O CONMIGO O CONTRA MI

El decreto de salvación una sola pieza que se aprueba o se rechaza

29 de marzo de 2022

El decreto que contiene el plan de choque de respuesta a la crisis, que ha sido aprobado este martes en Consejo de ministros, ha sido configurado como una norma cerrada. Es decir, Moncloa quiere la convalidación en el Congreso sin introducir el compromiso al que llegó Pedro Sánchez con los barones populares en la Conferencia de Presidentes de La Palma, donde el Ejecutivo se posicionó a favor de bajadas fiscales.

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Ese compromiso es ahora rectificado por el Gobierno en plena negociación con los grupos parlamentarios para convalidar el plan de choque en el plazo de un mes en sede parlamentaria. Moncloa ha empezado a distribuir el decreto a sus socios, horas antes de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y tiene previsto hacerlo también con el PP. Pero sin abrirse a modificarlo a través de la tramitación de la norma como proyecto de ley. Es decir, no habrá negociación porque el Ejecutivo entiende que la futura ley ya incluye todas las demandas de los diferentes sectores afectados. De hecho, la vicepresidenta primera del Gobierno, ha afirmado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los sectores han pedido "que no se redujesen los impuestos porque para ellos no servían estas medidas". Calviño ha defendido que "la medida adecuada no puede ser una bajada generalizada de impuestos" y ha dado por descartada la opción que tanto Sánchez como la ministra de Hacienda, Montero, se abrieron a valorar.

Así, el real decreto que aprueba este martes el Consejo de Ministros únicamente prorroga las medidas fiscales vinculadas a la electricidad y que ya llevan meses en marcha. Es decir, hasta el 30 de junio, el IVA de la electricidad se mantiene en el 10%. De igual forma, el impuesto especial sobre la electricidad (IEE) seguirá siendo del 0,5% y el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica continuará suspendido.
Estas medidas tendrían un coste fiscal de entre 10.000 y 12.000 millones de euros, según los cálculos de Hacienda, si se prorrogan hasta final de año. Sobre el impacto del resto de medidas, Calviño ha explicado que la nueva línea de avales del ICO tendrá un "reflejo presupuestario durante los próximos años" pero ha subrayado que los avales aprobados durante la crisis del coronavirus han tenido un impacto muy limitado a nivel de impagos o deterioros. Sobre las ayudas directas, cifradas en 6.000 millones de euros, la vicepresidenta ha reconocido que concluirán en "un aumento de gasto o reducción de los ingresos". En cualquier caso, Moncloa espera que los datos de deuda y déficit de 2021, que se conocerán en los próximos días, fijen "un punto de partida sólido" para poner en marcha este plan.
El plan también incluye la rebaja generalizada de 20 céntimos por litro de combustible. Sobre la ampliación de esta medida a toda la ciudadanía, que no distingue por ingresos ni por patrimonio, Calviño ha argumentado que no pueden pedir a las gasolineras que soliciten la declaración de la renta a los clientes. Por ello, ha insistido en que se trata "de una medida general con impacto macroeconómico significativo" que busca aliviar "al conjunto de la sociedad".

A nivel macroeconómico, el objetivo del Gobierno es que el plan contribuya a alcanzar "cuanto antes el máximo de la inflación para que cuanto antes empiece la desescalada de precios, que todos los organismos prevén para la segunda parte del año", ha expresado Calviño. "El plan de respuesta que está poniendo en marcha está totalmente alineado con las recomendaciones de los bancos centrales como del resto de organismos internacionales", ha insistido. Preguntada sobre si el Ejecutivo tiene la reforma fiscal en su hoja de ruta -algo que ya ha descartado Montero- Calviño ha respondido que las prioridades del Gobierno son las de garantizar que se amortigua el impacto negativo de la guerra, se reparte de forma justa ese impacto y se acelera en el despliegue de las inversiones del Plan de Recuperación.

El Gobierno defiende que el plan ha tenido en cuenta las aportaciones de los grupos políticos, los agentes sociales y también de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por ello, espera contar con el apoyo de los mismos, en un momento "después de una pandemia, de un volcán y de una guerra de a las puertas de Europa", ha insistido la vicepresidenta Calviño.

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