Una vez mas, la ETA sacara un buen redito a sus apoyos al débil Sánchez que no tiene otra manera de seguir gobernando desde la venta de todo lo que le pidan unos y otros

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Los PGE logran los apoyos para seguir adelante

23 de noviembre de 2021

El Gobierno de Pedro Sánchez suma un apoyo más para sus cuentas. El coordinador general de EH Bildu, Otegi, ha anunciado este lunes que su formación votará a favor del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. La Mesa Política de la coalición abertzale, reunida hoy en San Sebastián, ha adoptado la decisión votar sí a las cuentas públicas de España.

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El Gobierno ha conseguido así, esquivar la aplicación de la batería de enmiendas de sus socios que le exigían situar la pensión mínima del sistema público de pensiones en el mismo nivel que el Salario Mínimo Interprofesional (965 euros mensuales) y que amenazaba con descuadrar para los restos las ya tensionadas cuentas de la Seguridad Social, pero a cambio ha tenido que plasmar negro sobre blanco su compromiso de revisar de aquí a un año el actual sistema de determinación de la pensión mínima y alumbrar con la ayuda de los agentes sociales un nuevo esquema "que tenga en cuenta la evolución del salario mínimo interprofesional", según reza una de las enmiendas transaccionadas con ERC con las que el Gobierno ha tenido que transigir para seguir adelante con la tramitación parlamentaria de su reforma de pensiones.

La reforma de pensiones del Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido el respaldo parlamentario suficiente para que en los próximos meses se conviertan en realidad medidas como la revalorización automática de las pensiones con el IPC, los nuevos coeficientes reductores sobre la jubilación anticipada o la controvertida subida de cotizaciones de 0,6 puntos entre 2023 y 2032 con la que se pretende sufragar la factura de las jubilaciones de la generación del 'baby boom', pero también incluirá una serie de compromisos a futuro que sus socios le han forzado a aceptar para brindar su apoyo parlamentario. Uno de ellos es el de abordar la mejora de las pensiones mínimas del sistema, que buena parte de las formaciones del 'bloque de la investidura' han tildado este lunes de insuficientes y sobre las que han arrancado un compromiso al Gobierno.

Éste se plasmará en una nueva Disposición Final Quinta al proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas para garantizar la sostenibilidad económica y social del sistema que bajo el título de 'Suficiencia de las pensiones mínimas' obligará al Gobierno a llevar de forma inmediata a la mesa de diálogo social "una revisión de los criterios para la determinación de la cuantía de las pensiones mínimas" con el objetivo de garantizar su suficiencia y a impulsar en el plazo máximo de un año una reforma legal "para establecer reglas relativas a la evolución de las pensiones mínimas que tengan en cuenta la evolución del SMI".

La fórmula acordada entre Gobierno y Esquerra es más genérica que la planteada por la enmienda conjunta de ERC y Bildu que proponía la configuración de un sistema de revalorización automática de las pensiones mínimas orientado a lograr el objetivo de que éstas alcanzaran un nivel equiparable al 90% del Salario Mínimo.

Hora y cuarto de debate parlamentario...y reforma aprobada

La izquierda parlamentaria ha empujado a los partidos que sustentan al Gobierno a asumir que el texto de la reforma de las pensiones incluya una cláusula por el que se compromete a garantizar el actual nivel de prestaciones públicas del sistema, entendido como la tasa de sustitución sobre el último salario que hoy garanticen las prestaciones públicas. Además, Seguridad Social tendrá que impulsar de aquí a un año una auditoría pública de sus cuentas, que revele las cargas ajenas que ha tenido que asumir en los últimos años y los eventuales gastos impropios que ha soportado desde el año 1967 nada menos. Se trata de acreditar, según ERC, el expolio que ha sufrido la Seguridad Social en los últimos años y que en opinión del diputado republicano Joan Salvador está en el origen de la supuesta insuficiencia financiera del sistema público de pensiones, que rechaza.

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