EL decreto en versión ministra

29 de marzo de 2022

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparecido hoy tras la reunión del Consejo de Ministros para explicar las medidas laborales que incluye el Plan Nacional de respuesta a la guerra de Ucrania, pero más que eso ha lanzado insistentemente un "mensaje claro y directo a empresarios y empresarias", a quienes se ha dirigido para reclamarles: "no es necesario despedir, tienen ustedes los recursos públicos a su disposición para impedirlo; sobre todo no despidan a quienes son los más débiles del mercado de trabajo, los jóvenes. Teniendo el mecanismo de los ERTE no es necesario despedir".

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La ministra de Trabajo ha recordado a la clase empresarial, que ya recurrieron masivamente a los ERTE en lugar de despedir a sus trabajadores durante los peores momentos de la pandemia. "Ya lo hemos hecho y les pido que lo volvamos a hacer", ha indicado Díaz. Es más, visto de otro modo, ha pedido a los empleadores que "si su vocación es despedir, no tiene sentido recurrir a un ERTE".

Dicho esto, ha relatado una de las medidas principales aprobadas hoy en materia laboral que ya había defendido ella misma desde la pasada semana: el Gobierno decretará la prohibición de utilizar como causa de despido objetivo el encarecimiento de los precios energéticos. Se trata de una medida similar a la que ya estuvo en vigor entre marzo de 2020 a febrero de 2022 pero en ese caso la causa prohibida era los daños causados por la pandemia de Covid-19. Así, ha explicado que “será injustificado el despido cuando se produzca por causas que tengan que ver con el incremento de los precios de la energía”.
Además, en el caso de que el empleador que recurra a estos despidos haya recibido ayudas públicas, "tendrá que devolverlas, nada nuevo", ha precisado. No obstante, Díaz no ha aclarado en su primera intervención si dicha prohibición estará solo destinada a los empresarios que reciban ayudas públicas o para todas. Pero posteriormente ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos ha precisado que la prohibición de despedir por esta nueva causa solo se aplicará a las empresas que reciban algún tipo de ayuda pública. "Ahora las empresas que reciben ayudas no pueden usar ese dinero para hacer despidos", ha indicado Calviño.

No obstante, en el ordenamiento jurídico laboral español son los jueces los que dirán, tal y como ya ocurrió durante la pandemia, quienes decidan si los despidos motivados por el encarecimiento energético son improcedentes o nulos. En este debate, recientemente el Tribunal Supremo ha ratificado que serían nulos, ya que la prohibición aprobada hoy hace que los despidos objetivos deban basarse en una situación estructural y no coyuntural, como fue la pandemia y sería ahora el aumento de los precios de la energía.

Preguntada por el pacto de rentas que el Gobierno reclamó a los agentes sociales, Díaz ha eludido precisar si este pacto verá finalmente la luz, y ha preferido referirse al Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC), --"que no es un pacto de rentas", ha manifestado-- para asegurar que se trata de una negociación absolutamente bilateral entre empresarios y sindicatos. Aunque sí ha añadido que los agentes sociales "estarán o deberían estar a la altura de las circunstancias" para llegar a un acuerdo. Y ha resaltado que la mejor contribución que puede hacer el Gobierno a este futuro acuerdo de convenios es "bajar la inflación y es lo que estamos haciendo hoy con estas medidas".

Por otra parte, la titular de Trabajo ha anunciado también que el Consejo de Ministros de hoy ha aprobado destinar más de 2.700 millones de euros para desplegar nuevas políticas activas de empleo, que se distribuirán en conferencia sectorial con las comunidades autónomas el próximo 6 de abril.

