La Fiscalía pide 83 años para Rato

23 de marzo de 2021

La Fiscalía Anticorrupción pide hasta 83 años de cárcel para Rodrigo Rato El ex vicepresidente está encausado por insolvencia punible, blanqueo de capitales, corrupción, falseded documental y elusión fiscal

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La Fiscalía Anticorrupción acusa al que fuera vicepresidente económico, Rodrigo Rato, de once delitos contra la Hacienda Pública, así como de blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental, y pide para él hasta 83 años de cárcel. En un escrito fechado este martes, Anticorrupción solicita penas de prisión de entre cuatro y seis años por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública, seis años por el delito de blanqueo, cuatro por el delito de insolvencia punible, otros cuatro por el delito de corrupción en los negocios, y, finalmente, tres por el delito de falsedad documental.
Asimismo, pide las correspondientes penas de multa y accesorias y la indemnización a la Administración tributaria por las cantidades defraudadas en cada uno de los ejercicios fiscales indicados.

Rato fue procesado este año por el titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid junto a otras 16 personas, físicas y jurídicas, por posibles delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y presunta elusión fiscal. Entre las conductas bajo sospecha se encuentran los contratos publicitarios de Bankia adjudicados a las agencias Zenith y Publicis durante el mandato de Rato al frente de la entidad, y que, según los investigadores, podría constituir un presunto delito de corrupción entre particulares.

En el comunicado conocido hoy, la Fiscalía asegura haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, así como 7,4 millones de euros defraudados a la Agencia Tributaria. A esta última cifra, señala Anticorrupción, habría que añadir la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades, con lo que las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones de euros.
Anticorrupción sostiene que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española a través de diversas sociedades, con las que habría realizado inversiones en "multitud de cuentas bancarias" abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros.

En junio de 2011 la sociedad Albisa Inversiones, controlada por Alberto Portuondo (considerado uno de los supuestos testaferros de Rato) y Kradonara 2001, epicentro de la actividad empresarial del exministro, firmaron un contrato de asesoramiento cuyo objetivo era prestar "unos supuestos servicios de consultoría" por una cantidad mensual mínima de 40.000 euros.

Según el juez, estas facturas "no se correspondían con una prestación real" de consultoría "sino que eran el conducto (...) para abonar a Rato su parte en las comisiones obtenidas por Portuondo de Zenith y Publicis" a raíz de los contratos de publicidad que firmaron con Bankia en aquella época. Para el magistrado, ha quedado "indiciariamente acreditado" que entre 2011 y 2012 Bankia contrató a Publicis y Zenith "a cambio de una comisión" superior a los dos millones de euros "que ambas mercantiles abonaron a Albisa" para obtener los contratos. De esta cantidad, Portuondo habría transferido 835.024 euros a Kradonara, controlada por Rato.

El ex vicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI obtivo recientemente la libertad condicional de su condena de cuatro años y medio por el caso de las tarjetas black. El juez le concedió el régumen a propuesta del Centro de Inserción Social del que dependía, tras valorar su edad, comportamiento y la "antigüedad" de los hechos por los que ingresó en prisión.

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