Calviño contrata a dedo

09 de febrero de 2022

El Gobierno arranca la construcción e implantación del nuevo centro de operaciones de ciberseguridad de la Administración del Estado, con un procedimiento de urgencia negociado y sin publicidad a una unión temporal de empresas conformada por Telefónica e Indra por 46,4 millones de euros. Como ha sucedido en otras licitaciones, se agarra al decreto ley para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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Este centro estaba incluido en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019 y tenía por objetivo la mejora de las capacidades para prevenir, detectar, responder a ciberataques al Estado. Finalmente en mayo de 2021 se presentó formalmente dentro del llamado 'Plan de choque de ciberseguridad', un paquete de medidas e inversiones para mejorar la defensa ante esta creciente amenaza. Todas ellas iban a ser financiadas con fondos europeos. Ahora se acaba de resolver el contrato con dos nombres destacados como adjudicatarios. El Ministerio de Asuntos Económicos inició ese procedimiento negociado sin publicidad, con la UTE de la teleco y la tecnológica como la única oferta recibida, tal y como queda reflejado en el documento de adjudicación. La oferta llegó antes del pasado 7 de diciembre, fecha límite que se había fijado. El pasado 1 de febrero se llegó a un acuerdo para declarar a las dos empresas como las encargadas de unos trabajos que tienen una duración de 21 meses es decir, hasta diciembre de 2023.

Se ha recurrido a este procedimiento sin concurso público con varias ofertas presentadas debido principalmente a la urgencia con la que se afrontan los trabajos. Desde el área dirigida por Nadia Calviño defienden que existe la necesidad de "acelerar la adjudicación de este contrato, que es crítico para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Recuperación". Salió a licitación por 46,4 millones de euros con impuestos incluidos y se ha adjudicado por la misma cantidad.
En este caso, la unión de empresas es de la filial de soluciones de tecnológica de Telefónica y la división 'tech' de Indra (Isti). Ambas empresas han ido de la mano en otras alianzas con las que han logrado contratos relevantes, no sólo en el Estado. La Comunidad de Madrid recurrió a ellas sin concurso público para el servicio de atención telefónica a los usuarios en la campaña de vacunación o también para el envío de mensajes de texto.

 

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