El Plan Presupuestario de 2022 a Bruselas

17 de octubre de 2021

El Gobierno ha remitido a la Comisión Europea el Plan Presupuestario de 2022 en cumplimiento de las normas comunitarias. El documento, incluye las previsiones del cuadro macroeconómico y la evolución de las finanzas públicas.

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El Plan Presupuestario se remite a Bruselas días después de que el Gobierno haya enviado al Congreso de los Diputados el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, lo que da inicio a su tramitación parlamentaria, que se prolongará en lo que resta de año para que puedan entrar en vigor el 1 de enero. Por ello, el documento enviado a la Comisión recoge las medidas de ingresos y gastos que contiene el PGE. Asimismo, se incluye la información relativa a la evolución económica del país, sus previsiones y datos de ejecución presupuestaria del ejercicio 2021.

El informe explica a los socios comunitarios que las cuentas públicas para
el próximo ejercicio tienen el foco en el apoyo a una recuperación justa tras
la pandemia, la transformación del modelo productivo y la construcción de
un desarrollo más sostenible y resiliente, más verde, más digital y con
mayor cohesión social y territorial.
El documento refleja también el compromiso del Gobierno con la
estabilidad presupuestaria y contempla la reducción del déficit público y la
deuda, cuyas ratios bajarán como efecto del crecimiento económico.
Previsión de ingresos
El Plan Presupuestario de 2022 recoge que los ingresos totales del
conjunto de las Administraciones Públicas supondrán un 39,8% del PIB.
En términos de volumen, los ingresos ascenderán a los 522.264 millones
de euros, lo que supone un crecimiento del 4,6%.
En la medida en que el crecimiento de la economía será superior a la
recaudación, la ratio de ingresos sobre PIB se reduce respecto a 2021,
cuando se situará en el 41,3%.
Los ingresos por impuestos alcanzarán los 298.801 millones de euros en
términos de contabilidad nacional, de acuerdo con las previsiones
contempladas en el Plan Presupuestario de 2022, lo que supone un
aumento del 4,9% respecto a 2021. Esta mejora se explica por la
expansión de las bases imponibles, así como por el impacto de las
medidas normativas aprobadas en 2020 y 2021 y que extenderán su efecto
de diferentes maneras al año 2022
Los impuestos sobre la renta y la riqueza presentan menores tasas de
crecimiento que la recaudación tributaria sobre la producción y las
importaciones. Ello, debido a que las políticas de sostenimiento de las
rentas de los trabajadores adoptadas por el Gobierno durante la pandemia
para mitigar las consecuencias de la crisis han proporcionado una mayor
estabilidad a los resultados de los tributos sobre los ingresos y el
patrimonio.

De esta manera, se estima que los ingresos sobre la renta y la riqueza
ascenderán en 2022 a los 145.723 millones de euros en términos de
contabilidad nacional, frente a los 141.054 millones de 2021, lo que supone
un incremento del 3,3%. La recaudación del IRPF se verá impulsada tanto
por la evolución de las bases como por el efecto de los tipos sobre las
rentas más altas aprobada en los PGE de 2021.
La mejora esperada de la recaudación del Impuesto de Sociedades
obedece al crecimiento previsto de los beneficios empresariales, a las
menores devoluciones y por el efecto positivo de la limitación de las
exenciones por doble imposición a los dividendos y plusvalías introducidas
en los PGE de 2021.
Los impuestos sobre la producción y las importaciones crecerán a tasas
superiores, por la positiva evolución estimada del consumo nacional
privado, así como por efecto de nuevas medidas tributarias adoptadas,
como el Impuesto sobre Transacciones Financieras, la nueva figura que
grava servicios digitales y el nuevo impuesto sobre los plásticos. Y también
la buena evolución de la demanda doméstica es la que justifica el mayor
rendimiento previsto para el IVA.
También por el lado de los ingresos, la mejora del empleo redundará, por
su parte, en que el peso de las cotizaciones sociales sobre el PIB se situará
en el 13,2% en 2022, una cifra similar al 12,9% de 2019, antes del estallido
de la pandemia.

