El juez reabre el juicio contra Aristegui y Gómez de la Serna

11 de febrero de 2021

El magistrado Pedraz ha dejado sin efecto el auto en el cual concluía la investigación y les dejaba al borde del banquillo por una supuesta trama de comisiones ilegales en Argelia. Tras escuchar a la Fiscalía Anticorrupción ha decidido reabrir la instrucción para practicar las diligencias que se quedaron en el aire y entre las que se encuentran esperar a que Irlanda entregue a la Audiencia Nacional toda la información solicitada en comisión rogatoria. 

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Así lo acuerda en un auto que viene a anular la decisión que tomó el titular de este juzgado, José de la Mata, el pasado mes de noviembre. El magistrado, que se encuentra prestando servicio en La Haya, puso fin a más de cuatro años de investigación a un total de 23 personas ante los indicios que apuntan que pusieron en marcha una red para conseguir contratos en países extranjeros, en el caso de esta pieza en Argelia. Las adjudicaciones se habrían conseguido a cambio del pago de comisiones a funcionarios del país africano y para desviar el dinero se habrían valido de una serie de sociedades pantalla con las que simularon la existencia de servicios que nunca se llegaron a prestar.  

La decisión de De la Mata no fue compartida por la Fiscalía Anticorrupción, que recurrió su auto recordando que todavía se estaban practicando diligencias cuyo resultado podría influir en el rumbo de la causa, según informan fuentes jurídicas a este diario. Por ese motivo pidió volver a reabrirla y agotar el plazo de instrucción. Una solicitud a la que Pedraz, que sustituye a De la Mata en el Juzgado Central de Instrucción número 5, ha dado luz verde. Se trata de una decisión de calado que afecta también a los recursos de los otros acusados, los cuáles se anulan al haber decaído el auto que querían tumbar. De este modo, se prolonga la pesadilla judicial tanto para Arístegui -que dimitió como embajador de la India tras el estallido del caso- como para De la Serna. A ambos se les acusó de integrar una organización criminal además de otros delitos como transacciones comerciales internacionales, cohecho y blanqueo de capitales.  
Tras cuatro años de instrucción, De la Mata concluyó que distintos directivos de Elecnor se habrían concertado para amañar una serie de adjudicaciones en Argelia a través de mordidas a terceros aprovechando "la absoluta falta de mecanismos de prevención del delito". En una segunda fase de esta organización criminal situó al despacho Voltar Lassen, firma desde la que habrían operado en calidad de comisionistas Gómez de la Serna y Arístegui a través de sus respectivas sociedades Scardovi y Karistia. En el tercer escalón ubica el fallecido Cristóbal Tomé, quien puso a disposición de los acusados toda su estructura societaria así como una serie de testaferros también implicados en esta causa de corrupción. El diplomático y el exparlamentario se concertaron a partir de 2009 para asesorar a empresas españolas en la búsqueda de oportunidades de negocio en el extranjero. A cambio, según los investigadores, cobraron comisiones de éxito.

Las diligencias practicadas por Anticorrupción también revelaron que ninguna de las firmas ligadas a los dos imputados tenía existencia real ni contaba con trabajadores en plantilla. Solo había una empleada que se encargaría de confeccionar las facturas que se giraron entre todo este entramado del que se recogen irregularidades en dos actividades comerciales. Por un lado, el contrato del tranvía de Ouargla que se adjudicó Elecnor en 2013 y, por otro, el proyecto de la estación desaladora de Soul Tleta. Por ambos se habrían pagado comisiones ilegales tanto a las firmas de Arístegui y De la Serna como a Tomé apoyados en contratos de asesoramiento que en realidad no se llegó a prestar. 

En el caso del proyecto de Souk Tleta -municipio ubicado al norte de Argelia-los acusados emplearon para obtener el contrato la estructura facilitada por uno de los imputados, Vicente Ferro, mediante la mercantil Emerald. Se trata de una firma que canalizó abonos de 3,3 millones de euros los cuáles, a su vez, fueron desviados en cuatro transferencias a las sociedades opacas de los exdirectivos de Elecnor. Durante el rastreo del dinero la Policía Judicial identificó también a la sociedad irlandesa Hamble Limited. El contrato firmado con la empresa de energías renovables estipulaba el pago de 500.000 euros a cambio de que mediara para que las autoridades argelinas recibieran los supuestos pagos por la adjudicación de las obras.
"Se han librado instrumentos de auxilio judicial internacional a Irlanda para la obtención de información que permita la identificación de los últimos beneficiarios de las cantidades indicadas hace más de un año. Pese a las continuas reiteraciones y el intenso diálogo mantenido con las autoridades irlandesas, no ha sido posible hasta la fecha", expuso De la Mata en su auto del pasado mes de noviembre. El magistrado dejó el asunto en 'standby' dentro de esa pieza separada que ahora retoma su sustituto, al menos hasta que Dublín responda a las solicitudes de la Audiencia Nacional. Con todo, la Policía Judicial también ha recurrido a otros países como Luxemburgo en relación con las mordidas que percibieron las autoridades argelinas a cambio de adjudicar estos proyectos.

La contraprestación se produjo en forma de pagos y pisos de lujo en Puerto Banús. Así lo acredita el auto de noviembre que precisa que uno de los implicados recibió en 2012 una vivienda de lujo en Málaga, valorada en más de medio millón de euros, que pagó Cristóbal Tomé Becerra. Lo mismo ocurrió con Zine Hachichi, un alto funcionario argelino traductor del presidente. Su sociedad china recibió por labores de mediación pagos de 100.000 euros desde las cuentas de España de Tomé. También encontraron facturas emitidas por dicha firma de hasta 21.000 euros por 3.000 pares de zapatos de hombre pese a que Anticorrupción dejó patente que no se identificó "ningún negocio, proyecto o empresa" de Tomé Becerra en relación con la industria textil.

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