Contenido del decreto

29 de marzo de 2022

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley que incluye una bonificación extraordinaria y temporal del precio de venta al público de determinados productos energéticos de la que serán beneficiarias tanto las personas como las entidades que los adquieran entre el 1 de abril y 30 de junio de este año.

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Los productos cuya adquisición dará derecho a la bonificación serán la
gasolina, el gasóleo A y B, el gasóleo para uso marítimo, los gases licuados
de petróleo para la propulsión de vehículos, el gas natural comprimido
licuado para vehículos, el gas natural licuado, el bioetanol, el biodiesel, así
como las mezclas de gasolina con bioetanol o de gasóleo con biodiesel
que requieran etiquetado específico. También dará derecho a la
bonificación la adquisición del aditivo AdBlue.
La norma también marca los usos que darán derecho a estas
bonificaciones: uso como carburante en motores de vehículos terrestres,
uso como carburante en embarcaciones y uso como carburante en
motores estacionarios y todo tipo de maquinaria.
La rebaja que promueve este Real Decreto-ley asciende a los 0,20 euros
por litro o por kilo de combustible repostado tanto por personas usuarias
particulares como por parte de empresas y autónomos.
El Real Decreto-ley define asimismo la figura del “colaborador” en la
gestión de esta bonificación. De esta manera, se califican como
“colaboradores” aquéllos que ostenten la titularidad de los derechos de
explotación de las instalaciones de suministro de combustibles y
carburantes al por menor, así como las empresas que realicen las ventas
directas a los consumidores finales de los productos objeto de bonificación.
Y la norma marca en qué consistirá la colaboración: en cada suministro
que se realice en las condiciones que supongan la aplicación de la
bonificación se efectuará un descuento en la factura final, impuestos
incluidos, equivalente al importe de la bonificación. Es decir, la bonificación
se aplicará en el punto de venta y repostaje.
El colaborador deberá hacer constar en todos los documentos que expida
con ocasión del suministro al menos una de las siguientes informaciones:
- El importe de la operación, distinguiendo el precio antes de aplicar
el descuento y después de aplicar la bonificación, así como el
importe de la bonificación aplicada.
- Referencia expresa a la aplicación de la bonificación recogida en el
Real Decreto-ley.
El impacto presupuestario de esta medida asciende a los 1.423 millones
de euros.

Devolución o posibilidad de solicitar anticipos

Los colaboradores en la gestión de la bonificación podrán solicitar la
devolución de las bonificaciones efectuadas. Para hacerlo, deberán
presentar mensualmente, en los primeros quince días naturales de mayo,
junio y julio, a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) o de la administración foral que
corresponda, una solicitud de devolución de las bonificaciones efectuadas
en el mes anterior, por el importe que resulte de aplicar el descuento al
volumen de litros o kilogramos que se haya suministrado a los
consumidores finales en el periodo de referencia, en cada ámbito territorial.
Asimismo, el operador también podrá solicitar, antes del 15 de abril de
2022, a la AEAT o a la administración foral que corresponda, un anticipo a
cuenta. Este anticipo a cuenta podrá solicitarse por el importe máximo de
la bonificación que correspondería al 90% del volumen medio mensual de
los productos incluidos en el ámbito objetivo de esta bonificación vendidos
por ese colaborador en el año 2021, de acuerdo con lo reportado al censo
de empresas que realizan ventas directas a consumidores finales. El
importe de este anticipo no podrá ser superior a los dos millones de euros
ni inferior a los 1.000 euros.
La AEAT será la entidad competente en materia de pago de las solicitudes
de devolución de las bonificaciones, así como de los anticipos a cuenta,
así como de todas las actuaciones de gestión, control y recaudación para
su tramitación, salvo en el ámbito de los territorios forales, donde las
autoridades competentes serán la Comunidad Autónoma del País Vasco y
la Comunidad Foral de Navarra.
La medida es compatible con las devoluciones parciales del Impuesto
sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional, así como con
las ayudas directas para empresarios o profesionales especialmente
afectados por la subida del precio de los carburantes que se contienen en
la misma norma aprobada hoy.

Prestación a realizar por los operadores petrolíferos al por mayor

Por su parte, el Real Decreto-ley establece que los operadores al por
mayor de productos petrolíferos con capacidad de refino en España y una
cifra anual de negocios superior a 750 millones de euros deberán
satisfacer una prestación patrimonial de carácter público no tributario
durante el periodo comprendido entre los días 1 de abril y 30 de junio,
ambos incluidos, por valor de 0,05 euros por cada litro o por cada kilogramo
de hidrocarburos que comercialicen.
No estarán obligados a satisfacer esta prestación los operadores que se
comprometan a realizar de forma inequívoca un descuento en las ventas
de los productos a que se refiere la norma a los consumidores finales,
directamente o a través de las instalaciones de suministro de combustibles
y carburantes al por menor de su red de distribución, adicional a la
bonificación pública. Ese descuento debe ser por un importe mínimo de
0,05 euros por litro o por kilo y por un periodo que como mínimo abarque
del 1 de abril al 30 de junio. El anuncio de esta rebaja debe comunicarse
antes del 1 de abril.
En este caso, la bonificación pública será de 0,15 euros por litro o
kilogramo de producto, de manera que unida al descuento del operador
permitirá una rebaja de al menos 0,20 euros por litro o kilogramo de
producto.
En el caso de que no exista descuento por parte del operador, la
bonificación pública será de 0,20 euros por litro o kilogramo de producto.
Devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos para profesionales
La norma, además, modifica el procedimiento para la devolución parcial
del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional,
que pasa a ser mensual, cumpliendo una de las reivindicaciones del sector.
De esta manera, de acuerdo con el Real Decreto-ley, a la finalización de
cada mes natural, el órgano competente acordará, en su caso, la
devolución de las cuotas correspondientes, que se ejecutará mediante
transferencia bancaria.