En cuanto al resto de los ingresos corrientes, se prevé un incremento del
1,8%, lo que implica una recuperación progresiva de los niveles de 2019,
gracias a la mejora de los ingresos por dividendos e intereses.
Medidas tributarias adoptadas contra la Covid
El Plan Presupuestario también ha contabilizado en 600 millones de euros
el impacto de las medidas fiscales adoptadas en 2021 para combatir la
pandemia, entre las que se encuentran la rebaja del IVA de las mascarillas
quirúrgicas del 21% al 4%; la aplicación de un IVA del 0% a las
importaciones de bienes sanitarios para luchar contra la Covid-19; las
medidas fiscales adoptadas en apoyo de los autónomos; y la opción de
aplicar la estimación directa a los pagos fraccionados en Sociedades.
A ello hay que sumar otras medidas tomadas a lo largo del año 2021 para
rebajar el recibo de la luz y cuyo impacto recaudatorio se estimó en 2.000
millones de euros.
Modificaciones tributarias para el año 2022
El Plan Presupuestario de 2022 remitido este viernes a Bruselas recoge,
asimismo, las nuevas medidas fiscales que recoge el Proyecto de
Presupuestos aprobado en Consejo de Ministros el 7 de octubre y remitido
al Congreso de los Diputados el pasado día 13.
En el IRPF, en primer lugar, los Presupuestos contemplan la minoración
del límite general de reducción aplicable a la base imponible por
aportaciones y contribuciones a planes de pensiones desde los 2.000 a los
1.500 euros.
En segundo lugar, recogen el incremento del límite de reducción por
aportaciones a planes de pensiones desde los 8.000 a los 8.500 euros, no
sólo mediante la realización de contribuciones empresariales, como ya
sucede, sino también con aportaciones del trabajador al mismo
instrumento de previsión social, siempre que estas aportaciones sean de
igual o inferior importe a la respectiva aportación del empresario. Ello, con
dos objetivos: la mejora de la progresividad del impuesto y promover el
esfuerzo compartido entre trabajadores y empresas y el impulso de los
planes de pensiones de empleo, el “segundo pilar” del modelo de
pensiones según acuerdo del Pacto de Toledo.
Estas medidas supondrán un incremento de la recaudación de 77 millones
de euros, cuyos efectos se verán a partir del segundo trimestre de 2023,
cuando se comiencen a presentar las declaraciones del IRPF,
correspondientes al ejercicio 2022.
En el Impuesto de Sociedades se establece un tipo mínimo del 15% sobre
la base imponible de grupos consolidados o de compañías cuya cifra de
negocios sea igual o superior a 20 millones de euros, lo que supone que
no afectará a las pequeñas y medianas empresas.
Para las compañías de nueva creación, ese tipo mínimo será del 10%,
mientras que para las entidades de crédito y explotación de hidrocarburos
la tributación mínima será del 18%.

