El resultado final no será muy distinta de lo presentado, ni cambiara la filosofía expansionista de unos PGE que pueden ser los últimos de Sánchez, puesto que pueden ser prorrogados

LOS PRESUPUESTOS EN EL CONGRESO

Empieza la cuenta atrás y la negociación con ERC y PNV

14 de octubre de 2021

El Gobierno ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022. Se trata de las cuentas públicas para la recuperación que, tienen como objetivo la consolidación de la recuperación económica y social tras la pandemia, con dos herramientas: la inversión productiva y la transformación de la economía gracias a los fondos europeos.

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Con la entrega de los Presupuestos en la Cámara, comienza el proceso de
su tramitación en un contexto, como ha explicado Montero en su
comparecencia, muy diferente y mejor al de la presentación hace un año
de las cuentas públicas para 2021, lo que da muestra de una gestión
económica que ha permitido una recuperación rápida.
Así, como ha desgranado la ministra, hace doce meses en España no
había ni una sola persona vacunada, la incidencia de la pandemia
superaba los 450 casos por cada 100.000 habitantes, la economía
española venía de recientes caídas del PIB del 21%, el déficit escalaba
hasta los dos dígitos y casi un millón de trabajadores estaban en ERTE.
En el momento de presentar el Proyecto de PGE para 2022, hay 37
millones de personas vacunadas, la incidencia acumulada está por debajo
de los 50 casos, la economía española es una de las que más crece y
crecerá en Europa, el déficit baja a ritmos del 30% y hay más gente
trabajando que nunca.
“El cambio que ha experimentado España en un solo año, gracias a la
ciencia y al esfuerzo cotidiano de tantos españoles, fundamentalmente de
su clase media y trabajadora, de sus pymes y de sus autónomos, nos
demuestra nuestra fortaleza como sociedad”, ha celebrado la ministra.
Pero Montero también ha señalado las vulnerabilidades y los retos a los
que aún se enfrenta España y que los Presupuestos de 2022 abordan de
manera prioritaria, como el acceso a la vivienda o el paro, problemas que
tienen una mayor incidencia en la juventud. En este sentido, las cuentas
públicas tienen partidas por 12.550 millones de euros para el segmento de
población más joven, prácticamente el doble que en 2021.

En materia de vivienda, se incrementa la dotación un 46%, hasta los 3.295
millones de euros, cifra en la que se incluyen los 500 millones de euros
destinados a incrementar la oferta de vivienda en arrendamiento a precio
asequible y los 200 millones para el bono joven para el alquiler.
En cuanto al empleo juvenil, se incorporan las inversiones en mejorar la
capacitación de los estudiantes, con un presupuesto en Educación que
supera por primera vez los 5.000 millones de euros, el 44% del mismo
(2.199 millones, la mayor cifra histórica) destinado para becas. A éstas se
unen las que pondrá en marcha el Ministerio de Justicia para las personas
aspirantes a la judicatura, la fiscalía, la abogacía del Estado o la
Administración de Justicia. También se incluyen medidas contra el
abandono escolar temprano, la mejora de los resultados educativos y el
fomento de la equidad y la calidad del sistema educativo, como la creación
de más de 60.000 plazas de primer ciclo de infantil de titularidad pública o
las al menos 1.000 unidades de acompañamiento y orientación personal y
familiar del alumnado con dificultades.


A todo ello se unen las inversiones en la transformación de la formación
profesional en las que están incorporados los 2.076 millones de los fondos
europeos y que tienen el objetivo de alcanzar las 200.000 nuevas plazas
en cuatro años. Y también 750 millones para Empleo Joven, además de
los 1.412 millones con que cuenta el Plan Nacional de Competencias
Digitales.

Otro de los retos a los que se enfrenta España y al que se ha referido la
ministra por constituir una de las prioridades de los Presupuestos es la
mejora de la productividad, la competitividad y el tamaño de las empresas.
A cumplir estos objetivos está destinado el Plan de Impulso a la Pyme, que
está dotado con 2.140 millones procedentes de los fondos europeos.
Las cuentas públicas para 2022 incluyen, asimismo, la mayor partida de la
historia en Investigación, Desarrollo e Innovación y Digitalización: son
13.298 millones de euros, casi el doble que hace dos años. Están previstas
medidas para atraer y retener el talento y para mejorar las condiciones
laborales de los investigadores.
En general, los PGE del próximo ejercicio contemplan una inversión
pública récord de 40.000 millones de euros, lo que supone un incremento
del 9,6% interanual. El objetivo: sentar las bases de un nuevo modelo
productivo para que España sea más competitiva.

