La buena relación se eta diluyendo cual azucarillo

DEROGACION SI, DEROGACION , NO

Diaz; dice que sus ERTEs han llegado para quedarse, pero los agentes le dicen "no"

11 de noviembre de 2021

La vicepresidenta Díaz, ha subrayado que la nueva propuesta del Gobierno para continuar con los mecanismos de los ERTEs supone un «compendio» de una herramienta «muy eficaz» durante la crisis del Covid-19, que «ha venido para quedarse», pero los agentes sociales no parecen estar muy de acuerdo con esta "posición"

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Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, cuestionada sobre la reunión que mantendrá la mesa de diálogo social y la propuesta de establecer tres categorías para activar los ERTEs. Díaz ha destacado que la mesa de diálogo con los agentes sociales requiere de «silencio» y «apagar los focos» para realizar su trabajo, por lo que ha apelado a la «discreción» de cara a lograr consensos entre todas las partes.«La propuesta de los ERTE que se está haciendo, lo que hace es un compendio de una herramienta muy eficaz durante esta crisis y que ha venido para quedarse», ha apuntado.
Según ha transcendido, el Ejecutivo opta por un sistema que establece tres categorías para los ERTE según su motivación. Así, una de las categorías es la denominada ‘fuerza mayor’ (una fórmula como la que se ha desplegado durante la crisis) mientras las otras dos vías se denominan ‘reestructuración’ y ‘sectorial’.

En este sentido, el Gobierno ya ha trasladado a los sindicatos una primera propuesta para los nuevos ERTE. Llevarán el nombre de Red y como principales novedades tendrán aparejado un fondo propio para financiarlos, una prestación nueva que no consumirá desempleo e incluirá formación para que los trabajadores puedan adquirir nuevas capacidades y encontrar un nuevo empleo. La idea del Ejecutivo es que Red suponga una herramienta que aporte flexibilidad a las empresas cuando sufran una coyuntura adversa o tengan que ajustarse por motivos estructurales como la transición tecnológica. En concreto, el Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilidad en el Empleo tendrá dos modalidades. Por un lado, el de causas estructurales, pensado para crisis sectoriales. Este programa conllevará obligatoriamente la puesta en marcha de un plan de recolocación, que podría ser gestionado por agencias privadas y las compañías que contraten a estos trabajadores que estaban acogidos al Red estructural se beneficiarán de bonificaciones durante seis meses.

El otro tipo de mecanismo Red que incluye el documento es el de causas cíclicas. El Ministerio de Economía fijará a partir de un conjunto amplio de indicadores los parámetros objetivos para poder activar este instrumento. Además, se creará un Fondo Red de Flexibilización y Estabilización del Empleo con la intención de financiar las modalidades cíclicas y estructurales, las prestaciones y exenciones y el coste de la formación que se dotará con el exceso de ingresos que tengan por cotizaciones sociales las políticas de empleo. Recibirá también aportaciones de los Presupuestos, y financiación de la UE.
El Gobierno creará también una nueva Prestación de Sostenibilidad para los trabajadores afectados que equivaldrá al 70% de la base reguladora y no superará los 1.271 euros al mes. Los que se acojan tendrán cobertura de la Seguridad Social por si tiene una enfermedad, pero no estará cotizando. Igual que sucede con los ERTE, esta prestación no consumirá periodo de desempleo.


Sin embargo, la propuesta del Gobierno para implantar el RED, el nuevo sistema estructural de expedientes de regulación temporal de empleo ha sido rechazado por los sindicatos y patronales asistentes a la reunión. Los primeros desconfían de la oferta, diseñada desde Asuntos Económicos, porque no garantiza su participación en los procesos que se abrirán en empresas en dificultades. Entre los segundos se critica la rigidez que establece a la hora de tener que acometer despidos, así como los costes que supone. "Sólo sirve para ralentizar el proceso", ha señalado UGT, que ha advertido que el texto tiene que respetar los compromisos adquiridos por el Gobierno con la ciudadanía a través de los acuerdos que permitieron la formación". Es la primera vez en el curso de las negociaciones que deben desembocar en una nueva Ley el 1 de enero que los sindicatos ponen en cuestión el rumbo del Ejecutivo en su propuesta de cambios en la reforma laboral.

La irrupción de Nadia Calviño en las negociaciones que hasta ahora eran competencia exclusiva de la responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abierto la puerta a que, además de las reticencias de las patronales para introducir cambios en la anunciada derogación de la reforma laboral, los sindicatos sumen abiertamente las suyas. De este modo, las conversaciones que en un principio estaban programadas para concluir el próximo lunes 15 de noviembre, sufren un retraso que se extenderá al menos hasta finales de noviembre si se quiere incluir a todas las partes en el acuerdo. Los ritmos de tramitación parlamentaria complicarían cumplir el compromiso con la UE de tener lista la norma el 1 de enero, como parte de los compromisos para recibir nuevas remesas de los fondos de recuperación.

Es mas, Garamendi ha comentado que el Ejecutivo les remitió el sábado un documento "farragoso" de 30 páginas relativo a las modificaciones en los ERTE que se pretenden introducir en la próxima reforma laboral. En este sentido, ha recordado que los ERTE están en marcha desde los años 80 y su eficiencia durante la crisis del coronavirus responde a la "mejora que se hizo en la reforma del 2012". Esa reforma laboral es la que el Gobierno pretende modernizar ahora, como parte de sus compromisos con Bruselas para recibir los fondos europeos. La CEOE sostiene que el planteamiento del Gobierno sobre los ERTE "no va en la buena dirección", ya que introduce "más burocracia y más costes" para las empresas, aunque afirmó que seguirán sentados en la mesa para hablar.

No obstante, el presidente de la CEOE ha advertido de que si se introducen más costes para las empresas, estas "no se van a acoger a este sistema". La CEOE también negocia con el Gobierno y los sindicatos la reforma del sistema de pensiones. El Ejecutivo ha propuesto subir las cotizaciones un 0,6% durante 10 años, con una distribución del 0,4% para las empresas y del 0,2% para el trabajador.
"Volvemos a lo mismo. Es todo a costa de que los empresarios, los autónomos y las empresas paguen", ha puntualizado Garamendi, que también ha mostrado su rechazo a esta propuesta.

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