También en el Impuesto de Sociedades se recoge una reducción en el
porcentaje de bonificación a de las rentas derivadas del arrendamiento de
viviendas, que pasa del 85% al 40%, con objeto de que el tipo mínimo del
15% sea de aplicación también a las empresas dedicadas a este negocio.
Los cálculos de Hacienda contemplan un aumento recaudatorio de 421
millones de euros por los cambios introducidos en Sociedades en los PGE
de 2022.
El Plan Presupuestario también recoge la intención del Gobierno de
realizar una reforma en profundidad del sistema tributario español para
favorecer el crecimiento, la creación de empleo y la mejora de la
competitividad. A esos efectos se constituyó el comité de personas
expertas para la reforma fiscal el pasado mes de abril con un doble
objetivo: realizar un análisis del sistema tributario y la propuesta de las
reformas que convendría realizar. El comité publicará sus conclusiones en
febrero de 2022. En todo caso, éstas deberán atender los principios
fundamentales marcados por el Gobierno: la consolidación fiscal, la
seguridad jurídica, la simplificación y modernización del sistema, la
potenciación de la fiscalidad en áreas infragravadas, además de que
tendrán que ser acertadas en cuanto al momento apropiado en que cada
modificación entre en vigor para que no se frene la recuperación de la
economía.
Previsión para los gastos
En cuanto al gasto, el Plan Presupuestario prevé que su peso sobre el PIB
baje hasta el 44,7% en 2022 desde el 49,6% previsto en 2021 y el 52,4%
alcanzado en 2020 por la fuerte caída de la economía que provocó la
pandemia y las medidas de apoyo a familias y empresas que adoptó el
Gobierno para mitigar las consecuencias de la recesión.
En cuanto al gasto público por funciones, la Educación representará el
9,2% del total, frente al 9% que se prevé que suponga en 2021. Ello
obedece al presupuesto de más de 5.000 millones de euros con que
contará la política educativa en 2022, una cifra inédita, como lo es también
la partida para becas, que rozará los 2.200 millones de euros.

También el gasto en Sanidad incrementará su peso en el total del gasto
del Estado, al representar en 2022 el 14,6% del total, frente al 14,4% de
2021. El peso del gasto sanitario en términos de PIB será del 6,6% el
próximo ejercicio.
El Plan Presupuestario también recoge la revalorización del 2% de los
salarios de los empleados públicos previsto en los PGE de 2022, así como
la tasa de reposición, que oscila entre el 110% y el 125% en función de los
colectivos.
Los consumos intermedios registrarán una ligera disminución en 2022,
debido a la menor necesidad de gasto en adquisición de material sanitario
y en los servicios relacionados con la lucha contra la pandemia. De esta
manera, el año que viene esta rúbrica se situará en niveles similares a los
de 2019: el 5,2% del PIB.

Las transferencias sociales, de acuerdo con el Plan Presupuestario,
cerrarán 2022 con un peso del 19,9% sobre el PIB, aún más de un punto
porcentual por encima de 2019, pero por debajo del 23,4% en que se
situaron en 2020, como consecuencia de las medidas adoptadas por la
pandemia y la caída de la economía sufrida ese año.
Las prestaciones monetarias, que incluyen pensiones y desempleo,
subirán un 0,6% el próximo año, debido al incremento de las pensiones
contributivas de acuerdo al IPC con el objetivo de que sus perceptores
mantengan su poder adquisitivo y al aumento del 3% de las pensiones
mínimas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Además, también
aquí se contempla la extensión de las prestaciones por ERTE y ceses de
actividad en los meses de enero y febrero de 2022.
El gasto en subvenciones, tras bajar un 13,3% en 2021, caerá otro 24,1%
en 2022, debido a la recuperación del mercado de trabajo y a la reducción
de las personas sujetas a ERTEs y a ceses extraordinarios de actividad en
el caso de los autónomos, ya que las exoneraciones de cuotas se
computan como gasto en subvenciones. De esta forma, su peso sobre el
PIB volverá a colocarse en niveles pre-pandemia: el 1,1% del PIB.
En el punto álgido de la pandemia, en España llegaron a encontrarse en
situación de ERTE 3,4 millones de trabajadores, una cifra que actualmente ha bajado del umbral de las 250.000 personas. Ello explica la reducción de
la partida en subvenciones.
El gasto en intereses del conjunto de las Administraciones Públicas
continuará reduciéndose hasta alcanzar hasta alcanzar el 2% del PIB en
2022, frente al peso del 2,3% del PIB que tenía en 2019. Ello obedece a la
reducción tanto de los costes de financiación de la deuda como a la
reducción de las necesidades financieras del Estado por la caída del déficit
que se prevé para los próximos ejercicios.
Reducción del déficit y de la deuda
El documento remitido a Bruselas refleja el compromiso del Gobierno con
la estabilidad presupuestaria, a pesar de que persiste la suspensión de las
reglas fiscales en España, en línea con la decisión de la Comisión Europea
de mantener activa la cláusula de salvaguarda con objeto de dar margen
a los Estados para que prosigan con sus políticas de apoyo a la economía
hasta que la recuperación se asiente.
Ese compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal se refleja en las tasas
de referencia de déficit orientativas que se reiteran en el Plan
Presupuestario y que dibujan una senda descendente desde el nivel
alcanzado en 2020 como consecuencia de la caída del PIB y del
incremento del gasto asociado a las medidas extraordinarias puestas en
marcha para combatir los efectos socioeconómicos de la pandemia.
Así, desde el 11% de déficit de 2020, se prevé que en 2021 baje hasta el
8,4%, y hasta el 5% en 2022. Ello supone una reducción de esta tasa a la
mitad en dos años. La reducción continuará en 2023 y 2024, ejercicios en
los que bajará hasta el 4% y el 3,2%, respectivamente.
La Administración Central será la que mayor proporción del déficit asuma.
Y, por ejemplo, en 2022, de los 5 puntos, explicará 3,9 puntos. Ello, debido
a que el Gobierno Central ha tomado la decisión de apoyar al resto de
subsectores para que no tengan problemas de liquidez: a las Comunidades
Autónomas, con transferencias extraordinarias para que puedan prestar
los servicios básicos del Estado del Bienestar con una calidad excelente,
al igual que a las Entidades Locales; y a la Seguridad Social, para asumir
gastos impropios y garantizar el sistema público de pensiones.