Sectores destacados por los recursos que se les destinan son la industria
y la energía (11.316 millones), con el foco puesto en la aceleración de los
procesos de digitalización, automatización y adaptación de las cadenas de
valor y la logística. En particular para la reconversión y la reindustrialización
se dedican 707 millones de euros.
En políticas energéticas se invierten 3.817 millones de euros, que incluyen
la ampliación del bono social térmico, los 445 millones de apoyo al vehículo
eléctrico, los 630 millones para el desarrollo de energías renovables
innovadoras; los 555 millones para hacer de España un referente en
hidrógeno renovable; o los 435 millones para transformar los edificios de
la Administración y hacerlos más eficientes.
Al sector agrícola y pesquero les corresponden 8.844 millones. Y se
refuerzan también dos sectores especialmente golpeados por la pandemia:
el turismo y la cultura. Al primero le corresponden 1.700 millones para
mejorar su capacidad competitiva. Y al segundo, 1.589 millones, lo que
supone un incremento del 38,4%, cifras en las que se incluyen los 210
millones de euros correspondientes al bono cultural destinado a los
jóvenes que cumplan 18 años.


Aumenta también el presupuesto destinado a Infraestructuras y
Ecosistemas Resilientes: sumando los recursos nacionales y los europeos,
alcanza los 11.841 millones de euros. En carreteras se invertirán 2.300
millones; en ferrocarriles, 5.442 millones; en puertos y aeropuertos, más
de 1.700 millones; en infraestructuras hidráulicas, 995 millones; y en
inversiones que persiguen regenerar las costas, 233 millones.

Los fondos europeos que corresponden a España en 2022, los 27.633
millones de euros, se destinan en prácticamente un 90% a inversiones. “A
menudo se abusa del término histórico, pero créanme que los fondos
europeos nos sitúan ante una oportunidad única para abordar el mayor
proyecto reformador de España desde la Transición”, ha asegurado
Montero.
Asimismo, la ministra ha destacado cómo los fondos europeos se
gestionan en colaboración entre el Estado central, las Comunidades
Autónomas y los Ayuntamientos. “La cogobernanza que iniciamos el año
pasado se refleja también en estos Presupuestos”, ha insistido Montero.
En particular, las CC AA recibirán 8.712 millones de euros del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (a los que hay que sumar los
2.000 millones que suponen la partida correspondiente a 2022 del fondo
REACT), y los Ayuntamientos, otros 2.050 millones.
Sectorialmente, los destinos más relevantes de los fondos europeos son
política industrial (3.184 millones); rehabilitación de vivienda (2.839
millones); plan de choque de movilidad sostenible (2.184 millones); e
impulso a la pyme (2.140 millones).

Los Presupuestos también incluyen partidas por 4.200 millones de euros
para combatir otro gran desafío: la despoblación y el reto demográfico.
Entre las medidas más relevantes se cuenta la inversión de más de 153
millones de euros en el despliegue del 5G en municipios pequeños, con lo
que se mejorará la cobertura a un mínimo de 800.000 habitantes ubicados
principalmente en áreas rurales. También, proyectos de movilidad rural (76
millones); de mejora energética (350 millones); el fomento del turismo de
interior (223 millones); el impulso de la competitividad de los sectores
agrícola y ganadero (76 millones); así como para apoyar los cuidados de
larga duración en zonas en riesgo demográfico (290 millones).
Las medidas para ahondar en la cohesión social son, junto a la inversión,
las grandes protagonistas de las cuentas públicas. La inversión social
alcanza los 240.375 millones de euros en el Presupuesto nacional –seis
de cada diez euros de gasto–, cifra que llega a los 248.391 millones cuando
se incorporan los fondos europeos.
Algunos hitos de ese esfuerzo presupuestario contemplan que el Ministerio
de Sanidad vaya a contar en su Presupuesto nacional con el triple de
recursos para vacunas, atención primaria, ampliar los servicios de salud
bucodental o para poner en marcha un nuevo plan de salud mental.
Además, el gasto en dependencia se incrementa un 23,3%, dotando con
400 millones más el nivel mínimo y con más de 200 millones adicionales
el nivel acordado, todo ello para que las Comunidades Autónomas mejoren
las prestaciones y reduzcan la lista de espera.

