Los besuqueos de poco o nada valen a la hora de la verdad

A VUELTAS CON EL GAS

El plan de recortes en entredicho

25 de julio de 2022

El plan de emergencia de la Comisión Europea para recortar el consumo de gas en previsión de una ruptura energética con Rusia está siendo suavizado y flexibilizado por los gobiernos de la UE, con el de España entre los más beligerantes a favor de matizar el proyecto de Bruselas.

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El último borrador del Reglamento mantiene el objetivo de un recorte lineal y generalizado del 15%, pero introduce numerosas excepciones y ajustes para adaptar el ahorro a las necesidades energéticas de cada país. La Comisión Europea, además, dejaría de tener la potestad absoluta para declarar el estado de alerta, como contemplaba el proyecto original, y tamaña decisión deberá ser sometida a votación de los 27 Estados miembros.
El Gobierno de la República Checa, país que preside este semestre el Consejo de la UE, trabaja a marchas forzadas desde el pasado miércoles para pulir todas las aristas de la propuesta de la Comisión y lograr un texto que pueda ser aprobado este martes por los ministros de Energía, que se reúnen en sesión extraordinaria en Bruselas. Fuentes diplomáticas consideran alcanzable el acuerdo, aunque el último borrador del Reglamento, todavía suscita inquietudes en numerosas capitales.

Fuentes diplomáticas insisten en que el objetivo prioritario es mantener la unidad y se intentará por todos los medios lograr un acuerdo que respete las necesidades de cada uno de los Veintisiete. Las mismas fuentes indican que en caso contrario se daría una oportunidad al presidente ruso para fomentar la división y que cada socio busque su propia vía para mantener el suministro de gas. De momento, Moscú ya ha logrado abrir ese camino alternativo con Hungría, un país que la semana pasada anunció que está negociando con el Kremlin un aumento de las importaciones de gas ruso.

El texto de la Comisión mantiene el objetivo de un recorte voluntario del 15% del consumo de gas entre el 1 de agosto y el 31 de marzo de 2023. Pero introduce matices que pueden facilitar un recorte menor en varios países, entre ellos, España y Portugal. De entrada, se descontará del cómputo de gas consumido el utilizado para rellenar las reservas, por lo que el porcentaje de reducción se aplicará a un volumen menor. La última propuesta de reglamento busca superar las objeciones de países como España, Portugal o Malta ofreciéndoles un traje a la medida.

Ribera insiste en que no sufriremos recortes

La vicepresidenta Ribera, ha insistido en el rechazo a la medida aprobada por Bruselas para reducir un 15% el consumo de gas, y cree "muy difícil" que se pueda obligar a ello, más allá de realizar recomendaciones generalizadas.

En una entrevista ofrecida por ETB, Ribera ha señalado que parece que el otoño-invierno va a ser "complicado", pero ha asegurado que las familias pueden estar "tranquilas" porque no va a haber problemas de suministro de gas. "Todo apunta que no tiene por qué haber ningún tipo de problema respecto al suministro en nuestros hogares ni en nuestra industria", ha añadido.En este sentido, ha recordado que España "está bien posicionada y no depende de las materias primas energéticas rusas en la misma medida en que sí lo hacen otros estados miembros de la Unión Europea".
No obstante, ha explicado que si afecta en los precios y "en la necesidad de ser solidarios con quienes lo están pasando mal, siempre dejando claro que las familias pueden estar tranquilas". "La economía productiva y los sectores industriales en España no tienen un problema de seguridad de suministro", ha insistido.

La ministra se ha referido a la propuesta de la Comisión Europea para reducir el consumo de gas, para señalar que "es muy difícil hacer obligatoria" una restricción del consumo, pero sí considera que se puede "velar porque las recomendaciones sean aplicables de la manera más generalizada posible". A su juicio, "es importante", por ejemplo, "jugar con los termostatos, manteniendo una temperatura de confort, que no sea excesivamente fría o calurosa en invierno".Sobre la posibilidad de que se tengan que dilatar en el tiempo los compromisos climáticos al intentar reducir la UE su dependencia de los gasoductos rusos, sobre todo en lo que se refiere a Alemania, Teresa Ribera considera que el planteamiento que se hace es que haya "flexibilidad en el muy corto plazo".
De esta forma, según ha precisado, no se renuncia a los compromisos a medio y largo plazo. Sin embargo, ha advertido de que "hay que tener mucho cuidado para que esa respuesta excepcional" no sea "para quedarse".

