Ribera improvisa un “paquete jurídico” para corregir el hachazo eléctrico

22 de octubre de 2021

El Gobierno Sánchez ultima un "paquete jurídico" que llevará al Consejo de Ministros para aclarar el galimatías de su reciente reforma del sector eléctrico. Los cambios en los que trabaja buscan corregir el polémico real decreto-ley impulsado por Sánchez para contener la factura de la luz.

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El decreto fue convalidado por el Congreso hace apenas una semana y será corregido en los próximos días.Sin embargo, fuentes del sector eléctrico aseguran que el Gobierno aprobará los cambios el próximo martes. Y que la corrección se incluirá como disposición adicional en un real decreto de otra temática que apruebe el Consejo de Ministros.
El principal problema de todo este baile de cambios del polémico real decreto ley, donde se pretende quitar los ingresos extra de las eléctricas por los elevados precios del gas, es que el 15 de noviembre se empezará a cobrar esta ‘extra’ a las empresas. Red Eléctrica reclamará a empresas como Iberdrola, Endesa o Naturgy, bajo la supervisión de la CNMC, unos ingresos que según la normativa actual provocaría un pago mensual de cerca de 1.000 millones de euros a cada gran eléctrica.

El problema es que las empresas tienen que presentar en las próximas semanas la documentación a Red Eléctrica sin saber cómo les afecta. Este “paquete jurídico” busca resolver todo el malestar del sector con esta normativa sin tener que sacar un nuevo real decreto ley que tenga que necesite una nueva luz verde del Congreso. “No se ha decidido todavía cómo se va a tramitar esta matización jurídica, que irá de la mano de un nuevo sistema de protección de los consumidores vulnerables”, explican fuentes cercanas al equipo de Teresa Ribera.
Desde el mercado adelantan que este "paquete" dejará fuera de la minoración de estos beneficios a los contratos bilaterales anteriores al 14 de septiembre. También a los futuros acuerdos que firmen las empresas con sus clientes y que no recojan el elevado precio del gas.

El decreto de urgencia que puso en marcha el Gobierno el pasado 17 de septiembre, tuvo que ser matizado una semana después porque castigaba la producción de plantas fotovoltaicas o eólicas. Una matización, que no modificación porque tiene rango de ley, del real decreto-ley que dejaba al margen a los acuerdos intragrupos de las grandes eléctricas.
Ahora se quiere dar un 'status' jurídicos a todas estas correcciones de esta controvertida normativa que pretendía ayudar a bajar el precio de la luz. Unos cambios que llegarán, según insisten desde el mercado, 'incrustando' este paquete jurídico como disposición adicional a otro real decreto ley que tenga el Gobierno en marcha. Un 'parche' que pretende reducir la tensión con las empresas sin tener que volver al debate político.

 

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