Montero lejos de sus objetivos

24 de noviembre de 2021

Según los últimos datos conocidos, la recaudación fruto de la tasa Tobin está siendo un fracaso. Como se recuerda, esta norma entró en vigor el pasado 16 de enero y grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros.

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El Gobierno pretendía recaudar 850 millones de euros anuales con este gravamen, sin embargo, en términos relativos, y atendiendo a la evolución de esta figura impositiva a lo largo del ejercicio, "es probable que a finales de año no llegue a los 400 millones de euros", tal y como señalan desde la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA). Desde que este nuevo gravamen entró en marcha en España, tanto la banca como los principales brókeres advirtieron a los clientes con cuentas de valores que este tributo correría a su cuenta. No obstante, los propios bancos también son poseedores de acciones de empresas en España, con casi un 3% del total, aunque el grueso está en manos de inversores extranjeros (50,2%), sociedades no financieras (20,8%) y familias (16,1%); mientras que los restantes porcentajes se distribuyen entre inversión colectiva y seguros (7,3%) y la Administración pública (2,8%). Las entidades asociadas a Ceca, entre las que destacan CaixaBank, Unicaja, Abanca, Kutxabank, Ibercaja o Cajasur, incrementaron el año pasado los impuestos aportados al Estado, a pesar de los menores beneficios obtenidos durante la pandemia y la bajada de la actividad que propició. Concretamente, aportaron 2.619 millones de euros, la mayor cifra registrada en cinco años y desde que comenzó a elaborarse este estudio. El motivo, pese a la menor actividad, es que el grueso de los tributos que aporta el sector financiero son fijos, como el IVA soportado no recuperable a distinción de otras compañías, que ascendió a 638 millones; el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito (IDEC), por el que pagaron 161 millones, o el gravamen que absorben desde hace dos año, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), ligado a las hipotecas, que les costó 163 millones el año pasado. Respecto al Impuesto de Sociedades, contribuyeron con 347 millones.
Además, la contribución a la Seguridad Social por los empleados que mantiene el sector ascendió a casi 1.000 millones. A pesar de los ajustes que está llevando a cabo la banca (en el global de las entidades que operan en el país han recortado, o están en ello, en torno a los 18.000 empleos), las contribuciones se mantienen por la aportación de las prejubilaciones a los trabajadores hasta que llegue la fecha real de jubilación.

Con este resultado, de cada 100 euros que ganan los bancos y cajas asociados a Ceca, 53 euros van a las arcas públicas. El porcentaje se incrementa hasta el 61%, o hasta 61 euros por 100 ingresados, si a este volumen se le añaden otras obligaciones fijas como la aportación al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), al Fondo Único de Resolución europeo (FUR) o al Mecanismo Único de Supervisión (MUS), a los que el año pasado destinaron un total de 939 millones.
Por otro lado, y a los impuestos recaudados, que son los tributos retenidos o repercutidos a terceros en el desarrollo de la actividad de las empresas, ascendieron a 2.394 millones de euros, manteniéndose en cifras similares a las de 2019. De esta forma, por tercer año consecutivo, los tributos soportados superan a los recaudados. Por desglose, los que más pesan son la retención por sueldos y honorarios por 1.151 millones.

 

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