Por último, ha asegurado que las relaciones del Gobierno con las compañías eléctricas en estos momentos "son correctas, profesionalmente sólidas y francas respecto a aquellas cosas" que al Ejecutivo le parecen "manifiestamente mejorables". A preguntas de si las eléctricas no han estado a la altura, Ribera ha respondido que "ha habido veces que han estado más a la altura que esta". "Choca mucho la presentación de los resultados trimestrales, con unos incrementos muy importantes de los beneficios declarados, mientras que hemos vivido un incremento de los costes energéticos para la población en general y para la industria", ha remarcado.

Moncloa prepara una carta para la Comisión y busca apoyos

 El Gobierno prepara una carta con destino a la Comisión Europea como respuesta al reglamento anunciado de forma unilateral por Bruselas, algo que en el Ejecutivo no entienden. En esa misiva se ofrecerá una "búsqueda de soluciones" ante una propuesta que "no nos gusta".

De forma paralela, Moncloa y Transición Ecológica han abierto una ronda de contactos con varios países del club comunitario para intentar doblegar los intereses de otros gobierno, como el alemán, que ya ha aceptado la propuesta. "Vemos países muy vocales", indican desde el Gobierno. Portugal y Grecia están con España. Polonia y Hungría también. Quieren que Bruselas no establezca objetivos vinculantes. El Gobierno de Macron "se lo está pensando". Y el de Draghi, tras la convocatoria electoral, se encuentra en un escenario similar.

España está dispuesta a dar la batalla con el citado argumento de que España puede multiplicar su exportación de gas a los países que los necesiten. Por poner cifras: la media histórica mensual de gas traspasada al otro lado de los Pirineos es de 2 teravarios hora (TWh) y España podría pasar a exportar 6,7 sin inversiones adicionales. A través de varias vías: los tubos que conectan con Francia o los barcos. Las regasificadoras están listas para exprimir su funcionamiento y el puerto del Musel, a punto de empezar a operar. Sólo falta que Bruselas y otros países lo vean igual y se consiga esta especie de 'excepción solidaria' antes de que el reglamento entre el funcionamiento el 1 de agosto.
Otro argumento que está empleando el Gobierno en las conversaciones con el colegio de comisarios y con otros socios es el de actuar sobre la oferta y no sobre la demanda, como propone la Comisión. Otro dato: el reglamento comunitario en discusión propone recortar la demanda para consumir 45 bcm (el citado 15%; para que el lector se haga una idea 1 bcm equivale a unos 10 metaneros de gas natural licuado), pero España defiende actuar sobre la oferta porque nuestro país está en condiciones de ampliar las exportaciones gasistas a Francia.

Actualmente el 20% de la producción gasista de España se está exportando a otros países. A Francia pasa aproximadamente la mitad por los dos tubos que hay operativos en los Pirineos. El famoso Midcat (algo que en el Gobierno califican como el "nuevo corredor de hidrógeno") no alcanza. Debería contribuir a incrementar las exportaciones, pero hace falta una inversión que no cubrirá este invierno. Por interconexión eléctrica España aporta un 8% adicional del gas. Y por buque, a través de la conexión Barcelona - Italia, sale el 2%. El Musel (que podría llegar a exportar 8 bcm cuando esté funcionando al cien por cien) ofrecerá un nuevo corredor marítimo por el Mar del Norte. El problema es que Francia y Europa también tiene cuellos de botella, no son tan sencillas las conexiones. Todo está relacionado.

Desde el Gobierno dejan claro que el objetivo de esta fuerte presión que están ejerciendo es no exigir restricciones "a ningún consumidor en España". Ni doméstico ni industrial. Que todo se quede en "recomendaciones". Por ello piensan llegar a este martes con "una solución positiva, que no implique sacrificios ineficientes". En este momento el consumo de gas en España se concentra en un 50% en la industria, otro 25% es energético y el 25% restante lo realizan pymes y hogares. Si el Ejecutivo no consigue sus objetivos las restricciones se centrarían en la industria, asumen.

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