Correa se ofrece a pactar con la Fiscalía 

29 de marzo de 2021

Francisco Correa ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que traslada que está conforme con la acusación de la Fiscalía Anticorrupción en la parte de la trama Gürtel relativa a las actividades de Boadilla del Monte. 

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El empresario ofrece una pena de 13 años y medio de cárcel así como el decomiso 2,7 millones de euros en el marco de esta pieza que está pendiente de juicio. Se trata de una propuesta que se produce tras haber remitido una carta de su puño y letra a la Fiscalía en la que confiesa los amaños que se habrían llevado a cabo en esta localidad madrileña bajo la alcaldía de Arturo González Panero. 
La carta, adelantada por El País y a la que ha tenido acceso este diario, relata los supuestos amaños que se llevaron a cabo en Boadilla y la intermediación que se hicieron desde las empresas de Correa. Según explica, su relación con este consistorio se inició gracias al entonces edil de Majadahonda, Guillermo Ortega y se afianzó por sus relaciones con José Galeote (padre de Gerardo Galeote) y Tomás Martín Morales (exconsejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda). A todos ellos se suma también el exdiputado de la Asamblea de Madrid, Alfonso Bosch, de quien dice que le incorporó a la ecuación y consiguió que fuera nombrado gerente de la EMV.

"La relación con (Arturo) era muy complicada. No mantenía su palabra ni código ninguno. Prometía y garantizaba contratos a diestro y siniestro".
"Efectivamente todos ellos participaron en el reparto de dádivas pero he de decir en el caso de José Galeote fui yo quien sugirió a Arturo (alcalde) para que le tuviera en cuenta en algunas operaciones y, tal y como lo expone en el escrito de acusación, participó en el reparto de alguna adjudicación siempre bajo el consentimiento y control económico del alcalde", reza la carta manuscrita por el líder de la trama Gürtel. Cabe destacar que todos ellos forman parte del total de 27 acusados que se sentarán en el banquillo para ser juzgados por esta etapa concreta de la trama. Además, también tendrá que responder el PP y otras diez empresas más, como responsables civiles subsidiarios.

Así pues, relata Correa que Bosch participaba "exclusivamente" de las adjudicaciones en la Empresa Municipal de Vivienda siendo su jefe Martín Morales quien decidía "el nivel de participación" en el reparto de estas comisiones. Con todo, la peor parte se la lleva González Panero, también conocido como 'El Albondiguilla'. "En referencia al alcalde he de decir que su ambición era desmedida, desproporcionada, con una falta y carencia de moralidad inexplicable. La relación con él era muy complicada, no mantenía su palabra ni código ninguno, prometía y garantizaba contratos a diestro y siniestro; cambiaba adjudicaciones aún habiéndolas prometido a un empresario", relata Correa el cual precisa que las dádivas se materializaban en especie, viajes, ropa o regalos.

Correa, que ya ha sido condenado en otras piezas de la trama como época I, añade que era Isabel Jordán (exempleada de una de sus empresas) era la que mantenía comunicación directa entre las firmas de Correa y los empresarios y políticos. Se da la circunstancia de que tanto Jordán como González Panero y Guillermo Ortega declararon el pasado mes de julio en el marco del caso Púnica. Los tres se ofrecieron a testificar en contra de Aguirre aunque fue Ortega -condenado a 38 años de cárcel por la primera época de la red- el que la implicó de manera directa en la caja B del PP regional afirmando que fue testigo de cómo recibió un sobre con 60.000 euros de manos de Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, proveniente a su vez de un constructor.
La misiva de Correa se conoce en el marco de su intención de colaborar con la Justica. Tanto es así que remitió un escrito al juez de Vigilancia Penitenciaria en el que mostraba su "arrepentimiento" por los hechos ocurridos admitiendo que debió abstenerse de las prácticas acometidas. Con todo, recordó que ha dado luz verde a las autoridades suizas para que se repatríe un total de 24 millones de euros que tiene en Ginebra para cumplir con las responsabilidades civiles impuestas por el Tribunal Supremo en relación con la condena en firme de la primera época de la red. 

En lo que respecta al escrito remitido a la Audiencia Nacional y fechado a 28 de marzo, la defensa del empresario asegura compartir la acusación de Anticorrupción y propone una total de 13 años y medio de cárcel y 53 años y seis meses de inhabilitación por la pieza de Boadilla pendiente de enjuiciarse. Se trata de una rebaja sustancial de lo que pide Anticorrupción ya que solicita para él penas mayores por un total de 26 delitos, entre los que se encuentran cohecho, fraude a las Administraciones Públicas, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y prevaricación, entre otros. En este escrito, al que ha tenido acceso La Información, la defensa de Correa acepta además una multa de 1,9 millones de euros y el decomiso de 2,7 millones de euros que corresponderían con todas los "beneficios y comisiones percibidos". De todos ellos, 708.085 euros corresponden a los fondos repartidos en el año 2003 con González Panero, entre otros, y  157.256 euros por las dádivas repartidas con Galeote

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