Y mientras, Trabajo no sabe como gastar los fondos para formación

03 de mayo de 2022

El Ministerio de Trabajo cuantifica en 2.635 millones de euros el dinero que, recaudado con las cuotas de empresas y trabajadores destinadas a formación, se acumula sin gastar desde 2015 cuando entró en vigor la ley 30/2015 del Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

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El montante coincide con el cálculo de empresarios y sindicatos que cifran entre 500 y 600 millones lo que cada año se queda sin ejecutar de los fondos que aportan en la cotización a la Seguridad Social, un 0,6% cobrado a las empresas y un 0,1% a los trabajadores.
Así se informó desde fuentes del ministerio que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la reunión del pasado 8 de abril del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo con datos a 31 de diciembre de 2022. A este dinero hay que sumar el remanente que se haya generado en 2021, que podría elevarse según las fuentes consultadas en unos 600 millones y lo que se haya acumulado en el primer cuatrimestre de este año, otros 150 millones. Es decir, unos 700-750 millones que sumados al remanente de los 2.635 millones acumulados entre 2015 y 2020 arrojaría una cifra que rondaría los 3.300 millones.

La última cifra conocida públicamente corresponde a los ejercicios 2015, 2016 y 2017 cuando se juntaron 1.504 millones de euros, según reconocieron en septiembre de 2018 responsables del Servicio Público de Empleo (Sepe) también en una reunión con los sindicatos y las patronales.

Cada año, empresas y trabajadores aportan con sus cuotas de formación unos 2.200 millones de euros que se han de destinar obligatoriamente de manera finalista a la formación de los trabajadores, tanto ocupados como desocupados. Aproximadamente la mitad se reparte con los servicios de empleo público autonómicos para formar a desempleados y la otra mitad se ha de destinar a la formación de los trabajadores ocupados. Esta última parte se gestiona por el Sepe y las comunidades autónomas a través de ofertas estatales de formación que se dedican fundamentalmente a cualificaciones de entidad más genérica y horizontal (idiomas, digitalización, etc.). En términos generales, cada año debería realizarse una convocatoria con un presupuesto de unos 250-300 millones de euros.

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