El montante coincide con el cálculo de empresarios y sindicatos que cifran entre 500 y 600 millones lo que cada año se queda sin ejecutar de los fondos que aportan en la cotización a la Seguridad Social, un 0,6% cobrado a las empresas y un 0,1% a los trabajadores.
Así se informó desde fuentes del ministerio que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la reunión del pasado 8 de abril del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo con datos a 31 de diciembre de 2022. A este dinero hay que sumar el remanente que se haya generado en 2021, que podría elevarse según las fuentes consultadas en unos 600 millones y lo que se haya acumulado en el primer cuatrimestre de este año, otros 150 millones. Es decir, unos 700-750 millones que sumados al remanente de los 2.635 millones acumulados entre 2015 y 2020 arrojaría una cifra que rondaría los 3.300 millones.
La última cifra conocida públicamente corresponde a los ejercicios 2015, 2016 y 2017 cuando se juntaron 1.504 millones de euros, según reconocieron en septiembre de 2018 responsables del Servicio Público de Empleo (Sepe) también en una reunión con los sindicatos y las patronales.
Cada año, empresas y trabajadores aportan con sus cuotas de formación unos 2.200 millones de euros que se han de destinar obligatoriamente de manera finalista a la formación de los trabajadores, tanto ocupados como desocupados. Aproximadamente la mitad se reparte con los servicios de empleo público autonómicos para formar a desempleados y la otra mitad se ha de destinar a la formación de los trabajadores ocupados. Esta última parte se gestiona por el Sepe y las comunidades autónomas a través de ofertas estatales de formación que se dedican fundamentalmente a cualificaciones de entidad más genérica y horizontal (idiomas, digitalización, etc.). En términos generales, cada año debería realizarse una convocatoria con un presupuesto de unos 250-300 millones de euros.