SEPI no es capaz de gastar los fondos recibidos para sanear empresas

03 de mayo de 2022

El 30 de junio de 2022 es la fecha límite marcada por Bruselas para que el Ejecutivo pueda seguir concediendo ayudas públicas a las empresas a través del Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, y del Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19, gestionado por Cofides. Ambos cuentan con una dotación de 11.000 millones, de los que solo se han gastado hasta el momento 2.450 millones

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El fondo de la SEPI contaba con una dotación inicial de 10.000 millones de euros, de los que por ahora solo se han desembolsado 2.125 millones en 19 operaciones, lo que apenas representa un 21% del total, mientras que el gestionado por Cofides contaba con una dotación inicial, de los que ya se han repartido 325 millones entre 33 empresas, un 33% del total. Ambos organismos se preparan para pisar el acelerador y tratar de aprobar el mayor número de proyectos en esos 59 días que quedan antes de que se acabe el plazo. Y el que más debe correr es la SEPI, ya que el consejo rector del Fondo está todavía valorando la concesión de 35 solicitudes por valor de 3.185 millones de euros. El objetivo que se ha marcado el citado organismo es llegar al 30 de junio con 69 expedientes analizados, entre ellos los 19 aprobados, los 15 rechazados y los 35 en estudio hasta ahora. En el caso de que los 35 expedientes en estudio recibieran el visto bueno se habrían ejecutado 5.310 millones, con lo que se habrían quedado sin asignar 4.690 millones de euros.

La gestión del Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas se vió salpicada por la concesión de una ayuda de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra, 19 a través de un préstamo ordinario de 19 millones y un préstamo participativo de 34 millones. La Justicia paralizó temporalmente la concesión de la ayuda a partir de las demandas de PP, Vox y Manos Limpias, al considerar que no estaba suficientemente justificada la concesión de la financiación. Los demandantes consideraban que el quebranto económico de la aerolínea no era consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus, uno de los requisitos para acceder a las ayudas, y que la empresa estaba en causa de disolución cuando solicitó el rescate. Finalmente, la justicia dio la razón a a la aerolínea en agosto de 2021 y le permitió desbloquear la ayuda. La sombra de la duda obligó a la SEPI a extremar los controles, lo que retrasó la concesión de ayudas, y a echar mano de consultoras externas para la agilización de los expedientes. La primera vez que lo hizo fue en septiembre de 2021, fecha en la que la abrió un proceso para contratar asesores externos para analizar las solicitudes de Air Nostrum, el Grupo Siro, Técnicas Reunidas y el Grupo Áreas. Solo un mes después volvió a recurrir a esa fórmula para estudiar las propuestas de Vicinay Marine, Imasa, Isastur, Pacadar y eDreams Odigeo. En diciembre realizó dos contrataciones diferentes para estudiar las solicitudes de tres hoteleras (Blue Sea Hoteles, Silken, Vincci Hoteles) y las de aerolínea Volotea, la cadena de clínicas dentales y medicina estética Vivanta y la editorial Vicens Vives. En febrero de 2022 lo hizo para las hoteleras Bluebay y Meeting Point.

El otro instrumento creado por el Gobierno para rescatar a pequeñas y medianas empresas es el Fondo de Recapitalización de Empresas afectadas por la Covid 19, gestionado por Cofides y dotado con 1.000 millones de euros. Las ultimas aprobaciones se hicieron públicas la pasada semana, mostrando un balance de 33 solicitudes de ayuda aprobadas por valor de 325 millones, lo que supone un 33% de la dotación inicial. “Continuamos trabajando para que esta cifra crezca y pueda alcanzar al mayor número de compañías posible”, recalca Rodrigo Madrazo, director general de Cofides.


El Consejo de Ministros ha dado luz verde esta mañana para la concesión de nuevas ayudas con cargo al Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Se trata del rescate financiero del grupo Juliá, que recibirá una inyección de 38 millones de euros, y del de la firma de cátering Mediterránea, con 28 millones.
De este modo, la SEPI ha iniciado el proceso, para aprobar los 35 expedientes pendientes de aprobación. El objetivo de la sociedad estatal es llegar al 30 de junio, fecha en la que se acaba el plazo para la concesión de ayudas de estado en la prerrogativa concedida por Bruselas, con 69 expedientes revisados, entre los 21 aprobados hasta esta mañana, los 15 rechazados y los 33 que aún están pendientes de autorización.


 

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