Sánchez obligado a trabajar, aunque no le gusta

10 de enero de 2022

La vagancia y el escaso rendimiento de los 22 Ministerios con sus correspondientes estructuras tendrán que empezar a trabajar antes de abandonar las mieles del poder y todo por culpa de los millones de la recuperación ya que en los próximo 24 meses deberán ejecutar más de 300 de los 415 hitos que conforman el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que incluye la aprobación de más de 30 leyes.

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Los 70.000 millones de euros que el país recibirá (ya ha obtenido 19.000 en un adelanto y desembolso) durante los próximos dos años en ayudas no reembolsables están condicionados a que se cumplan estos objetivos. Hasta el 31 de diciembre de 2021, el país reguló el 27,5% de sus obligaciones adquiridas. Según La Moncloa, se prevé que en junio de 2022 esta cifra alcance el 32,9%. El Ejecutivo también se comprometió ante la Comisión Europea a sacar adelante más de medio centenar de reformas legislativas para finales de 2023. Algunas de ellas, como la ley de repartidores, Formación Profesional o del Cambio Climático y Transición Energética, ya han sido aprobadas. Sin embargo, aún falta el 60%.
Con la enorme cantidad de normas por aprobar en un calendario tan estrecho, la Administración tendrá que usar todas sus dotes negociadoras para conseguir el respaldo del Parlamento. Y él problema no es otro que el Ejecutivo no cuenta con una mayoría absoluta y con relativa frecuencia sus socios habituales expresan fuertes reparos en apoyar sus iniciativas. A esto se suman las discrepancias en el Gobierno de coalición. El mayor ejemplo de esto es la Ley de Vivienda, por la que Podemos mantuvo congelados los Presupuestos para 2022 hasta que consiguió incluir algunos de sus reclamos en el anteproyecto. La norma debe estar lista para el tercer trimestre de este año, según el calendario aprobado por el Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno. Se pactó a la vez que las cuentas públicas, pero aún sigue pendiente del visto bueno del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y del Congreso.

Durante el año pasado el Ejecutivo ya tuvo que hacer malabares para obtener el primer pago condicionado. En julio, salvó por un voto la convalidación del real decreto ley para regular a los interinos, uno de los grandes hitos que reclamaba Bruselas. Su entrada en vigor estaba pactada para el segundo trimestre de 2021, pero a pesar de la urgencia con la que la administración lo gestionó, la norma fue publicada en el BOE hasta el 30 de diciembre. Los pequeños tropiezos no han impedido la transferencia por parte de la Comisión Europea de los primeros 10.000 millones de euros a España. Pero aún quedan otros siete desembolsos condicionados, de los cuales solo los últimos dos no incluyen reformas sino meros objetivos de gasto. En el intermedio, el Gobierno debe culminar reformas tan sensibles como la de pensiones o la laboral, que a menos de un mes de someterse a votación en el Congreso para la validación del Real Decreto-ley 32/2021, es rechazada no sólo por la oposición sino también por el PNV, ERC, Bildu, Más País y Compromís.
La negociación en materia laboral resulta compleja. Cualquier modificación al acuerdo pactado con sindicatos y empresarios pondría en peligro el refrendo de la patronal a la reforma. Pero si los socios de Gobierno no consiguen ninguna concesión, la Administración se arriesga a no contar con su voto para la convalidación. En última instancia, queda la opción de tramitar el real decreto como proyecto de ley, sin embargo eso significaría exponerlo a las enmiendas de todos los grupos parlamentarios.

Según el calendario, la ley audiovisual debería entrar en vigor durante el primer trimestre de 2002, pero aún queda su tramitación parlamentaria. La dificultad de conjugar los intereses de las productoras, plataformas y partidos políticos han hecho que España retrase más de un año la aprobación de esta normativa, que viene impuesta por una directiva europea de 2018. Otro campo de batalla se avizora en la segunda parte de la reforma de pensiones, que debería salir adelante para finales de año y que incluirá un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que reemplazará al factor de sostenibilidad aprobado en 2013 por el PP. En esta fase también habrá que abordar el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos, y la elevación de las bases máximas de cotización.
Para inicios de 2023 el Gobierno tiene que tener en marcha la reforma fiscal, que según el propio Plan de Recuperación, afectará principalmente al impuesto sobre sociedades, patrimonio y fiscalidad ambiental. Fue en abril del año pasado cuando la Administración creó una comisión de 17 expertos para analizar el proyecto y entregar el libro blanco fiscal antes de que finalice el mes de febrero. A partir de ahí, el objetivo es aprovechar este documento para rediseñar todo el sistema impositivo español a fin de recortar los puntos de diferencia con la media de presión fiscal de la Unión Europea.

Para el cuarto trimestre de 2023 debe entrar en vigor la nueva ley de cine, la de profesionales del deporte y la de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Una vez que se completen todas las reformas, el Gobierno podrá centrar sus esfuerzos en conseguir sus objetivos de gasto, entre los que se encuentran el número de viviendas que deben rehabilitar, el plan de digitalización de pymes cuya inversión total oscila en los 4.000 millones de euros, y conseguir reducir la temporalidad del sector público por debajo del 8% del total del personal.

 

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