Sánchez desoye al CGPJ y aprueba la Ley de vivienda

01 de febrero de 2022

El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda, que ahora pasará a las Cortes, donde se tramitará por el procedimiento de urgencia para cumplir con uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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"Es una ley rigurosa, sólida, compacta y transversal, que blinda la condición social que debe tener la vivienda", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Transportes, Sánchez, que ha asegurado que "respeta plenamente las competencias autonómicas". El texto será la primera ley que regulará este derecho constitucional, e incorporará medidas para reforzar los parques públicos de vivienda y favorecer el acceso a ella a través de instrumentos que incrementen la oferta a precios asequibles. La titular del departamento ha calificado de "imprescindible" el contenido de la futura norma, que viene a solucionar problemas ante los que "el mercado se ha mostrado ineficaz". "Esta ley no va en contra de los propietarios sino de la especulación", ha recalcado Sánchez.
Mención especial ha dedicado la ministra al informe desfavorable emitido la pasada semana por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el voto particular de cinco vocales del sector progresista. En este sentido, ha manifestado su "respeto absoluto" por el criterio del órgano de los jueces, si bien ha recordado que el documento es "preceptivo, no vinculante".

"El Gobierno mantiene que delimitar el campo de actuación del Estado en materia de vivienda para conformar parques públicos de vivienda y fijar patrones para promocionar casas dignas y asequibles a los más vulnerables y débiles, no invade competencias autonómicas", ha recalcado Sánchez. En cualquier caso, ha añadido, "analizamos con detenimiento el informe del CGPJ y se han incorporado algunas de las observaciones y comentarios que mejoran la ley desde el punto de vista de la técnica normativa", esto es, "que aclaran el entendimiento entre competencias del Estado y de las comunidades autónomas".
En efecto, el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes, para su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. El texto fue presentado el pasado 26 de octubre y supone un hito en la actual etapa democrática, ya que se trata de la primera norma que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.

Tanto la ministra portavoz, Rodríguez, como la titular de Transportes, Sánchez, han resaltado que la futura ley consolida el "quinto pilar del Estado del Bienestar". Sánchez ha afirmado que el Gobierno ha elaborado una ley "rigurosa, sólida, compacta y transversal" que blinda la función social que debe cumplir la vivienda y tiene vocación de perdurar en el tiempo. Además, ha reiterado que la motivación de la norma es responder a las necesidades de las personas y los hogares con más dificultades de acceso, como los jóvenes, que "han visto limitada su capacidad de poder emanciparse".
A juicio de la ministra, la ley es imprescindible porque el mercado se ha mostrado ineficaz para responder a la necesidad de estos colectivos: "Los poderes públicos tenemos que garantizar el derecho a la vivienda y evitar la especulación". Sánchez ha mantenido que "la ley no va en contra de los propietarios sino que va en contra de la especulación", protege sus derechos y reconoce sus obligaciones.

Orden en el sector de la vivienda

En la misma línea, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha considerado que esta primera ley de vivienda de la democracia permite comenzar a ordenar el sector inmobiliario y dejar atrás las burbujas inmobiliarias, la especulación y los pelotazos urbanísticos.
Belarra ha recordado que la crisis financiera de 2008 provocó miles de desahucios, que las cláusulas abusivas de las hipotecas endeudaron a muchas familias y que la burbuja posterior en el mercado del alquiler ha provocado que los precios de los arrendamientos hayan subido hasta un 50% entre 2015 y 2020. Esta situación, ha señalado, ha beneficiado a fondos de inversión y grandes propietarios mientras que ha comprometido la economía de una gran mayoría de las familias, que tienen que destinar buena parte de sus ingresos al alquiler o a las hipotecas. "Por eso era hora de reequilibrar esa balanza, y por eso esta ley protege a los inquilinos, que son la parte más débil de la ecuación, se lo pone fácil a los pequeños propietarios y al mismo tiempo exige la necesaria corresponsabilidad a los grandes propietarios en la garantía del derecho a la vivienda", ha afirmado.

La ley no invade competencias autonómicas

La ministra de Transportes ha expresado el "respeto absoluto" del Ejecutivo al informe preceptivo y no vinculante emitido el viernes pasado por el Consejo General Judicial, sobre el que ha hecho algunas consideraciones.
El Gobierno entiende que el ámbito del informe debe circunscribirse a los tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se ven modificados a través de la nueva ley de vivienda. El Ejecutivo, ha añadido Sánchez, mantiene que delimitar el campo de actuación del Estado en la materia en aras a conformar parques públicos de vivienda y fijar patrones para proporcionar casas dignas y asequibles a los colectivos económicos más vulnerables no invade ninguna competencia autonómica.
Además, el proyecto de ley reconoce la capacidad y ofrece instrumentos a las administraciones territoriales competentes para que aprueben y complementen las medidas que estimen necesarias para hacer efectivo el derecho básico a la vivienda.

Responsabilidad de los partidos políticos

Ambas ministras han apelado a la responsabilidad de los distintos partidos políticos para que se apruebe esta iniciativa legal, que no va en contra de nadie y favorece al interés general. Además, las dos han agradecido el trabajo realizado por el conjunto de los ministerios que han participado en la elaboración de la norma. Sánchez ha insistido en que es una ley histórica como las leyes de matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia o la dependencia. Belarra ha reconocido "el trabajo generoso, el empuje y compromiso" del movimiento social por la vivienda digna en defensa de un derecho de todos, como es el derecho constitucional a la vivienda.

Principales aspectos de la ley

Una de las medidas más destacadas es la relativa al parque público de vivienda social. Raquel Sánchez ha explicado que se somete a protección permanente "para que no pueda ser enajenado, como sucedió en el pasado". Por su parte, Belarra ha valorado que se imponga una reserva obligatoria del 30% de cualquier promoción a vivienda protegida y que de ese 30% el 15% tenga que ir a alquiler social, de modo que se pueda construir poco a poco un parque público de vivienda en consonancia con los países europeos. En Francia, ha puesto como ejemplo, hay siete veces más vivienda social que en España, y en Países Bajos su número se multiplica por doce respecto a nuestro país.

La ley mejorará la regulación de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad. Raquel Sánchez ha destacado que, a partir de ahora, los servicios sociales se coordinarán de manera más eficaz con los jueces para poder ofrecer soluciones habitacionales a los afectados. Belarra ha incidido en que la ley garantizará que la alternativa habitacional que se busque para estas familias sea una vivienda como tal, y no un albergue, como ahora mismo está sucediendo en algunas comunidades autónomas.

Raquel Sánchez ha explicado que las Administraciones competentes podrán declarar por tiempo limitado zonas de mercado residencial tensionado y establecer medidas para impedir incrementos abusivos de la renta y conseguir una bajada de precios, ya sea reduciendo el coste del alquiler o aumentando la oferta. En estas zonas, Ione Belarra ha añadido que los incentivos fiscales previstos están diseñados para que sea más provechoso para los propietarios bajar los precios del alquiler.

Respecto a las viviendas vacías, la ley contempla que los ayuntamientos puedan hacer un recargo de hasta el 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que las grava. Belarra ha señalado que el Gobierno considera "poco ético" que haya viviendas vacías cuando tantas personas necesitan una, por lo que es necesario conseguir que entren en el mercado de alquiler o venta.

 

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