Precisamente, después de las cotizaciones, las aportaciones del Estado
constituyen el concepto de mayor peso en el Presupuesto no financiero de
la Seguridad Social. En el año 2022, dichas aportaciones alcanzarán los
36.276 millones, un 16,4% más que en 2021. Destacan las transferencias
a la Seguridad Social en cumplimiento de la recomendación primera del
Pacto de Toledo en 2020, por importe de 18.396 millones, cifra 4.467
millones superior que la de 2021, con objeto de garantizar la sostenibilidad
del sistema a medio y largo plazo.
También continuará el apoyo financiero a las Comunidades Autónomas,
con una transferencia extraordinaria de 7.004 millones de euros, que
incluye la compensación por el impacto del SII IVA en la liquidación del
sistema de financiación autonómico de 2017 y la neutralización de los
efectos de las posibles liquidaciones negativas de 2020.
La mejora del déficit público también tendrá su reflejo en los datos de
deuda, cuya ratio bajará el próximo año del 119,5% al 115,1%.
Plan de Recuperación
El Presupuesto de gastos del Estado para 2022 incluyen la inyección de
27.633 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia de la Unión Europea. Son recursos que se destinarán a sentar
las bases para un crecimiento más sostenible, duradero, equilibrado y
socialmente justo. El carácter transformador del plan se refleja en las
partidas que alimentan los recursos comunitarios: el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuenta con una dotación de
5.874,6 millones de euros; el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
concentra 4.876 millones; y el Ministerio para Transición Ecológica y el
Reto Demográfico tiene dotados 4.378,1 millones.
Sectorialmente, los destinos más relevantes de los fondos europeos son
política industrial (3.184 millones); rehabilitación de vivienda (2.839
millones; plan de choque de movilidad sostenible (2.184 millones); e
impulso a la pyme (2.140 millones).
La cogobernanza domina en la gestión de los fondos europeos. Así lo
reflejan las cifras remitidas a Bruselas. En concreto, se prevén
transferencias a las Comunidades Autónomas por valor de 8.712,1
millones de euros, un 30,7% más que el año pasado; mientras que a las
Entidades Locales se les realizarán transferencias de 2.050,2 millones de
euros, un 57,9% más que en 2021.

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