El TSJM facilita el aumento de indemnizaciones en favor de los VTC

10 de enero de 2022

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el rechazo planteado por el Ministerio de Fomento a un incremento de las indemnizaciones millonarias por la regulación impuesta en el llamado 'decreto Ábalos'. Esto permite a estas compañías, entre las que hay grandes propietarios como el grupo Moove Cars (participado por Uber), volver a solicitar más pagos por daños y perjuicios.

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La Sala de lo Contencioso interpreta que el proceso es inválido, pues fue gestionado por personal no funcionario perteneciente a la empresa pública Ineco. Todo arranca en septiembre de 2018. Tras la fuerte presión, el Gobierno pone sobre la mesa un decreto ley que restringía la operación de las VTC. Le daba el poder de regulación a las comunidades autónomas para que plantearan sus propias reglas y, en caso de que no lo hicieran, los permisos para chóferes solo servirían para trayectos interurbanos a partir de octubre de 2022, con lo que así se diferenciaba del taxi. Esos cuatro años representaban el 'pago' como indemnización en tiempo del Estado a los dueños de estos activos. Un año después se inició un aluvión de reclamaciones de estos en los que se defendía la nulidad de esta resolución y se planteaban ampliaciones de ese 'periodo de gracia', además del pago de un dinero extra (varios miles de euros) por cada autorización. La clave en la que se centra el Tribunal para anularlo radica en la participación de Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. "Resulta sumamente significativo que el único control previsto sobre las resoluciones elaboradas por Ineco consistiera en un simple muestreo", asegura el TSJM en las diversas sentencias que ha hecho públicas en las últimas semanas. En este sentido, confirma que la actividad administrativa propia de los procedimientos de indemnización "fue sustraída a los funcionarios públicos de la Dirección General de Transporte Terrestre, a quienes correspondía toda su tramitación".

Esto lleva, a apreciar "vicio de nulidad radical en todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por Ineco" en la tramitación de los procedimientos de este caso. De esta forma 'tumban' todas las decisiones, que implica a miles de licencias VTC en Madrid, y ordena la retroacción del procedimiento administrativo hasta el momento de la presentación de la solicitud. Los dueños de las licencias no tendrán que presentar de nuevo toda la documentación para obtener una respuesta de la administración. Esta decisión puede ser recurrible ante el Tribunal Supremo. De todas formas, el resultado favorece el Gobierno al no reconocer el tribunal la inconstitucional de la norma.

 

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