El plazo de presentación de las solicitudes de devolución por parte del
profesional o la empresa será el mes natural siguiente a la finalización del
mes sobre el que se solicita la devolución. Se deberá aportar la
identificación de los vehículos por cuyo consumo de gasóleo se solicita
devolución y los litros de gasóleo consumidos en el periodo por los que se
solicita la devolución.

Prórroga de las rebajas fiscales en la factura de la luz

El Real Decreto-ley aprobado este martes en Consejo de Ministros también
incluye la prórroga de la batería de medidas fiscales que afectan al recibo
de la luz hasta el próximo 30 de junio. En concreto, las medidas adoptadas
hoy por el Gobierno se refieren a las figuras tributarias que impactan en la
factura eléctrica, el IVA y el Impuesto Especial sobre la Electricidad, así
como al Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica
(IVPEE).
El objetivo del mantenimiento de estas rebajas impositivas, aprobadas por
primera vez en junio de 2021, prorrogadas por primera vez en diciembre y
cuyos efectos concluían el 30 de abril, es mitigar el impacto en la factura
de la luz de ciudadanos, pymes y autónomos, en un contexto de repunte
de precios en los mercados mayoristas de electricidad por el
encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de CO2, fenómenos
que se han agravado y se han alargado en el tiempo por la guerra que ha
desencadenado la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
En concreto, el Real Decreto-ley aprobado este martes en Consejo de
Ministros mantiene la reducción del tipo general del IVA del 21% al tipo
reducido del 10% en la factura de la luz que concluía el próximo 30 de abril
hasta el próximo 30 de junio de 2022, en los mismos términos que el Real
Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, actualmente en vigor tras su prórroga
el pasado diciembre. Esta rebaja afecta a los consumidores con una
potencia contratada inferior o igual a 10 kW siempre que la media
aritmética del precio del mercado mayorista de la electricidad
correspondiente al mes anterior al del último día del periodo de facturación
haya superado los 45 euros por MWh.
La práctica totalidad de facturas domésticas se beneficia de la rebaja del
IVA de la luz: la reducción de este tributo permite la bajada de la factura a
27,7 millones de hogares. A ello hay que sumar el hecho de que el 10% de
IVA se aplica también al 72,5% de los contratos de suministro de
electricidad de empresas y negocios (no domésticos).
Los consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión, con
independencia de la potencia contratada o del precio de la electricidad,
también se beneficiarán de la reducción del IVA al 10% hasta el 30 de
junio. El número de este tipo hogares favorecidos por la rebaja de este
impuesto asciende a 612.000.

El impacto presupuestario de la prórroga de la rebaja del IVA durante dos
meses más se estima en unos 217 millones de euros.
En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre la Electricidad, se
mantendrá en el 0,5%, el tipo mínimo que permite la normativa de la Unión
Europea, hasta el 30 de junio, y al que lo bajó el Gobierno en septiembre
desde el 5,1% en que se situaba previamente. El impacto de la extensión
de esta medida se calcula en 224 millones de euros.
El Real Decreto-ley mantiene la suspensión del Impuesto del Valor de la
Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) durante un trimestre más, es
decir, durante el segundo trimestre de 2022. El pasado diciembre se
aprobó que la suspensión de este impuesto aprobada en junio de 2021
alcanzara también al primer trimestre de este año.
El IVPEE grava con un 7% los ingresos obtenidos por la venta de la
electricidad en el mercado mayorista y se repercute en el precio de dicho
mercado y en la factura final. El impacto previsto de la prórroga de su
suspensión es de 1.356 millones de euros.
El ahorro, para consumidores y empresas, derivado de estas medidas
desde que entraron en vigor hasta el 30 de junio se estima en unos 7.000
millones de euros.

Ayudas de los familiares del accidente de Germanwings

El Real Decreto-ley también realiza una modificación de la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
De esta manera, se incluye una disposición adicional quincuagésima
primera por la que se declaran exentas del IRPF las cantidades percibidas
por los familiares de las víctimas del accidente del vuelo GWI9525, que
 tuvo lugar el 24 de marzo de 2015, en concepto de responsabilidad civil, así como las ayudas voluntarias satisfechas a aquéllos por la compañía aérea afectada o por una entidad vinculada a esta última.
Ello supone que los afectados que hayan declarado estas cuantías podrán
solicitar la devolución correspondiente, incluso si lo hubieran hecho antes
del ejercicio 2021.

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