tipo máximo del 54% en la Comunidad Valenciana. Por otra parte, las rentas del capital tributan bajo una tarifa menos gravosa, con tipos que van desde el 19% para ingresos anuales de hasta 6.000 euros hasta el 26% (a partir de 200.000 euros).

El Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria publicado en marzo por la comisión de personas expertas constituida por el Gobierno jutificó la existencia de una doble tarifa, más benigna para las rentas de capital, pero aconsejó una menor diferencia respecto de la que se aplica sobre las rentas del trabajo: La mayor elasticidad de las rentas del capital justifica el establecimiento de tipos más reducidos para estas rentas, mientras que los incentivos a transformar rentas generales en rentas del capital conducen a aproximar esos tipos a los aplicables a las rentas generales, se afirma en el citado informe.

De acuerdo al pacto de coalición de Gobierno, lo que ahora estaría sobre la mesa del Gobierno de coalición es elevar al menos hasta el 27% el tipo que se aplica al tramo a partir de 140.000 euros. El acuerdo de coalición también incluía elevar dos puntos la base general del IRPF para rentas a partir de 130.000 euros y cuatro puntos para un tramo a partir de 300.000 euros. En los Presupuestos de 2021 se dio un primer paso con una subida de dos puntos para rentas a partir de 300.000 euros.

La introducción de una doble escala en el IRPF fue adoptada a partir de la reforma fiscal de 2006, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el argumento de aplicar una tributación más blanda con la evitar la deslocalización fiscal de los capitales. Entonces se introdujo un tipo único, del 18%, que luego se ha ido desdoblando en posteriores reformas hasta configurar una escala con cuatro tipos (19%, 21%, 23% y 26%) para diferentes tramos de rentas de capital.

 

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