La partida para las pensiones aumenta un 4,8%, lo que cubre la
revalorización de las pensiones contributivas con la media de IPC que se
registre en noviembre y la subida del 3% que tendrán las mínimas y no
contributivas.
Para protección social se contemplan 4.436 millones que financiarán el
Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones. A ello hay que sumar la
protección a la familia, pobreza infantil y prestación de servicios sociales,
políticas que se dotan con 199 millones de euros, lo que supone un
incremento de 40 millones, especialmente dirigido a impulsar el desarrollo
de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia. Y también la partida para la atención a niños, niñas y
adolescentes migrantes no acompañados se dota con 7 millones más, para
alcanzar los 35 millones.
Las políticas de igualdad de género cuentan con el mayor presupuesto de
su historia, que supera los 500 millones de euros por primera vez, tras
crecer un 14% respecto a 2021. Algunas de sus partidas más relevantes
son el programa igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que
contará con 225 millones; el Plan Corresponsables, que se dota con 190
millones; y las políticas para prevenir la violencia de género rebasan los
200 millones de euros por primera vez.

La ministra de Hacienda y Función Pública ha explicado que el cuadro
macroeconómico refleja mejoras en el mercado de trabajo, en el consumo
y en la inversión y todo ello se traduce en un incremento de la recaudación
tributaria. En concreto, se prevé un aumento de los ingresos fiscales del
8,1% en 2022, una cifra prudente si se tiene en cuenta que en 2021 el
crecimiento previsto es inferior al de 2022 y este ejercicio la recaudación
cerrará con una mejora del 10,8%.
Montero ha detallado las previsiones de recaudación por figuras fiscales.
Así, los ingresos por IRPF alcanzarán los 100.132 millones de euros, lo
que supone un ascenso del 6,7%, debido al aumento de las rentas de las
familias como consecuencia de la creación de empleo y la mejora de los
salarios. A ello hay que sumar que la declaración anual de IRPF de 2021
que se presentará a partir del próximo junio incorporará los efectos de la
subida de los tramos más elevados de las rentas del trabajo y del capital
que se incluyeron en los PGE de 2021.

El IVA mejorará su resultado un 9,5%, hasta los 75.651 millones de euros,
debido al aumento del consumo. En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, se espera que la recaudación llegue a los 24.477 millones, lo que supone una subida del 11,8%. Ello, por tres razones: la mejora de los beneficios empresariales, las menores devoluciones y por la medida que se aprobó el año pasado por la que se limitaba al 95% la exención por dividendos y plusvalías y cuyo mayor efecto se verá en la presentación de la declaración anual que se realizará en 2022.
Los Impuestos Especiales, por su parte, registrarán una subida de los
ingresos del 8,2%, hasta los 21.843 millones de euros. Dentro de éstos, el
Impuesto sobre Hidrocarburos, que representa la mitad de la recaudación,
registrará un avance de su rendimiento del 7%, hasta los 12.418 millones.
Las previsiones también recogen un aumento de la recaudación del
impuesto sobre la electricidad de 400 millones: es un tributo que ingresan
en su totalidad las Comunidades Autónomas y que se ha rebajado en 2021
para mitigar los efectos de la subida del precio de la energía en la factura.
La estimación de ingresos se ha realizado con la legislación vigente, pero
la ministra ha afirmado que se pueden tomar nuevas decisiones fiscales si
se considera necesario en el futuro, ya que los Presupuestos cuentan con
margen para ello.

Del mismo modo, Montero ha desgranado las medidas tributarias que incluyen los PGE de 2022. Éstas se limitan a tres. La ministra recordó que actualmente está constituido un comité de personas expertas para la reforma fiscal que entregará sus conclusiones en febrero. “Como señaló el presidente del Gobierno, ahora la prioridad es crecer y crear empleo”, aseveró Montero.
La primera novedad fiscal a la que se ha referido ha sido el establecimiento
de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para las
empresas con facturación superior a 20 millones de euros o que
constituyen un grupo consolidado.
En este sentido, la ministra ha celebrado el acuerdo alcanzado la semana
pasada en París por 136 países para impulsar una tributación mínima
global del 15% en el Impuesto de Sociedades y acabar con la competencia
desleal que sufren las pymes en comparación con las grandes
corporaciones.
Como ingrediente para lograr una tributación mínima efectiva del 15%
también de las empresas que se dedican al alquiler de viviendas, los
Presupuestos incluyen la reducción de la bonificación de las rentas, que
pasa del 85% al 40%. Es una medida que se incluye en la futura Ley de
Vivienda y que se incorpora ya en las cuentas públicas de 2022.
En total, con los cambios en Sociedades, el Estado ingresará 421 millones
de euros más.