Ribera dice que se frenara la espiral inflacionista

Por su parte, y en su turno, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Ribera, defiende que su trabajo se ha centrado en reducir o contener los precios energéticos "para evitar la espiral inflacionista"; en lograr una mayor autonomía estratégica y una menor volatilidad, con un nuevo impulso de la transición energética, así como otras destinadas a proteger a los consumidores vulnerables del impacto de las subidas de precios, "pensadas también para clases medias, trabajadores y pymes".
La vicepresidenta ha desvelado en qué consistirá la minoración de los beneficios llovidos del cielo (windfall profit) que reciben las compañías eléctricas en los nuevos contratos bilaterales a plazo y precio fijo que celebren a partir de ahora: se recortarán todos aquellos que superen entre 67 y 70 euros MWh. Es el beneficio extra que el Gobierno considera procede de la internalización de los altos precios del gas que las empresas recogen en sus contratos. Aunque el Gobierno ya aprobó una norma el pasado otoño en esta línea, que seguirá vigente, tuvo que excluir de la misma la minoración los contratos bilaterales y aplicarla solo a las compraventas en el pool. Ahora, el Ejecutivo se considera respaldado por la Comisión Europea, que así lo aconsejaba en su última comunicación, Toolbox II. El RDL aprobado hoy "extiende (aquella) regla de reducción".

Además de las conocidas prórrogas hasta el 30 de junio del recorte del IVA, al 10%; del impuesto de la electricidad, al 0,5% y la suspensión del impuesto del 7% a la generación, el Gobierno recortará el precio de los carburantes en 20 céntimos por litro (15 con cargo a Presupuestos y otros 5 céntimos, a las petroleras, que quedarán eximidas si aplican voluntariamente descuentos superiores a esa cantidad).

Tras el acuerdo alcanzado con las plantas de renovables con régimen retributivo especial (Recore) para actualizar dicha retribución de manera extraordinaria este año, en lugar de 2023, se liberan 1.800 millones para recortar los cargos de la parte fija de la factura. A cambio, estas empresas, que reciben sus ingresos del mercado (y se saldan por arriba y por abajo, si se supera la retribución y rentabilidad a la que tienen derecho) podrán vender su producción mediante contratos bilaterales a partir del 1 de enero de 2023, "lo que proporcionará liquidez y precios más baratos".

Además de la compensación mediante fondos púbicos (250 millones de euros) del 80% de los peajes a la industria electrointensiva, se aumenta la compensación del coste del CO2, hasta el máximo que permite la UE, y ayudas específicas para las empresas consumidoras de gas.

El Gobierno vuelve a prorrogar en el trimestre el límite del 5% a la subida de la tarifa de último recurso (TUR) del gas, cuyo pago se lamina mediante un déficit de tarifa. En cuanto al bono social de la tarifa, se amplía el número de beneficiarios en 600.000, hasta 1,9 millones, tal como anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para ello, se cambia la ponderación que da derecho a estos descuentos, que se vuelven a ampliar hasta el 60% y el 70%, según los casos. Se aumenta en 0,3 la ponderación para adultos y niños el IPREM (indicador público de renta) con que se calcula el derecho al bono. Por otro lado, se aplicará de forma automática a quienes reciben el salario mínimo vital. Asimismo, se dotará un crédito extraordinario para ampliar el bono social térmico, que gestionan las comunidades autónomas.

La vicepresidenta hizo referencia al acuerdo alcanzado por España y Portugal en el Consejo Europeo del pasado viernes, en que se reconoció la "excepción ibérica", por las bajas interconexiones y el gran desarrollo de renovables, que permitirá a ambos países fijar un precio tope al gas para generar electricidad, que marca el marginal en el pool por ser la generación de mayor coste, lo que hará bajar los precios del resto de las energías y, por tanto, del mercado.

Ribera aseguró que esta semana el Gobierno concretará su propuesta a la Comisión Europea, que podría tardar tres o cuatro semanas en validar. Las discrepancias se centran el price cap: España lo quiere muy por debajo de 50 euros MWh. Se trata de un mecanismo temporal, que "no prejuzga el funcionamiento del mercado marginalista europeo, diseñado en los años 90 para pocos operadores y precios próximos".

El Gobierno ha aprobado, asimismo, un mandato para facilitar las compras conjuntas y los niveles de almacenamiento de gas acordado la semana pasada por la UE (hasta un 80% el próximo invierno y el 90% en años sucesivos). Para evitar que este acopio de gas se traslade, vía peajes, a la factura de los consumidores, se habilitará otro crédito extraordinario par a subvencionar a las comercializadoras.

En el ámbito de la transición energética, se ha aprobado un procedimiento acelerado para plantas eólicas de 75 MW o solares de 15 MW, en terrenos con una baja afectación ambiental, y no diste de una línea de evacuación más de 15 kilómetros Y se reserva un 10% de la capacidad de los nudos de alta tensión para proyectos de autoconsumo.

 

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