Bruselas respalda la sentencia sobre el  Castor 

14 de febrero de 2021

El comisario europeo de Justicia, Reinders, considera que la sentencia del Tribunal Supremo que exige el pago de los 1.350 millones de euros de la indemnización del almacén de gas Castor al Banco Santander, CaixaBank y Bankia no es contraria a las normas del mercado interior europeo ni a la normativa sobre ayudas de Estado.

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Así se expresa Reinders en una respuesta por escrito a una pregunta de los eurodiputados de ERC Jordi Solé y Diana Riba sobre esta cuestión, en la que lamentan que "el Estado español y, en última instancia, sus contribuyentes han de pagar ahora las pérdidas de una inversión privada considerada perjudicial para el medio ambiente y para las personas que viven en las proximidades".

Según Reinders, las normas de protección de los consumidores de la UE no excluyen, en principio, la compensación de los inversores privados mediante fondos públicos. Además, sostiene que la compatibilidad del régimen español de promoción de la instalación de almacenamiento de gas Castor con la legislación nacional española, en especial la relativa a la protección de los consumidores por la que se transpone el Derecho de la Unión en la materia, es competencia de las autoridades nacionales y, en última instancia, de los órganos jurisdiccionales de España.

Por ello, concluye que la sentencia del Tribunal Supremo "no entra, en principio, en conflicto con las normas del mercado interior de la energía de la UE" y que "el pago de la compensación exigido por el Derecho nacional tampoco entra, en principio, en el ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales de la UE".
El pasado 29 de octubre, el Tribunal Supremo dictaminó que el Estado debía pagar 1 350 millones de euros a Banco Santander, CaixaBank y Bankia, los bancos que financiaron la compensación abonada a Escal UGS, sociedad participada por ACS, que fue la promotora de la instalación. Este almacén de gas, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), nunca entró plenamente en funcionamiento, ya que tuvo que ser cerrada en 2013 tras provocar cientos de terremotos en la zona.

Tras su cierre, las autoridades españolas dieron luz verde a un préstamo de 1.350 millones para compensar a Escal UGS, que debía ser reembolsado por los consumidores a través de sus facturas domésticas de gas durante treinta años. Los bancos demandaron al Gobierno cuando el Tribunal Constitucional anuló este mecanismo y el Estado dejó de hacer frente a la deuda.

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