En segundo lugar, los Presupuestos incluyen la limitación a 1.500 euros de
la reducción por aportaciones a planes de pensiones que figuran en el
IRPF desde los 2.000 euros actuales. Este beneficio fiscal es muy discutido tanto por la Comisión Europea como por la AIReF por su carácter regresivo
y por primar un tipo de vehículos de ahorro sobre otros.
También en el capítulo del ahorro previsor, se refuerza el incentivo fiscal
para los planes de empleo: el límite para la empresa se eleva hasta los
8.500 euros, mientras que el umbral conjunto (empresa y trabajador) se
mantiene en los 10.000 euros. Con ello, se promueve el esfuerzo
compartido entre trabajadores y empresas para impulsar el segundo pilar
del modelo de pensiones, en línea con las recomendaciones del Pacto de
Toledo. Además, como novedad, se le da la opción al trabajador de igualar
su aportación a la de la empresa, sin que la suma de las dos supere los
8.500 euros.
En tercer lugar, se prorrogan los límites actuales que permiten tributar por
el sistema de módulos en el Impuesto sobre la Renta y en el IVA, una
medida que se toma en beneficio de los autónomos. Se beneficiarán
62.905 declarantes del IRPF y 73.935 contribuyentes del IVA. Ahorrarán
114,7 millones de euros.
Por último, se incorporará un epígrafe específico en el Impuesto sobre
Actividades Económicas para periodistas y otros profesionales de la
información y la comunicación, en respuesta a la petición de las
asociaciones profesionales.
La titular de Hacienda se ha referido también al compromiso del Gobierno
en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. De esta manera, la Agencia
Tributaria tendrá un presupuesto cercano a los 1.700 millones de euros, el
mayor registrado hasta la fecha. Además, su plantilla se reforzará con
1.043 efectivos más.

Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos continuarán contando
con recursos extraordinarios procedentes del Estado central.
En particular, las CC AA ingresarán 7.004 millones de euros al margen del
sistema de financiación, cifra que resulta de sumar la cobertura de las
liquidaciones negativas de 2020 y la compensación por el SII IVA, el
sistema que puso en marcha el Gobierno de Rajoy y que perjudicó las
cuentas autonómicas.
Sumando los recursos del sistema de financiación (108.792 millones), los
fondos europeos (10.712 millones, incorporando el REACT) y la
transferencia extraordinaria (7.004 millones), las Comunidades Autónomas
contarán el próximo año con 126.508 millones de euros.
Por otro lado, las inversiones territorializadas del capítulo VI alcanzan los
13.000 millones de euros, lo que supone un ascenso del 1,5%. Las
transferencias de capital, el dinero que el Estado da a las comunidades
autónomas para que sean ellas las que inviertan, prácticamente se duplica,
al pasar de los 787 millones a los 1.491. Las inversiones cumplen las
disposiciones estatutarias que rigen en muchas Comunidades Autónomas.
Los territorios autonómicos han recibido en cuatro años de Gobierno
progresista 490.161 millones de euros, un 36% más que en los últimos
cuatro años del Gobierno del PP. Sin el apoyo de la Administración central,
no habría sido posible que las CC AA hubieran logrado por primera vez
bajar de los 30 días el periodo medio de pago a proveedores, un hito que
se ha conseguido en medio de una pandemia y tras una fuerte caída del
PIB.
En cuanto a las Entidades Locales, recibirán en 2022 las mayores entregas
a cuenta de la historia, que ascenderán a 22.062 millones de euros. A esa
cifra hay que sumar los 1.228 millones de euros adicionales. Con ello, el
conjunto de la financiación subirá un 17% con respecto a un año antes.
Los Presupuestos también incluyen una transferencia a los Ayuntamientos
por 2.050 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
La ministra de Hacienda y Función Pública ha anunciado, asimismo, que
se pondrá en marcha un mecanismo de pago a proveedores para los
Ayuntamientos que están incumpliendo el periodo medio de pago. Será
una medida dirigida a un pequeño porcentaje de municipios, ya que el 80%
de ayuntamientos y diputaciones paga a un plazo inferior a los 30 días.
“Son unos Presupuestos en los que todo el mundo puede verse reflejado
y puede sentirse identificado, pues son unas cuentas diseñadas para
resolver los problemas de los españoles, los del día a día, y también
anticipar reformas necesarias para el mañana”, ha concluido María Jesús
Montero, ministra de Hacienda y Función Pública

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