Sánchez frena el cheque energético de 300 € propuesto por UP

31 de marzo de 2022

El plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania que acaba de aprobar el Gobierno no incorpora finalmente una de las principales medidas demandadas por Unidas Podemos para paliar los efectos de la crisis energética sobre las familias: un cheque de 300 euros para ayudar al pago de la luz y el gas en los hogares.

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El PSOE rechazó incluirla, pero los socios minoritarios del Ejecutivo siguen presionando para convencer a los socialistas y no descartan sacarla adelante en las próximas semanas.
La ministra de Derechos Sociales, Belarra, promotora de esta iniciativa, no ha conseguido, de momento, convencer ni a Sánchez ni a Calviño, para incluir esta ayuda en el primer paquete de medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros para hacer frente a la crisis energética, pero su departamento sigue trabajando para que sea una realidad en los próximos días o semanas. El Gobierno tiene pendiente cerrar el anunciado pacto de rentas con la patronal y los sindicatos y esa sería una vía para incorporar, si no el cheque tal y como lo ha diseñado el equipo económico de los morados, alguna ayuda directa similar para las familias que están sufriendo los efectos de la imparable escalada de los precios energéticos.

La propuesta de UP consiste en un cheque de 300 euros para familias con ingresos anuales inferiores a los 70.000 euros. En principio, plantean que se financie a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, aunque la gestión y el abono correría a cargo de las comunidades autónomas. Sería compatible con la percepción de otras subvenciones para la misma finalidad y tendría un coste total de unos 5.700 millones de euros este año. La unidad de convivencia cuya renta se tendría en cuenta estaría compuesta por la persona titular de los contratos de suministros de la vivienda habitual, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, así como las personas vinculadas por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge o pareja de hecho que también residan en la misma vivienda.

 

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